(Vanguardia/InfoCatólica) En las últimas semanas de noviembre, y con ocasión de su creación como Cardenal en el último Consistorio, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana realizó diversas declaraciones a medios de comunicación. Sus respuestas, que suscitaron polémica, fueron clarificadas por él mismo, en un comunicado en el que aclaraba su posición frente a temas como el aborto y la eutanasia. Monseñor Rubén Salazar reiteró que «el aborto es un crimen abominable» y que su «despenalización no es aceptable en ningún caso» y afirmó su «rechazo a cualquier ley del Estado que pretenda legalizar» la eutanasia
El Cardenal ha declarado ahora que los homosexuales «en ningún momento son personas menos dignas de respeto, ni tampoco hay que excluirlas de la vida social». Sin embargo, aclaró que no se puede poner la unión homosexual en la misma línea de importancia social que tiene el matrimonio heterosexual al que calificó como «el único matrimonio».
«No nos parece conveniente que se equipare el matrimonio entre el varón y la mujer, que es la célula fundamental de la familia, con la unión entre homosexuales, que no es en ningún sentido de la misma naturaleza, no encontramos que haya ninguna razón que justifique que se hable de matrimonio homosexual», afirmó el alto prelado.
Magisterio Católico
En el documento «Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales», promulgado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en junio del 2003, la Iglesia rechaza no solo el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino cualquier tipo de reconocimiento legal de las uniones homosexuales. En dicho texto, el magisterio católico enseña que:
Ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, o la equiparación legal de éstas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva.
y
Dado que las parejas matrimoniales cumplen el papel de garantizar el orden de la procreación y son por lo tanto de eminente interés público, el derecho civil les confiere un reconocimiento institucional. Las uniones homosexuales, por el contrario, no exigen una específica atención por parte del ordenamiento jurídico, porque no cumplen dicho papel para el bien común.
y
En el caso de que en una Asamblea legislativa se proponga por primera vez un proyecto de ley a favor de la legalización de las uniones homosexuales, el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad es un acto gravemente inmoral.
El texto, firmado por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, concluye con un párrafo en el que ratifica la oposición de la Iglesia a cualquier tipo de reconocimiento legal de las uniones homosexuales:
La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.
