Uno de los principales derechos –y obligaciones– de los padres de familia es la educación de sus hijos. Pero desde hace algunos años ese derecho les está siendo robado por los gobiernos, en algunos países. ¿A qué países y a qué acciones aludimos? ¿En qué áreas de la vida humana? ¿Con qué finalidad y de quién vienen esas pautas a imponer?
Unos países y temas de muestra
A mediados del mes de abril de 2008, el presidente venezolano Hugo Chávez recibió numerosas críticas ante un plan “educativo” que contemplaba una educación militarizada de los niños y adolescentes por medio de la asignatura “ciencias sociales y ciudadanía”. El programa ya había sido rechazado como parte de un referéndum más amplio en diciembre de 2007. Chávez pretendía llevarlo adelante, no obstante.
Uno de los contenidos más preocupantes fue la tesis del “espacio vital”, que en su momento utilizó también el Hitler como justificación bélica y expansionista. No era todo. “En cuanto a historia contemporánea, se dedican muchas horas al gobierno actual y se omiten periodos que al gobierno no le interesa que se estudien, como el periodo de 1945 a 1958, cuando hubo golpes militares y una dictadura de seis años”, refirió Leonardo Carvajal, de la universidad Andrés Bello, de Caracas, al periódico El Mercurio (cf. 12.02.2008).
Meses más tarde, en agosto de 2009, el gobierno socialista de Hugo Chávez sacaría una ley por la que el Estado asume la capacidad ilimitada de intervenir y controlar instituciones educativas privadas, tomando también el poder de “evaluar la capacidad de las personas jurídicas y naturales para el cumplimiento de los requisitos éticos, económicos, académicos, científicos, de probidad, eficiencia, legitimidad y procedencia de los recursos para fundar y mantener instituciones educativas privadas”, informaba aci prensa (cf. 01.09.2009). Se trata de una manera para poder incluir su ideario en las escuelas privadas.
El pasado mes de mayo de 2008, el gobierno argentino, a través del Consejo Federal de Educación, aprobó una resolución que obligaba a todas las escuelas del país a enseñar que “el preservativo es el único método existente para prevenir el virus del SIDA (cf. La Nación, 30.05.2009). “Estamos obligados y no es optativo. Nadie puede negarse. Hoy, una educación de buena calidad incluye información sobre sexualidad”, declaró el ministro de educación Juan Carlos Tedesco al periódico La Nación.
InfoCatólica.com (cf. 24.10.2009) informaba que en Colombia, la Corte Constitucional dictaminó obligar a enseñar el “derecho al aborto” en las escuelas del país: “la orden obliga a hacer ajustes en la educación sexual, y serán los ministerios de educación y protección social los que determinen a partir de qué grado se impartirá la información”.
Pero no es un asunto exclusivo de países sudamericanos. España es el país europeo donde el adoctrinamiento ideológico, afín al gobierno socialista actual, está literalmente usurpando el derecho de los padres a educar a sus hijos e imposibilitando reacciones en contra.
La asignatura de “educación para la ciudadanía” fue aprobada por el parlamento español en 2006, con la velada finalidad de adoctrinar en la ideología socialista (aceptación del aborto, familias multiparentales, el homosexualismo, el uso de preservativos y control natal, desenfrenos sexuales, eutanasia, etc.) a niños en educación primaria y media básica. El hecho supone sustraer a los padres el derecho a que sean ellos mismos quienes eduquen, en el momento que consideren adecuado, en los temas aludidos.
Ejemplos: en enero de 2009 Hazteoír.org informaba que en el colegio san Javier de Madrid, una organización no gubernamental partidaria de que el límite de edad para el consentimiento de relaciones homosexuales se sitúe en los 11 años, y favorable al uso de la “píldora del día después” a partir de los 12 años, sin que los padres lo tengan que autorizar, es la encargada de impartir criterios éticos y morales de acuerdo al programa de “educación para la ciudadanía”. Los padres y alumnos han denunciado que el tiempo escolar se dedica a convencer a los alumnos, por ejemplo, en que no existen diferencias entre matrimonios y parejas homosexuales.
Pero España no se ha limitado a imponer ideología a sus ciudadanos dentro del propio país, sino también a los que viven fuera. A inicios de enero de 2009, la Plataforma Portuguesa por la Libertad de Educación denunció que algunos alumnos que habían objetado en un colegio español de Lisboa, el Instituto Español Giner de los Ríos, recibieron presiones a través de una circular que la embajada española en Portugal les hizo llegar. La presión iba encaminada a obligarles a asistir a la clase de “educación para la ciudadanía”.
