(El Observador) Los espacios públicos, afirman, “deben estar libres de cualquier monopolización e interferencia arbitraria o intereses particulares”. En virtud de ello, plantean como negativas las “influencias” ejercidas por filósofos y miembros de las comunidades religiosas acerca de las políticas de salud sexual y reproductiva.
El comunicado es especialmente duro con las organizaciones religiosas, las cuales “impactan directamente en el espacio privado de la mujer, sometiéndola a una visión única, intransigente y retrógrada”.
Para esta agrupación, “el espacio privado de la conciencia individual debe permanecer en libertad y el colectivo debe proporcionar las facilidades para desarrollar las actividades cualquiera sea la opción que la mujer elija libremente”.
Destacan también la importancia de una “educación sexual laica, es decir, libre de dogma” en todos los programas educativos, tanto de las instituciones públicas como de las privadas. Sostienen además que la educación sexual no debería quedar “a criterio de cada docente, institución o de una determinada fe religiosa”. Por el contrario, ellos creen que debería existir en el país una normativa que la regule.
Esto responde, según la agrupación, a la “obligatoriedad de proceder legislativa y jurídicamente en forma laica como lo expresa nuestra constitución”.