(ABC/InfoCatólica) A diferencia de la ley estatal aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el Gobierno andaluz excluye de la futura ley regional de Transparencia todo lo relacionado con los altos cargos, alegando que debe recogerse en otra norma.
La propuesta de IU fue, a juicio del popular Rafael Salas, «oportunista», porque ya estaba recogida en el documento. Entre los sujetos obligados a cumplir con la ley, además de a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, están otras instituciones que reciban fondos públicos como «iglesias, comunidades y otras entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas». La enmienda contó con la abstención del PP-A, que también se abstuvo en la votación del dictamen final.
El portavoz popular Rafael Salas hizo un llamamiento para mantener contactos de aquí al Pleno para «hablar del buen gobierno», tras criticar que PSOE-A e IU hayan rechazado las 92 enmiendas presentadas por su grupo. Tanto José Antonio Castro (IULV-CA) como Verónica Pérez (PSOE-A) justificaron el rechazo a las enmiendas populares en que, en su mayoría, hacen referencia al buen gobierno, una materia sobre la que el Gobierno andaluz, según subrayaron, empezará a trabajar en «breve» para hacer una ley con «entidad suficiente» sobre este aspecto.
