Parece que últimamente se ha instalado entre ciertos grupos laicistas la moda de asaltar capillas universitarias. Como es conocido, desde noviembre de 2010 grupos de estudiantes boicotean la asistencia a la Misa que se celebra los miércoles en la facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona.
Más recientemente, unas decenas de estudiantes entraron en la capilla de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid, gritando eslóganes con un megáfono e insultando a los presentes y rodeando el altar, donde las chicas se hicieron fotografías en topless. A estos hechos se une el sabotaje que grupos radicales hicieron en diciembre a la conferencia que el Cardenal Rouco iba a pronunciar en la Universidad Autónoma de Madrid, que fue tan vehemente que se tuvo que suspender el evento porque el gobierno no garantizaba la seguridad del acto.
A consecuencia de estos hechos violentos se ha levantado un debate sobre la presencia de los católicos en las universidades. Pero se debe tener en cuenta que la universidad pública es de todos. No se entiende que Juventudes Socialistas tenga un local en muchas facultades y los católicos no puedan tener una capilla. O que Ecologistas en Acción pronuncie conferencias en los auditorios de las universidades, y el Arzobispo de Madrid no pueda hacer lo mismo. O –en un insultante agravio comparativo– que el cómico Leo Bassi organice un espectáculo hiriente contra los sentimientos cristianos en el Paraninfo de una universidad pública, y se niegue a los católicos la posibilidad de celebrar Misas. Si todas estas instituciones y personas pueden usar los recursos públicos, ¿por qué se niega este derecho a los católicos?
Los laicistas radicales argumentan que la universidad es un espacio público y laico. Naturalmente lo que pretenden es apropiarse de la universidad, intentando que en ella no tenga cabida ninguna expresión contraria a sus presupuestos ideológicos. Pero les faltan argumentos: la Constitución Española –después de afirmar que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal– indica que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (art. 16.3).
Sin embargo, a los laicistas radicales la Constitución no parece importarles demasiado. Por eso su actual estrategia incluye el uso de la violencia empleando medios que, dicho sea de paso, recuerda a los que se usaban en la Alemania de los años 30.
Ante estos desmanes la justicia y los demás poderes públicos deberían actuar con rapidez. No se puede permitir que unos pocos se apoderen a través de la violencia de universidades que son de todos. Está en juego mucho más que la celebración de una Misa: está en juego la garantía del ejercicio democrático de los derechos fundamentales y la libertad religiosa.
P. Pedro María Reyes Vizcaíno
Editor de iuscanonicum.org
