(20Minutos/InfoCatólica) Abogados Cristianos llevó a cabo una campaña de recogida de firmas en Change.org para exigir la revocación de la declaración de utilidad pública por parte del Estado y acusan a la FPFE de haber ha hecho «publicidad ilegal de fármacos» y pese a ello, haber recibido subvenciones públicas.
Por su parte, FPFE, una ONG aconfesional pro-abortista, sostiene que viene «sufriendo el acoso» de Abogados Cristianos, entidad a la que tilda de «ultraconservadora» y que está «realizando una campaña en sintonía con organizaciones similares en Europa y Estados Unidos» contra todas las entidades que defienden la anticoncepción y el aborto.
«Las asociaciones declaradas de utilidad pública tendrán los siguientes derechos: Usar la mención "Declarada de Utilidad Pública" en toda clase de documentos, a continuación de su denominación. Disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las mismas, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente. Disfrutar de beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas. Asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación específica».
Fuentes de la Federación de Planificación Familiar Estatal explicaron a 20minutos que la organización lleva en activo desde 1987, pero ha sido este año cuando habían solicitado su declaración de «utilidad pública». Entre sus razones, «por estimar que atendemos a población no cubierta por el sistema nacional de salud, prioritariamente población joven e inmigrante».
