(Fides) Así lo asegura a la Agencia Fides John Dayal, seglar católico, intelectual y escritor, responsable de la «All India Catholic Union» y colaborador de la Comisión «Justicia y Paz» de los Obispos de la India. El gobierno, señala Dayal, «parece querer ahogar las voces críticas de la sociedad civil, que se alzan sobre cuestiones tales como la tortura, la libertad religiosa, la pena de muerte, las ejercitaciones militares en el noreste del país».
El arma más utilizada por el gobierno es la «amenaza de cancelar la licencia que permite a las ONG, en particular a los grupos religiosos de todos los credos, el llevar a cabo sus proyectos, gracias a la ayuda financiera del extranjero».
Los principales destinatarios de las donaciones y proyectos de desarrollo gestionados por iglesias, grupos católicos y protestantes, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, son en gran medida las comunidades pobres y marginadas, los tribales y dalits. Las Ong dependen de fondos extranjeros para llevar a cabo sus actividades humanitarias y de cooperación, en su mayor parte en las áreas de educación y salud. Ahora, informa Dayal, el gobierno de la Unión ha dado ordenanzas que «prácticamente impiden la financiación de determinados organismos de Europa y de los EE.UU».
A los grupos indios se les ha dicho que deben obtener una autorización previa del Ministerio del Interior, lo que complica y ralentiza considerablemente los procedimientos. Entre las instituciones «bloqueadas» está «Cordaid», organización católica holandesa, culpable de haber dado fondos a algunas Ong indias que piden la derogación de la «Ley de poderes especiales de las fuerzas armadas» responsables de violaciones de derechos humanos en Cachemira y en el noreste de la India. «Cordaid» también ha financiado la campaña anti-corrupción dirigida por al activista social Anna Hazare. Esta disposición ha creado pánico entre las Ong que corren el peligro de fracasar: entre ellas, las Ong que trabajan para la rehabilitación de las víctimas y de los refugiados, después de la violencia anti-cristiana en Orissa.
El gobierno indio justifica tales actos en nombre de la transparencia y de la «seguridad nacional». Pero, según los expertos «no hay verdaderos temores sobre la criminalidad o la infiltración terrorista». La medida, comenta Dayal a Fides, es una forma de presión sobre las organizaciones de la sociedad civil y por otro lado, «una concesión a la derecha hindú que acusa a Occidente de financiar las conversiones al cristianismo».
Entre los más de dos millones de Ong presentes en la India, aquellas registradas a nivel federal son 38.436. De las cuales, 21.508 reciben ayudas del extranjero.
