El cardenal Rouco ha decidido que la Iglesia en España no va a dar legitimidad alguna a los trabajos de la Comisión de expertos elegidos por el gobierno para estudiar el futuro del Valle de los Caídos. Aunque en un principio se había optado por nombrar a dos personas que representaran a la Iglesia en dicha comisión, el gobierno sólo aceptó uno de los nombres propuestos por la Iglesia, Mons. Fernando Sebastián, y además quiso imponer a un religioso afín a la ideología gubernamental. El presidente de la Conferencia Episcopal, junto con Mons. Sebastián, se negó a formar parte de semejante apaño.
El gobierno puede engañarse a sí mismo y a los ciudadanos pretendiendo que la Comisión creada tiene algún tipo de legitimidad. Sin embargo, si el futuro del Valle se va a decidir sin contar con la opinión de la Iglesia, al no haber aceptado ésta las imposiciones gubernamentales injustas y arbitrarias, es claro que la decisión que se tome será sólo fruto del sectarismo de un gobierno anticlerical, que en vez de solucionar los problemas de España se dedica a abrir heridas pasadas y a crear conflictos donde no los hay.
El uso político del Valle ha sido siempre una de las excusas del gobierno para intervenir en el Valle y para crear esta comisión, pero ya no tiene sentido, pues la ley de Memoria Histórica impide dicho uso. Y no puede olvidarse que la razón fundamental de la creación del complejo monumental del Valle, con la abadía benedictina y la gran Cruz presidiéndolo todo, fue precisamente la de que fuera símbolo de la reconciliación entre las dos Españas que se enfrentaron en una guerra fratricida. Una reconciliación que hizo posible la Transición. Una reconciliación por la que los benedictinos del Valle rezan constantemente y que hoy pone en peligro un gobierno moribundo, que se resiste a pasar a la historia sin hacer, antes de irse, más daño del ya hecho a la nación española.
