(Actuall) Vuelve la censura a España, por primera vez en 40 años de democracia. O al menos eso es lo que pretende el partido fraguado en la Venezuela chavista.
Podemos ha presentado en el Congreso una proposición de ley que atenta directamente contra el artículo 20 de la Constitución -que consagra la libertad de expresión- al dejar en manos de funcionarios -y no del juez- la decisión de imponer sanciones e incluso de cerrar medios de comunicación por delitos de opinión.
Un simple meme, un chiste en twitter, una columna de opinión, puede estar bajo la lupa censora de un organismo de nombre orwelliano «Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales».
El artículo 94 de la propuesta de ley, redactada por Podemos en colaboración con grupos LGTB, establecen faltas administrativas que elevan el sentimiento de ofensa a la categoría de prueba, y dan a las administraciones, y no a los jueces, la potestad de castigar a quien haya dicho algo ofensivo para los gays.
El pretexto: La discriminación contra los LGTB
El pretexto ha sido la discriminación contra los LGTB. Cuando las infracciones por discriminación por orientación sexual ya están previstas en el Código Penal, de suerte que quien la sufra puede acudir a los tribunales y denunciarla. Es decir, los derechos de los LGTB ya están garantizados, sin que sea necesarias otras normas específicas.
La ley censora de Podemos no ha salido de la nada. El partido de Iglesias se ha inspirado en normas autonómicas análogas que ponían en jaque la libertad de expresión, con graves sanciones, como la impulsada por Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid.
La proposición de Podemos considera una infracción grave «difundir en Internet o en las redes cualquier tipo de expresiones, imágenes o contenidos que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias»
Y el texto contempla castigos que pueden llegar a los 45.000 euros así como el cierre del medio en el caso de que la Agencia Estatal contra la discriminación considerara ilícita una opinión.
El abogado especializado en delitos de internet Carlos Sánchez Almeida advierte del carácter liberticida e inconstitucional del proyecto. En declaraciones a El Confidencial afirma que «es una barbaridad poner en manos de la administración el poder de secuestrar publicaciones sin orden judicial», aunque presupone que «no se va a aprobar porque no pasará el filtro constitucional».
Y admite que la inciativa de Podemos es una respuesta a la campaña del autobús de HazteOir.org, (con el mensaje «Dejad a los niños en paz»). El periodista de El Confidencial se lo pregunta expresamente: si «cree que es una respuesta al autobús de HazteOír.org, Sánchez Almeida responde que sí».
El autobús de HO, que lleva dos meses recorriendo distintas ciudades españolas, parece estar, por lo tanto, en el punto de mira de Podemos. No se puede olvidar que recibió insultos y ataques de podemitas tanto en Sevilla como en Oviedo.
Los portavoces de la plataforma aseguran: «Pedimos que se deje a los niños ser niños sin interferir en su desarrollo, en su afectividad y en su sexualidad, puesto que merecen todo el respeto. Por eso nos oponemos a que se les adoctrine en las aulas».
Y subrayan: «Nosotros no estamos contra nadie. Solo pedimos que el respeto a todas las personas no implique la obligación de imponer a todos los centros educativos y alumnos un determinado modelo en el ámbito afectivo-sexual».
Por otro lado, la plataforma cívica ha editado #ElLibroProhibido, en el que explica cómo las leyes de once comunidades autónomas están obligando a promover un determinado modelo afectivo-sexual en todos los centros educativos y para alumnos de todas las edades.
