A lo largo de la vida, uno se lleva muchas sorpresas, incluso en terrenos que uno cree que domina, como me ha sucedido estos días con el tema del aborto, donde me he encontrado con sorpresas, tanto en el campo nacional, como en el europeo.
Aunque la Iglesia Católica ha condenado siempre el aborto y así el Concilio Vaticano II lo considera una práctica infamante (GS nº 27) y un crimen horrible (GS nº 51), condena repetida tanto por el Magisterio Papal como por nuestra Conferencia Episcopal en muy variadas y diversas ocasiones, condena que no es exclusiva de la Iglesia, puesto que está ya en el juramento hipocrático, que data del siglo Vº antes de Cristo, y es que el sentido común nos dice que el derecho a la vida es el derecho humano fundamental, hasta el punto que todos los demás derechos se apoyan en él. La finalidad natural, primaria y principal de la medicina y del progreso científico-técnico es la defensa y la protección de la vida, no su eliminación.
En España primero se despenalizó el aborto por la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985, en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada (supuesto terapéutico, que fue el coladero, aunque tengo entendido que desde bastante tiempo antes nadie iba a la cárcel por ello), violación (supuesto criminológico) y malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto (supuesto eugenésico). El aborto se convirtió en derecho por la Ley Orgánica 2/2010, cuyo artículo 3 apartado 2 dice: «Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida». En España se cometen al año unos cien mil abortos, aunque no creo se incluya en esta cifra los de la píldora del día después.
Pero como la realidad supera la ficción, lo que nunca me hubiese podido imaginar es que intentar salvar vidas, informando a la madre de posibles ayudas, y sin emplear la coacción, fuese un delito. Increíble, pero cierto. Y es que el PSOE propone con una nueva Ley Orgánica penas de cárcel para los grupos provida que «obstaculicen el derecho al aborto», modificando para ello el Código Penal para penalizar con tres meses a un año de prisión a los voluntarios que ofrezcan información a las mujeres frente a las clínicas abortistas. La propuesta del PSOE es la respuesta a la reivindicación de la patronal de centros de abortos desde hace tiempo. Es decir, el PSOE se convierte en el ariete político de los intereses empresariales de la industria de la muerte.
Para mí el problema es: ¿emplean los grupos provida métodos delictivos para salirse con la suya? Y si es así, ¿dónde están las condenas a estas personas que emplean estos métodos, que sería de suponer, llevan tiempo empleándolos? O, ¿no será más bien que lo que pretenden es informar a las mujeres de otras alternativas que éstas tienen derecho a conocer? Me consta que un método muy empleado por los grupos Provida es el rezar delante de estos centros abortivos. Según la película «Unplanned», Planned Parenthood, el mayor grupo abortista del mundo, intentó guardar en secreto la eficacia de estas oraciones, que reduce en dos tercios el número de mujeres que se presentan para abortar.
En Madrid los Provida emplean la Ambulancia Vida del que la plataforma Derecho a Vivir explica en qué consiste, empleando para ello las palabras de una abortista en La Sexta: «Aparece un vehículo ecográfico, les invitan a subir, les ponen la ecografía, les ponen el latido, les ponen la imagen y además, les invitan a desayunar». Sinceramente, no logro entender dónde está la coacción.
Pedro Trevijano, sacerdote
