(Notimérica/InfoCatólica) Jiménez no solo es el primer obispo luterano de Costa Rica, sino que además fue asesor y pieza importante en la campaña electoral que llevó a Solís a la Presidencia del país el pasado 6 de abril. El clérigo protestante ejercerá su nuevo cargo como ministro sin perder su título eclesiástico, pero sí pedirá un permiso especial a su comunión eclesial para no ejercer durante la actual administración.
Solís ha argumentado que su decisión va más allá de su afinidad con Jiménez, de quien dice posee «aptitudes» para interactuar con los sectores económicos y sociales del país centroamericano, más allá de la influencia que pueda tener entre la comunidad religiosa.
El nombramiento de Jiménez como ministro no solo ha levantado la polémica por su posible incompatibilidad con la Constitución, sino también por la supuesta «discriminación» que para los católicos supone una decisión como ésta.
La Iglesia Católica no se pronunciará
Aunque esta decisión ha sido muy comentada en algunos círculos del catolicismo costarricense, la reacción de la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica será cuatelosa, según el vicario de Comunicación de la Diócesis de la provincia de Alajuela, Sixto Varela, pues «no se pronunciará».
La opinión de los católicos es compartida por algunos expertos y abogados constitucionales costarricenses que también tildan de «discriminatoria» la medida, al tiempo que consideran errónea la interpretación de Solís, pues la Constitución busca «evitar la injerencia excesiva del clérigo en asuntos políticos».
Por otro lado, y en consonancia con la decisión del entrante presidente del país, algunas facciones de la oposición consideran que la «norma constitucional es un límite que se aplica exclusivamente al clero católico». Así lo ha expresado el futuro diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Rolando González.
González, quien se desempeñó como jefe de campaña del candidato a la Presidencia por el PLN, Johnny Araya, explicó que ese artículo de la Constitución se escribió en 1949 basándose en la anterior, de 1871, cuando el debate era entre los liberales y los conservadores afines a los católicos, por lo cual esta norma alude a ellos, tal y como ha publicado el periódico costarricense 'La Nación'.
