La historiografía marxista (de los Oliveira y Tuñón a los Julià, Moradiellos) y nacionalista catalana (los Fontana, Casassas, Menent) han venido imponiendo una leyenda rosa sobre la II Republica y la guerra civil. Esta leyenda rosa se sustenta sobre dos ejes principales en forma de axioma: la legalidad de la democracia y la II República, que fue traída por las fuerzas progresistas (la izquierda) mientras que las derechas y la Iglesia se proclamaron contrarias a la República y fueron golpistas desde el primer momento. A partir de aquí dichas historiografías han montado todo el discurso reivindicativo histórico-político de la izquierda. Sobre esta mentira se está levantando la segunda transición.
Durante la última década dicha leyenda rosa ha venido recibiendo fuertes andanadas científicas e intelectuales, tanto por parte de historiadores españoles como extranjeros (Moa, Vidal, Alcalá, Payne). Las réplicas a la leyenda rosa se han centrado especialmente en aspectos como las causas de la guerra civil y su inicio, la intervención soviética en la II República, la ayuda internacional a las partes en conflicto o la reconsideración biografía (Azaña, Companys, Prieto, Largo Caballero, Gil Robles o el propio Franco).
Actualmente se ha retrasado un par de años el comienzo de la guerra civil. Tanto entre el público en general como entre los profesionales de la historia se está abriendo paso la idea de que la guerra civil comenzaría con la intentona revolucionaria de 1934 (Moa), lo que la historiografía nacionalista catalana llama “fets d’octubre”.
Sin embargo, a mi entender, la guerra civil empezaría mucho antes, ya en el año 1929. El hecho de que en aquel momento no estallase un enfrentamiento abierto entre dos o más bandos o facciones no significa que no existiese tal conflicto. Sostengo que, por lo menos, una bandería intentó que el proceso de cambio degenerase en tal choque y, de hecho, realizó diversos golpes de estado y llevó este enfrentamiento a la calle de forma abierta y activa.
La malograda transición democrática, 1927-1931
Lo primero que hay que recordar es que en 1925 -con el Directorio Civil- la dictadura de Primo de Rivera estaba en proceso de transición. En diciembre de 1925 y nuevamente en 1927, por dos veces Calvo Sotelo expuso a Alfonso XIII la necesidad de abrir un proceso de transición paulatina, por el cual se fuesen restableciendo las libertades civiles y que desembocase en elecciones generales. Del proceso electoral debería surgir unas Cortes Constituyentes. Ante un rey acomplejado y pusilánime Calvo-Sotelo acudió a Primo, quien aceptó el proyecto.
Se iba a abrir un proceso de transición paulatina -de tres años- que desembocaría en elecciones generales, en la formación de Cortes Constituyentes y en una nueva constitución (partiendo de la constitución de 1876). Ahora bien, esta transición fue boicoteada por la izquierda burguesa, marxista y revolucionaria así como por dirigentes de la propia monarquía. El ataque a la transición tuvo como objetivo cambiar de sistema y de régimen. Tres fueron los principales focos conspiradores: la crítica intelectual y política (interna y externa al régimen), el catalanismo (aparentemente moderado) y la camarilla militar (de los López Ochoa, Queipo, Batet, Goded, Aguilera, Weyler).
El Ateneo de Madrid fue el centro que aunó a estos tres focos conspiradores y desde donde fue dirigido un programa de sucesivos golpes de Estados, insertos en un permanente ambiente de guerra civil. El objetivo final fue destruir la transición democrática para levantar un nuevo régimen que debería estar construido, controlado y dirigido por la izquierda burguesa, socialistas y nacionalista. La derecha sólo existiría de manera fraccionada y como comparsa de los partidos de izquierda. De tal manera el régimen mantendría formas externas de democracia pero en realidad estaríamos ante un régimen dictatorial, tirano y totalitario.
Por su parte, los cristianos no tendrían cabida como tales cristianos en este nuevo régimen. Sus sentimientos, ideas y valores estarían expulsados de la vida pública del país y quedarían circunscritos a la privacidad e intimidad de sus casas y templos. Y, aún así, serían vigilados y acechados (persecución y quema de templos). El ejemplo a seguir e implantar en España fue el régimen revolucionario de México.
Este proyecto hubiese sido inviable sin la intervención e incluso dirección en él de muchas de las más significativas figuras de la monarquía. Estas figuras del régimen eran las que más hicieron por soliviantar y encrespar a la sociedad, incitando a la violencia callejera.
Ejemplos hay muchos. Significativos son los discursos y opiniones vertidas por figuras como Alcalá Zamora o Azaña. En Tres generaciones del Ateneo Azaña atesoró sus llamadas al odio y a la destrucción de todas las “tradiciones españolas”, “vasta empresa de demoliciones” con la que destruir “el presente y su módulo podrido”. Prieto y Largo Caballero estuvieron de acuerdo con Azaña en tal demolición, pero no para levantar una república laico-atea y burguesa de izquierdas sino instaurar la dictadura del proletariado. Dentro del PSOE sólo Besteiro rechazó la locura colectiva en que había caído buena parte de la oligarquía intelectual y política interna y externa al régimen monárquico.
