(ZENIT/InfoCatólica) El proceso judicial que se ha celebrado en el Vaticano por robo y filtración a la prensa de documentos reservados de la Santa Sede, conocido como Vatileaks 2, ha concluido hoy tras 8 meses. El tribunal, después de casi cinco horas en Cámara de Consejo, en nombre del Santo Padre, ha determinado que monseñor Vallejo Balda debe cumplir 18 meses de reclusión y Francesca Chaouqui 10 meses, con suspensión de la aplicación de la pena durante 5 años. Es decir, si durante los próximos cinco años no comete ningún delito, no deberá cumplir la pena. Mientras que Nicola Maio ha sido absuelto por falta de pruebas y los periodistas absueltos por defecto de jurisdicción. Tanto Francesca como el sacerdote español han sido condenados a pagar las costas del proceso.
Eran dos los delitos juzgados, asociación para delinquir –monseñor Vallejo, Chaouqui y Maio– y divulgación de documentos reservados, para los cinco imputados. El tribunal ha considerado a todos absueltos de ‘asociación para delinquir’, mientras que monseñor Vallejo ha sido condenado por filtración de documentos y Francesca por colaboración en este delito.
Los imputados en este proceso eran cinco. El sacerdote español monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos y secretario de la extinta comisión Cosea, creada por el Santo Padre para estudiar la situación financiera de la Santa Sede. Francesca Chaouqui, laica italiana, relaciones públicas, miembro de dicha comisión. Nicola Maio, laico italiano, secretario personal de monseñor Vallejo. Y dos periodistas, Gianluigi Nuzzi autor de ‘Vía Crucis’ y Emiliano Fittipaldi, autor de ‘Avaricia’.
El proceso
Las detenciones de Francesca y monseñor Vallejo se dieron a conocer el pasado 2 de noviembre. Esa misma semana se publicaron los dos libros que contenían documentos reservados, relacionados con el trabajo realizado por la Cosea. Chaouqui fue puesta en libertad, embarazada de pocas semanas, pero monseñor Vallejo ha estado arrestado durante todo el proceso.
Tras ocho meses de audiencias, en las que se interrogó a los imputados y a varios testigos, entre ellos trabajadores de la prefectura y gendarmes del Vaticano, finalmente la fiscalía pidió para Francesca 3 años y 9 meses de reclusión; para monseñor Vallejo 3 años y 1 mes de reclusión; para Nicola Maio, un año y 9 meses, para Gianluigi Nuzzi un año de reclusión, con suspensión condicional de la pena. Mientras que para Emiliano Fittipaldi no pidieron pena por insuficiencia de pruebas.
Monseñor Vallejo es el único de los imputados que reconoció ante el juez su culpa: el sacerdote español aseguró haber pasado documentos y contraseñas a los periodistas, actuando bajo presión y por miedo a Francesca, a quien acusaba de haberle amenazado. Por su parte, Maio han negado con insistencia haber participado en la filtración a la prensa, ni pertenecer a ninguna «comisión en la sombra» de la Cosea. Francesca negó haber cometido esos delitos, así como negó también haber amenazado ni presionado a monseñor Vallejo para cometerlo. Fueron especialmente los trabajadores de la prefectura los que hablaron de esta «comisión en la sombra» que podría haber trabajado en paralelo a la Cosea, para obtener y divulgar los documentos. Una «asociación para delinquir» que finalmente no ha sido probada y por eso el tribunal hoy no lo ha considerado como delito cometido.
En el ángelus del 8 de noviembre, apenas unos días después de conocer la detención, el Santo Padre aseguró que el robo y publicación de documentos reservados sobre la reforma económica de la Santa Sede «no me distrae ciertamente del trabajo de reforma que estamos llevando adelante con mis colaboradores y con el apoyo de todos vosotros». Fue la primera ocasión en la que el Papa hizo referencia explícita al caso Vatileaks. Tras recitar la oración mariana, aseguró que sabía que «muchos de vosotros os habéis preocupado por las noticias que han circulado en los días pasados a propósito de documentos reservados de la Santa Sede que han sido robados y publicados».
Por esto –subrayó– quisiera deciros sobre todo que robar estos documentos es un delito. «Es un acto deplorable que no ayuda», indicó el Santo Padre. De este modo explicó que él mismo «había pedido hacer ese estudio, y esos documentos, mis colaboradores y yo ya los conocíamos bien». El Pontífice subrayó que «sí», esta reforma económica se está realizando también con el «apoyo de toda la Iglesia, porque la Iglesia se renueva con la oración y con la santidad cotidiana de cada bautizado». Por ello, el Santo Padre concluyó estas palabras dando las gracias y pidiendo rezar por «el Papa y por la Iglesia, sin dejarse molestar sino yendo adelante con confianza y esperanza».
