(Asia News) Intimidación, palizas, torturas, secuestros y asesinatos llevados a cabo contra las minorías étnicas, los oponentes políticos y los cristianos. Son algunos de los crímenes que se producen en la provincia de Papúa Occidental y denunciado en el documento elaborado por la Comisión de Justicia y Paz de Brisbane (Australia), cuyos miembros han visitado la región el mes pasado. El informe todavía no es público, pero el portal The Catholic Leader ha publicado amplios pasajes. En él se enumeran las ilegalidades cometidas por militantes musulmanes y el ejército en la provincia, en un pasado de mayoría cristiana.
Genocidio a cámara lenta
El estudio define como «un genocidio a cámara lenta» lo que los indonesios están haciendo, «queriendo sustituir a los cristianos con el islam». Además, la Comisión denunció los métodos por los cuales el gobierno ha expropiado a los papúes varias hectáreas de tierra, que luego se venden a 50 multinacionales.
La autora del informe es la monja josefina Susan Connelly. Ella ha visitado Papúa Occidental con Peter Arndt, el vicepresidente de la Comisión de Justicia y Paz de Brisbane. Los dos se han entrevistado con cerca de 250 líderes de la comunidad para Japapura, Merauke, Timika y Sorong. «La situación –dice Sor Connelly– es similar a la de Timor Oriental hace 20 años: el mismo sistema de seguridad opresor, las mismas sospechas, la misma frustración de la población».
«Las autoridades –continúa la religiosa– quieren acallar cualquier intento de promover la discusión sobre la autodeterminación del pueblo, y aplicar una respuesta militar para contrarrestar el deseo de libertad de la mayoría de los habitantes de Papua». Según Arndt aquellos que violan los derechos de la población son miembros del ejército de Indonesia, de las fuerzas especiales Kopassus, los departamentos de policía, el Destacamento 88 (escuadrones de la lucha contra el terrorismo) y de inteligencia nacional Bin: «Incluso las manifestaciones por cuestiones sociales, como acceso a la educación son rotas por las autoridades».
Papúa fue la única provincia en permanecer bajo el control de Holanda, después que Indonesia obtuvo la independencia en 1945. En 1969, en un referéndum, las población optó por la anexión a Indonesia, pero muchos siguen convencidos de que todo fue orquestado por Yakarta. Todavía hay movimientos separatistas que no reconocen el resultado del referéndum y que exigen la independencia.
En los años 70, los papúes contaban el 96% de la población de la provincia. Ahora son sólo el 48%, debido a que el Papúa Occidental ha sido objeto de una fuerte migración de los indonesios de otras islas, para aislar aún más la franja de papúes separatistas. De acuerdo con el informe, ha habido un movimiento real «de la Indonesia musulmana para reemplazar los papúes en todos los sectores. Las mezquitas se construyeron en todas partes. Se quemaron las casas de los habitantes de Papua. Ellos trabajan como cortadores de madera ilegales y están protegidos por el ejército, que ha llevado a cabo numerosos asesinatos».
En concreto, la Comisión de Justicia y Paz enumera una serie de crímenes cometidos por las autoridades en 2015. Se trata de un joven empresario, envenenado, ya que estaba financiando un grupo político independiente; una mujer activista arrestada por dirigir un servicio de oración en una conferencia internacional en Londres; un trabajador agrícola torturado por el ejército por haberse quejado de la falta de salario; un chico de 18 años muerto porque era hijo de un líder religioso local.
