El vínculo matrimonial y la propia familia necesitan ser reconocidos y protegidos por la sociedad, puesto que la familia es la base de la vida social, incluso su componente esencial, pues, sin duda, ella es el mejor lugar para nacer, crecer y formarse, siendo por ello, pese a todos los ataques que recibe, la institución más valorada. La familia es una institución intermedia entre el individuo y la sociedad, y nada la puede sustituir totalmente. Dada su importancia social, el matrimonio necesita el apoyo de la comunidad social y por ello la alianza conyugal debe celebrarse en público, ante la comunidad, aparte de que a nadie le agrada casarse a escondidas, a no ser que tenga para ello razones especiales, que rara vez serán gratas. El derecho a casarse y a fundar una familia es uno de los derechos humanos fundamentales, que posee toda persona que ha llegado a la edad núbil, salvo que sea incapaz por presentar formas serias y profundas de anormalidad o perturbación.
Este derecho está recogido en muchas Constituciones de los Estados de todo el mundo. Y es que el matrimonio es para la generalidad de los seres humanos, por lo que sólo puede prohibirse o declararse nulo cuando existe la certeza moral de incapacidad en el momento de su celebración, incapacidad que ha de interpretarse estrictamente en cuanto es una excepción a un derecho natural. Por razones de justicia, orden y seguridad, bien común y el mismo interés de las personas, el Derecho estructura y regula a la familia constituida en matrimonio enmarcándola en un cuadro perfectamente delimitado en lo que concierne a sus derechos y obligaciones básicas, como son el vivir juntos, el guardarse fidelidad y el socorrerse mutuamente.
“Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública; se impone a ella” (Catecismo de la Iglesia Católica nº 2202). El matrimonio y la familia son ciertamente el fundamento básico de la sociedad, su célula primordial, el núcleo fundamental de la convivencia humana, el lugar privilegiado de aprendizaje de los valores morales, espirituales y religiosos, lo que permite crear el espacio adecuado donde el amor, la educación y el desarrollo integral de la persona pueden realizarse de la mejor manera posible. La familia se basa en la unión conyugal y en el amor procreador y estable del matrimonio, ya que constituye la mejor estructura de acogida para los niños, pues tiene una vocación de permanencia que es la que da a los hijos esa convivencia duradera que necesitan, siendo esto lo que le confiere dimensión social y, por tanto, institucional y jurídica en la sociedad.
Detrás del consentimiento matrimonial hay algo mucho más profundo que un formalismo burocrático, porque es un hecho con grandes repercusiones sociales, por lo que conviene que el amor conyugal fiel y fecundo se apoye en un vínculo jurídico, que regule la relación entre los sexos, especialmente en lo que concierne a la familia y a la descendencia, a fin de proteger a los hijos y su educación, siendo la legalización del matrimonio una constante histórica en las diversas épocas, culturas e ideologías. Es, en efecto, sumamente conveniente que las leyes reconozcan y protejan la estabilidad matrimonial y familiar, porque es algo que afecta al bien común y corresponde al derecho ayudar a la cohesión de la célula familiar, para que la familia encuentre ayuda y apoyo en todos los niveles con disposiciones de tipo económico, político y social que la promuevan de veras, ya que las buenas leyes no van contra el amor, sino que lo ayudan y protegen.
Para vivir su propia vida, la pareja necesita protección, aunque sólo sea porque la familia estable es la mejor garantía de orden social y educación cívica, así como sirve de prevención contra la delincuencia y el caos. Una de las amenazas más graves que hoy pesan sobre la familia, es la pretensión de desvincularla del matrimonio. Aunque pocas instituciones están recibiendo tantos ataques como la familia, está tan íntimamente unida a nuestro ser y a nuestra naturaleza, que podemos estar seguros de su perennidad y pervivencia, si bien los múltiples derechos y deberes sociales que tiene el matrimonio, (situación jurídica de los hijos, problemas de manutención y bienes, preservación del patrimonio, cuestiones jurídicas sobre la herencia etc.), necesitan ser regulados jurídicamente para evitar inseguridades.
