(PpE) “Las leyes autonómicas de Aragón y Andalucía”, recuerda Santiago Díez, portavoz de Profesionales por la Ética, “introducen prácticas eutanásicas evidentes, como la obligación (para el personal sanitario) de suspender tratamientos básicos de soporte vital (como la hidratación y la alimentación) o de ejecutar la voluntad del paciente (incluyendo acciones que pongan fin a la vida de paciente, como la sedación desproporcionada)”.
Díez recuerda igualmente que la proposición de ley de “muerte digna” presentada por el PSOE el pasado mes de septiembre contraviene la norma del Consejo de Europa y no puede tener cabida en el ordenamiento jurídico español.
“Aunque esta Resolución no es inmediatamente obligatoria para los Estados miembros, puede tener una influencia determinante en los procesos legislativos y judiciales porque se recomienda al Comité de Ministros del Consejo de Europa someta la Resolución a la atención de los Estados miembros, con una solicitud de ejecución” aclara el portavoz de Profesionales por la Ética.
“Además”, concluye Díez, “el Consejo de Europa responde a los abusos a que han dado lugar los llamados testamentos vitales, convertidos en muchos casos en una puerta trasera para la introducción de la eutanasia o el suicidio asistido. No olvidemos que ayuntamientos como el de Rivas Vaciamadrid tienen asesorías que proporcionan a los ciudadanos modelos de testamento vital en los que se solicita la eutanasia. También denunciaremos estas prácticas alegando lo afirmado por la Resolución europea”.
La Resolución del Consejo de Europa fue aprobada por 34 votos a favor, 16 en contra y 6 abstenciones; se ha aprobado un año después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmase que la Convención Europea no ampara un “derecho” a la eutanasia o al suicidio asistido.