Más preocupante es, por ejemplo, lo denunciado por Profesionales por la Ética: el ministerio de educación español está manipulando a niños de 10 y once años recomendándoles ya desde esa edad el coito anal, el sexo oral, la masturbación y los preservativos de sabores (cf. boletín telemático, 03.09.2009). No es todo. El gobierno socialista puso en marcha un website llamado Sexpresan, con contenido multimedia que incita a las relaciones sexuales a tempranísima edad.
“Robin” es también un proyecto del Ministerio de Sanidad del gobierno socialista español, lanzado en enero de 2008. Consiste en un programa-robot que da información sobre el sexo a través del Messenger. La iniciativa apoyada por Microsoft tiene como auditorio de alcance adolescentes de entre 12 y 17 años y responde usando el lenguaje en que preguntan los jóvenes (incluye palabras vulgares) y con gráficos con contenido explícito. En su momento fue ampliamente criticado por suplantar el papel de los padres en el trato de estos temas.
Recientemente, en noviembre de 2009, el ministerio de educación de la comunidad autonómica de Extremadura destinó más de 14.000 euros a una campaña para promover la masturbación entre los adolescentes.
Con el “fin” de “reducir” el elevado embarazo de adolescentes, el gobierno británico de Gordon Brown impulsó en octubre de 2008 una ley que imponía la educación obligatoria de sexo, desde los 5 hasta los 16 años, a través de la asignatura Educación personal, social y de salud. La decisión del gobierno británico contrasta con las encuestas realizadas por la BBC. Según ésta, el 64% de los británicos ve más adecuado que este tipo de “educación” se imparta de los 11 años en adelante, mientras que un 36% no está de acuerdo en que se hable de anticoncepción, al menos hasta los 13 años.
En declaraciones recogidas por ForumLibertas.com (cf. 31.10.2008), el ministro de educación británico Jim Knight afirmó que “La vida moderna es cada vez más compleja y tenemos el deber de dotar a nuestros jóvenes del conocimiento para afrontarla”.
En México, desde junio de 2009, la Secretaría de Salud (ministerio) comenzó a repartir entre los estudiantes de educación básica de todo el país una “cartilla de vacunación” (más de 26 millones) que promueve el uso de métodos abortivos entre niñas y jóvenes, la promiscuidad sexual, además de recomendar el uso de la “píldora del día después”. La particularidad de esta medida es que de no ser adoptada, los niños no pueden reinscribirse al siguiente curso. La cartilla suplanta el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
Meses más tarde, en septiembre de 2009, la Secretaría de Educación de Guanajuato, también en México, anunciaba que retiraría un libro de biología para el curso 2010-2011 que proponía la abstinencia sexual y la fidelidad para prevenir enfermedades de transmisión sexual y que promovía también el matrimonio como espacio para tener hijos. ¿El motivo? Activistas feministas hicieron presión, pese a que los padres de familia no manifestaron oposición.
Qué dice la jurisprudencia
Y ante la imposición gubernamental qué dicen los tribunales. Dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo amparan el derecho de los padres para que sus hijos sean educados “conforme a sus convicciones morales y religiosas”.
La primera sentencia es del 29 de junio de 2007 para el caso de unos padres noruegos, miembros de la Asociación Humanista Noruega, que rechazaban la asignatura “cristianismo, religión y filosofía” (caso Folguero contra Noruega). El fallo favorable para estos padres se amparó en el artículo 2 de la Constitución Noruega.
La segunda sentencia es del 9 de octubre de 2007 y fue favorable a unos padres alevitas (rama del islam) contra la asignatura “cultura, religión y ética”, en Turquía (caso Hassan y Eylem Zengin contra Turquía).
Paradójicamente, los Tribunales Superiores de Justicia de comunidades españolas como las de Cataluña, Asturias y Cantabria, no les han dado un amparo similar a los objetores contra la asignatura de “educación para la ciudadanía”, en España.
Llama la atención que Estrasburgo dictamine que unas personas no deben recibir instrucción religiosa –aunque sea sólo historia– aduciendo que no está conforme a las convicciones morales y religiosas de los padres, pero no se respete que una familia no quiera recibir adoctrinamiento socialista alegando ese mismo derecho al que se acogieron en Noruega y Turquía. Actualmente en España hay más de 54.000 objetores a la polémica asignatura.
De dónde vienen las órdenes
Juan Claudio Sanahuja revelaba en Noticias Globales (cf. 01.09.2009) que la UNESCO dio a conocer el 27 de agosto de 2009 la Guía de Educación Sexual para el Empoderamiento de los Jóvenes. En sus 98 páginas, el documento en el que también colaboró la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, se incita a enseñar a los niños de 5 años la masturbación, por ejemplo.
