En la vida de las personas, instituciones y pueblos existen fechas que se borrarían del calendario, si la historia pudiese rebobinar sus páginas. El 5 de julio de 2010 es una de ellas para los españoles. Ese día, en efecto, se ha promulgado una ley inicua, que se opone frontalmente a la recta razón y a la justicia más elemental. Tal es la ley que establece que los españoles tienen derecho a matar a los no-nacidos, con tal que lo hagan antes de las catorce semanas. Digámoslo con total claridad: esta ley no es ley, aunque se presente así por algunas instancias políticas y legislativas. Y no lo es, porque nadie tiene derecho a eliminar a un inocente. Por eso, no obliga. Más aún, reclama una oposición frontal y sin distingos. La recta razón no puede admitir como derecho, matar a una persona que no tiene ninguna culpa.
He dicho “razón”, no religión. Porque el derecho a existir de una persona ya concebida, aunque todavía no haya nacido, no es una creencia de esta o aquella religión. No se requiere ser creyente para afirmar que un inocente tiene derecho a ser defendido y respetado en su integridad. La recta razón comprende que una persona humana no puede ser destruida por una responsabilidad ajena. Menos todavía si es por ganar dinero o votos. El sentido común se rebela.
Es una falacia afirmar que esta ley ha sido aprobada por la mayoría del Parlamento y que éste representa a la mayoría de los ciudadanos; o decir que si el Tribunal Constitucional lo dictamina conforme, sería una desobediencia oponerse, y merecería una sanción. La falacia consiste en atribuir a políticos, jueces o ciudadanos un derecho que no tienen. Y nadie tiene derecho a legislar que se puede matar a un inocente.
¿Qué sociedad subsistiría si declarase que es un derecho ciudadano matar a las personas inocentes por mayoría? En el mejor de los supuestos, se convertiría en una tiranía, contra la cual deberían reaccionar las personas rectas, según este consejo de Gandhi: “En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle”. No se puede decir con más acierto. Porque lo que está en juego es que unos puedan dominar tiránicamente a otros. Es indiferente que esos “dominadores” lleven un apellido u otro.
Los grandes pensadores de la época clásica ya vieron que todas las leyes han de derivarse de la recta razón. Por ejemplo, Cicerón decía en su famoso tratado De Legibus: “La ley es la razón suma que está inserta en la naturaleza humana, la cual ordena lo que debe hacerse y prohíbe lo contrario”. Más próximo a nosotros, decía A. Einstein: “Nada hay más destructivo para el respeto del gobierno y la ley del país que aprobar leyes que no pueden cumplirse”. Con su talento clásico, muchos siglos antes había sentenciado san Agustín: “Juzgo que lo que es injusto no puede ser ley”. Montesquieu, desde otra perspectiva, dijo lo mismo: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. Él, buen conocedor de los comportamientos sociales, supo adivinar que los políticos y legisladores tienden a presentar como justas las leyes injustas. Frente a tal pretensión, él mismo nos abre los ojos: “No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia”.
Yo soy un simple ciudadano, no soy un político ni un magistrado. Además, soy responsable de una comunidad cristiana. Desde esta mi doble condición quiero hacer un llamamiento a la cordura y al buen sentido. Salgamos al encuentro de todas las madres que se encuentran en dificultades y facilitemos su maternidad con todos los medios de que disponemos, que son muchos. Y con el mismo empeño tratemos de parar esta lacra del aborto que, sólo en España, ha destruido ya más personas que las que hay en las ciudades de Zaragoza, Córdoba y Burgos.
+ Francisco Gil Hellín, Arzobispo de Burgos
