(Intereconomía) Mariano Casado, presidente de la Comisión Deontológica de la profesión médica en Badajoz, informa de que los médicos objetores proceden de los nueve hospitales públicos que hay en Extremadura. La avalancha de solicitudes que han recibido ha obligado a la administración a replantear las prácticas abortivas dentro de la comunidad.
“Cuando la Administración no puede dar esa cobertura porque no hay profesionales que quieran practicar abortos, se ven obligados a derivarlos a instituciones privadas”, señala Casado. La Ley del Aborto –que puso en marcha la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el 5 de julio de 2010– obliga a la sanidad pública a financiar la totalidad de la intervención, aunque esta se practique en una clínica privada. En Extremadura hay siete clínicas abortistas de gestión privada.
No sólo han sido los médicos que están directamente relacionados con el embarazo los que han mostrado su rechazo a practicar más abortos en Extremadura. Casado informa de que también hay un número importante de profesionales de la Atención Primaria y Familiar –cuya misión es informar a la paciente de su estado, hacer la ecografía y determinar la edad gestacional– que también han mostrado su intención de objetar.
“Muchos creen que con sólo informar del tiempo de gestación a una mujer con intención de terminar con su embarazo ya están participando en el proceso abortivo”, apunta Casado, que también es miembro de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial (OMC).
Red Madre lleva tiempo alertando del incremento de abortos practicados en Extremadura y de “la desprotección de la salud de las embarazadas”. Según el último informe de 2010 del Ministerio de Sanidad, en Extremadura hay 6,13 abortos por cada mil mujeres.
