(Agencias/InfoCatólica) La diputada Aída Arregui, que fue ministra de una comunidad eclesial protestante evangélica hasta diciembre del año pasado, ha asegurado que «el derecho a la igualdad no significa colocar a todas las personas en todos los supuestos de derecho para lograr ciertas consecuencias jurídicas, ni significa que todas las instituciones jurídicas deban amoldarse o destruirse en aras de la igualdad... La obligación del Estado es proteger y cuidar a la familia y al matrimonio en su base biológica, antropológica e históricamente valida, unión entre hombre y mujer, que permite la procreación de los hijos y así construir una nación».
Por ello solicitó que se incluyan seis puntos en favor de la familia en la próxima Constitución los cuales son: reconocer a la familia cómo base de la sociedad; que el varón y la mujer son iguales ante la ley; el matrimonio es la institución formada por una mujer y un hombre que se someten a los derechos y obligaciones marcadas por la ley.
Además de ver a la familia como una institución natural y fundamental de la sociedad concebida de un matrimonio para la ayuda mutua y la titularidad del derecho a la educación de sus hijos; todas la autoridades están obligadas a garantizar la protección de la familia natural; y que las leyes, presupuestos y programas y políticas publicas deben estar diseñadas con base en la perspectiva de la familia.
En relación al derecho a la vida, además de proponer el cambio en el texto consitucional para asegurarlo, Arregui ha lamentado que para el estado sea más fácil facilitar el aborto que acompañar y ayudar a las madres embarazadas con problemas. La diputada cristiana ha denunciado que desde su legalización en la Ciudad de México, las cifras de abortos se han disparado, de forma que incluso se han tenido que establecer medidas para impedir que acudan a abortar a México DF mujeres de otros estados mexicanos.
