(Generacción/InfoCatólica) Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo metropolitano de Trujillo, acompañado de los obispos Guillermo Inca Pereda, secretario general de la CEP, y el abogado Gonzalo Flores Santana, asesor legal de la misma, entre otros prelados, se encargaron de sustentar la opinión de la iglesia peruana, en sesión celebrada el martes 20 por la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el congresista Omar Chehade Moya (NGP).
Los ponentes rechazaron que la Iglesia Católica estuviese gozando de un trato preferencial por parte del Estado peruano, y gozando de beneficios tributarios, a raíz de la suscripción de un acuerdo con la Santa Sede.
El obispo Cabrejos refirió que las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado no se refieren a temas confesionales. Por el contrario, tiene su sustento en el derecho internacional, teniendo en cuenta la especial condición jurídica de la Iglesia como sujeto de derecho internacional, condición de la cual carecen otras confesiones.
Estas relaciones se constriñen estrictamente a términos de cooperación mutua en temas de común interés, en los campos de la educación, la salud y la moral, dijo el religioso.
Agregó que esas relaciones Estado-Iglesia no implica en ningún caso la libertad religiosa de nadie, que está garantizada por la Constitución Política, ni es un tema de discriminación o parcialidad. «Tiene que ver con la particular naturaleza jurídica de la Iglesia Católica, que no se encuentra en las organizaciones de las otras confesiones religiosas», argumentó.
El prelado recordó que con la Constitución de 1979, el Estado peruano se convirtió en un Estado laico, no confesional, que respeta la igualdad en confesiones religiosas.
Reconoció, sin embargo, que el concordato suscrito por el Estado con el Vaticano tiene una condición especial, teniendo en cuenta la contribución del catolicismo en la consolidación de la nación peruana, al ceder sus propiedades y recursos económicos, así como la donación de sus bienes que hizo para fortalecer al Estado durante la Guerra del Pacífico (1879). «Esa deuda es impagable», dijo el prelado.
Destacó también la colaboración de la Iglesia en la formación de la sociedad peruana a través de sus colegios, postas médicas, orfelinatos, asilos de ancianos y las numerosas obras sociales a su cargo.
Los proyectos de ley, presentados por congresistas de NGP, FP y APGC, proponen, entre otros temas, que se reduzca a cinco años el tiempo de actividad de una organización religiosa y a mil el número mínimo de fieles (actualmente es de diez mil) y registre a todas las alianzas y uniones entre grupos religiosas, además de reconocer a las organizaciones misioneras.
También proponen que todas las organizaciones religiosas pueden celebrar4 convenios de cooperación y colaboración con el Estado, a fin de acogerse al régimen de subvenciones estatales; obtener exoneraciones y beneficios tributarios, recibir asistencia en entidades públicas y participar en la educación pública, beneficios de los que supuestamente estaría gozando la iglesia católica.
