(La Razón) Por su parte, desde IU, los ideólogos de la moción, la vicealcaldesa de Fuenlabrada y concejala de Sostenibilidad, Teresa Fernández, afirmó que “el Estado está dando un trato de privilegio a las instituciones de la Iglesia católica frente a otras y vulnerando así el principio de libre competencia entre particulares y empresas privadas”.
Según el Ejecutivo local, la exención supone “un privilegio para el clero y un detrimento para las arcas municipales”, ya que, según los datos extraídos del consistorio, al año se dejan de ingresar alrededor de 50.000 euros en la localidad por este motivo, cantidad que “podría destinarse a ayudas sociales en estos tiempos de crisis que estamos atravesando”.
El Gobierno municipal argumentó a través de un comunicado que la Iglesia recibe un trato de privilegio en un Estado aconfesional al no hacer frente a sus obligaciones tributarias, considerando que no es justo que los vecinos no creyentes tengan que financiarla por el acuerdo firmado en 1979 por el Gobierno de la Nación y la Santa Sede. Además,
Teresa Fernández recordó que tanto la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las parroquias como las órdenes gozan de la exención en el IBI por una orden ministerial fechada el 5 de junio de 2001.
