(ACI/InfoCatólica) La Arquidiócesis de Mérida (Venezuela), expresó su profundo pesar y firme repudio por los actos vandálicos cometidos por «un grupo de motorizados, encapuchados» contra el colegio católico La Salle y la residencia de los religiosos el miércoles 19, en medio de las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
El diario El Nacional informó que ese día miembros de los colectivos –como se conoce a los grupos afines al gobierno–, ingresaron violentamente al colegio, causaron destrozos «e hirieron a las personas que se encontraban en la manifestación convocada por la Mesa de la Unidad Democrática en la entidad y que habrían ingresado en las instalaciones para resguardarse».
El subdirector del colegio, Freddy García, dijo que los encapuchados destruyeron todo lo que encontraron en su camino e incluso se llevaron comida y equipos. «Lamentablemente no podíamos hacer nada, éramos hermanos los que estábamos adentro con algunos amigos que habían venido a visitarnos».
«No entendemos por qué se meten en una institución que es privada, que no hace mal a la colectividad, que cumple un papel fundamental en la educación, no entendemos qué está pasando en nuestro país, estos señores que tan violentamente y armados atacan a todos, que tristeza me da ver estas cosas, pero bendito sea Dios que estamos vivos y creo que nos podemos recuperar», expresó en declaraciones difundidas por Analítica.
Ante esto, la Arquidiócesis emitió un comunicado en el que junto a fieles y religiosos repudia estos «hechos vandálicos».
Inacción de las autoridades
El texto, firmado por el Cardenal Baltazar Porras, señaló que es «inexplicable» que con un «despliegue desproporcionado de efectivos policiales y militares, supuestamente para mantener el orden» en la ciudad, sea posible que «un grupo de motorizados, encapuchados, perfectamente entrenados» actuaran «a sus anchas, sin que ninguna autoridad haya siquiera intentado impedir semejante atropello».
El comunicado recordó que en todo país democrático el papel de las fuerzas de seguridad es resguardar a las personas que se manifiestan de manera legítima, así como proteger los bienes públicos y privados. Sin embargo, «pareciera que aquí sucede lo contrario».
«Quien no defiende los intereses de todos actúa moralmente mal y es reprobable; pero más aún, su actuación queda deslegitimada, pues no cumple con su primera obligación», expresó.
Indicó que «llama poderosamente la atención que las instalaciones educativas, en este caso del colegio La Salle, que sirve a la población de medianos recursos y de las clases populares, sean objeto de semejante tropelía. Lo mismo ha sucedido en tiempos recientes con las de la Universidad de los Andes, sin que hasta el momento se conozca de ningún responsable ni detenido».
«En cambio –advirtió–, son numerosos los estudiantes y personas del común detenidas y sometidas a situaciones reñidas con el respeto y consideración que merece cualquier persona. Es difícil, por tanto, no pensar en dos raseros distintos de medir y proceder».
La Arquidiócesis expresó su solidaridad al colegio La Salle y exigió a las autoridades cumplir con «su primer deber», que es «con el pueblo todo, y no con parcialidad alguna».
«Imputar sin más a quienes reclaman cívicamente derechos, y lavarse las manos ante quienes obran con impunidad y dañan la convivencia, los bienes y la calidad de vida de los merideños, es una complicidad intolerable», denunció.
La Arquidiócesis alentó a no dejarse «robar la serenidad, la tranquilidad de espíritu y la voluntad de lucha por los derechos humanos, responsabilidad ineludible de todos y cada uno de nosotros como personas, ciudadanos y creyentes».
«Que la oración confiada y el cuidado solidario de los más frágiles impidan que estas situaciones degeneren en enfrentamientos y rencores, por el contrario, promuevan la búsqueda incesante de la concertación y el bien común», culminó el texto firmado por el Cardenal Porras.
