(El Observador) En un encuentro sobre objeción de conciencia realizado en Costa Rica, los especialistas discutieron la posibilidad de que el derecho de la mujer a acceder a un servicio de salud choque con el derecho de los ginecólogos a abstenerse de realizar un acto con el que no están de acuerdo.
«Si hay conflicto: ¿cuál derecho debe prevalecer, según los principios éticos del sistema democrático? Quien sea objetor de conciencia puede ejercer su derecho si y solo si la demanda de salud sexual o de salud reproductiva puede ser cumplida eficaz y eficientemente a través del servicio de otro/a operador/a sanitario/a», concluyeron los participantes, de acuerdo al documento final al que tuvo acceso El Observador.
De modo que, cuando un objetor de conciencia esté de guardia en una institución y reciba a una mujer habilitada legalmente para matar a su hijo no nacido, el especialista deberá asegurarse que la usuaria efectivamente reciba el servicio, ya sea con algún colega o derivándola a otra institución. «Si no se logra, no cabe la objeción ya que prima el derecho del paciente, y un abogado podría interpretar que hubo omisión de asistencia», afirmó el ginecólogo Francisco Cóppola, integrante del Comité de Salud Sexual y Reproductiva de Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog) y expresidente de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay (SGU).
De acuerdo con el documento, en situaciones en las que no se pueda derivar a la paciente, el objetor debe ceder a sus convicciones «en cumplimiento de la obligación última del prestador, de proteger la vida o la salud de la mujer». «Es su responsabilidad», agregó Cóppola.
Objetores no deben ser jefes
La Flasog también concluyó en 2011 que «los médicos objetores de conciencia no deben estar al frente de servicios y deben, previamente a la situación, dejar saber a la institución su condición de objetores». Cóppola, quien participó del encuentro, aclaró que las recomendaciones de la organización no son vinculantes. «No está prohibido, pero no es recomendable», señaló.
El subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, dijo a El Observador que el Ministerio de Salud Pública «no tiene una opinión formada al respecto». «No quiero decir que no haya que atender la recomendación de la Flasog», aclaró.
«La objeción de conciencia es un derecho que debe ser muy bien utilizado y cuidadosamente fundamentado. No es un pronunciamiento que se pueda hacer a la ligera». Y, de alguna manera en contra de la objeción de conciencia, hay un valor que es el compromiso de conciencia de los profesionales de la salud para con sus usuarias en cualquiera de las situaciones que ellas puedan vivir, inclusive la de un embarazo no deseado», agregó Briozzo.
Cóppola rechazó que la determinación favorezca la discriminación de los ginecólogos que no quieran realizar abortos. Según el especialista, los objetores «no deberían ser jefes porque tienen el compromiso de asegurar todos los servicios que la ley manda». Antes que la ley de despenalización del aborto se aprobara, varios ginecólogos adelantaron que se acogerían a la objeción de conciencia prevista en la norma.
A nivel institucional, el Círculo Católico manifestó que allí no se realizarán abortos y pidió configurar la «objeción de conciencia institucional». El Hospital Evangélico recorre un camino similar.