No es el único documento o medio para imponer determinada ideología acerca de la sexualidad pues, como se ha visto, en diferentes países es cada vez más frecuente la aparición de guías o libros de texto obligatorios para las escuelas, que promueven una enseñanza explícita –y a veces dudosamente pedagógica y sin el consentimiento de los padres de familia– de la sexualidad.
No es sólo un organismo oficial e institucional de Naciones Unidas el que promueve este tipo de adoctrinamientos. El tema de la educación como pretexto para la imposición de ideologías es también una táctica Europea.
El 16 de octubre de 2002, el comité de ministros de la Unión Europea publicó la Recomendación (2012) 12, del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la educación para la ciudadanía democrática (cf. http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/By_Country/Spain/2002_38_Rec2002_12_Es.PDF). En ella se afirma y declara, entre otras cosas, “que la educación para la ciudadanía democrática es esencial para la misión principal del Consejo de Europa” y “que la educación para la ciudadanía democrática abarca toda actividad educativa, formal, no formal o informal, incluida la de la familia” (cf. p. 3), lo que deja ver claramente el robo de derechos y la injerencia en la vida privada de las familias.
Pero todavía queda una pregunta: ¿a qué responden toda esta abundante legislación e iniciativas de corte ideológico? A esta pregunta respondió atinadamente Lourdes Ruano Espina catedrática de derecho eclesiástico del Estado, de la universidad de Salamanca, durante el Congreso “Católicos y Vida Pública”, el 21 de noviembre de 2009: “Transformar la sociedad […] y redefinir al hombre, partiendo de una antropología y una ideología (la llamada ideología o teoría del género) que resultan incompatibles con la antropología cristiana y contrarias a la ley moral”.
Es significativo que los partidos políticos que están promoviendo este tipo de robo a los padres de familia sean mayoritariamente integrantes de la Internacional Socialista (IS), un organismo heredero del marxismo.
Así por ejemplo, en Venezuela, el grupo político “Podemos” es un baluarte de apoyo al Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Hugo Chávez. “Podemos” tiene el estatus de partido consultivo en la IS. El Partido Laborista, del premier británico Gordon Brown, es partido miembro pleno de la IS. Algo que también sucede con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los mexicanos Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) (se puede ver el siguiente enlace que refiere, por países, cuáles son integrantes de la IS: http://www.lainternacionalsocialista.org/about.cfm).
Como dice el portal de la Internacional Socialista, su propósito es coordinar las actitudes y actividades políticas de los partidos políticos que son miembros. El objetivo, entonces, es más claro.
Qué hacer
En una entrevista concedida a ForumLibertas.com, el abogado y ex diputado español, Manuel J. Silva, decía –refiriéndose a todas estas usurpaciones de derechos por parte del Estado en la vida de las familias– que se “pretende convertir al padre y a la madre en puros hoteleros de sus hijos” (cf. 09.03.2009).
La objeción de conciencia, en palabras de Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, “es una opción responsable y personal ante una ley considerada injusta y abusiva”.
¿Y qué es la objeción de conciencia? El Catecismo de la Iglesia Católica la define así: es un derecho por el cual “El ciudadano no está obligado en conciencia a seguir las prescripciones de las autoridades civiles si éstas son contrarias a las exigencias del orden moral a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Las leyes injustas colocan a la persona moralmente recta ante dramáticos problemas de conciencia: cuando son llamados a colaborar en acciones moralmente ilícitas, tienen la obligación de negar. Además de ser un deber moral, este rechazo es también un derecho humano elemental que, precisamente por ser tal, la misma ley civil debe reconocer y proteger: « Quien recurre a la objeción de conciencia debe estar a salvo no sólo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal, disciplinar, económico y profesional» (cf. n. 399).
Y el Catecismo va más allá cuando nos recuerda que: “Es un grave deber de conciencia no prestar colaboración, ni siquiera formal a aquellas prácticas que, aun siendo admitidas por la legislación civil están en contraste con la ley de Dios. Tal cooperación, en efecto, no puede ser jamás justificada, ni invocando el respeto de la libertad de otros, ni apoyándose en el hecho de que es prevista y requerida por la ley civil. Nadie puede sustraerse jamás a la responsabilidad moral de los actos realizados y sobre esta responsabilidad cada uno será juzgado por Dios mismo (cf. Rm 2,6; 14,12)” (cf. n. 399).
Jorge Enrique Mújica, LC