(EP) La directora general de PLAN en España, Concha López, declaró que se deben producir cambios dentro de las propias comunidades para acabar con esta práctica. López explicó que la ONG trabaja con médicos locales para que estos expliquen las consecuencias de la mutilación genital, así como en diversas acciones para mejorar la educación de las mujeres a través de distintos grupos en los que habrían participado 1.000 mujeres. La organización pretende que las comunidades rurales se opongan a la ablación y a los matrimonios forzosos de niñas.
En 2008, el Gobierno egipcio aprobó una ley que sancionaba dicha práctica con dos años de prisión y 600 euros de multa, pero en algunas zonas la aplicación de la norma es nula. “Una vez que las mujeres tienen toda la información son ellas mismas las que deciden detener la tradición e impedir que sus hijas pasen por lo mismo que ellas han pasado”, aseguró.
Naciones Unidas reconoció en 1990 este problema como una violación de los Derechos Humanos. La ablación está relacionada con problemas durante la menstruación, el parto, hemorragias, infecciones del aparato urinario y graves trastornos psicológicos de por vida. En África, unas dos millones de niñas están mutiladas.