Desde Cataluña, Cambó ya había intentado varias veces acabar con el régimen democrático. Aprovechando la ola revolucionaria de 1917 organizó una Asamblea de Parlamentarios con la cual forzar una convocatoria de Cortes Constituyentes. Seguidamente vino Macià a sublevarse en Prats del Molló (1925). El fracaso de todas estas intentonas insurreccionales en vez de aplacar la ambición del nacionalismo catalán lo exacerbó. En 1928 Macià volvió a la carga con su Partit Separatista Revolucionari de Catalunya y su fantasmagórica República Catalana. Con esto consiguió desplazar a Cambó y aunar al separatismo izquierdista y al catalanismo burgués. Es entonces cuando Macià se convirtió en el “Avi” -el abuelo- que debía conducir a Cataluña a una Nueva Era de felicidad independiente y socialista.
1928 aparece como el año en que estas derivas independentistas se propagaron por toda España, especialmente en el País Vasco con el PNV -que decidió abrirse hacia el carlismo reformador- y en Galicia, con figuras como Portela Valladares -que había sido ministro de fomento- y su movimiento nacionalista gallego.
De tal manera la presión contra la transición se acrecentó: desde la periferia, desde la camarilla político-intelectual, desde la agitación social en la calle (tomadas por gentío sediento de sangre que hizo arder templos, bibliotecas, sedes políticas) y desde la camarilla militar.
Ya en 1926 la camarilla militar (los Aguilera, Batet, López Ochoa) había ensayado un golpe de Estado. Nada más iniciado el año 1929 el grupo del Ateneo (mayoritariamente masónico) dio luz verde a un nuevo golpe militar. Del 28 al 29 de enero la camarilla militar se sublevó (Sánchez Castro, Girona, Aguilera, Cabanellas, López Ochoa, Queipo) mientras que la Alianza Republicana y la CNT debían sacar a sus cuadrillas a las calles de capitales como Valencia, Madrid, Barcelona.
Pese al fracaso del golpe los ateneístas continuaron con sus planes de agitación aprovechando el juicio a los sublevados de enero de 1929. La situación llegó al borde de la guerra y Primo tuvo que dimitir. Alfonso XIII jugó una de sus últimas bazas, el general Berenguer, que había presidido el consejo de guerra contra los sublevados. Éste encargó a la Asamblea Nacional la preparación de elecciones municipales.
La intención de Berenguer era partir de la formación de nuevos ayuntamientos para levantar el nuevo régimen democrático y constitucional. De hecho, en septiembre la Asamblea Nacional ya tenía preparado un nuevo texto constitucional. Pero todo esto no detuvo a los ateneístas.
El 17 de agosto de 1930 los ateneístas consiguieron aunar tanto a la oposición como a los principales dirigentes y partidos de la monarquía. Todos se confabularon contra la propia monarquía y la transición democrática. Fue el llamado Pacto de San Sebastián. De entre los artífices de esta confabulación destacan Alcalá Zamora, encargado de concertarse con PSOE-UGT; y Miguel Maura, encargado de tratar con los nacionalistas (especialmente con Carrasco i Formiguera) a los cuales se les ofrecía la independencia.
Entre tanto las soflamas de los ateneístas ya eran abiertamente guerra-civilistas. Por ejemplo: el 12 de febrero Azaña organizaba un acto republicano en Madrid y declaraba: “¿Paz en los espíritus? No la queremos (…) queremos agitarlos y conturbarlos”. El 27 de febrero Sánchez Guerra, en el teatro de la Zarzuela, se manifiesta en términos semejantes, lo mismo que Alcalá Zamora, el 15 de abril en el teatro Apolo de Valencia. Con este ambiente, llegado diciembre, estos mismos personajes se autonombraron Comité Revolucionario Republicano, asistidos por la camarilla militar bajo el nombre de Asociación Militar Republicana. El 12 de diciembre de 1930 los ateneístas dieron luz verde a una nueva sublevación en Jaca.
Aún con todo esto, la respuesta del ejército fue favorable a la monarquía. La Capitanía General de la V Región Militar, en Zaragoza, destruyó a los sublevados. Mientras que en Madrid, Barcelona y Bilbao la facción política (Comité Revolucionario Republicano) no se atrevió a moverse. Pese a este éxito Berenguer dimitió y cedió la presidencia al almirante Aznar, quien dio el poder a los sediciosos para formar un gobierno de concentración (monárquicos, republicanos, socialistas y nacionalistas) con el objetivo destruir la transición democrática y monárquica e imponer el nuevo régimen diseñado por los ateneístas masónicos.
De tal manera, llegado 1931 la situación fue claramente de guerra civil. Josep Pla escribía sobre la Cataluña previa a la proclamación de la República: “los estados más abyectos de la mugre sensorial se han implantado en Cataluña”.
En este ambiente se organizaron elecciones.
El golpe de Estado de 1931
Por lo que se refiere a las elecciones, la propaganda y la historiografía de izquierda y nacionalista han presentado el proceso electoral de 1931 como un plebiscito popular a favor de la República. Nada hay más lejos de la realidad. No fue un referéndum ni unas elecciones a Cortes Generales. Se trató de unas elecciones municipales celebradas en dos rondas y en medio de un estado de terror, sin ley, de guerra civil. Los resultados electorales nunca fueron oficialmente publicados porque, pese a todo, dejan clara la opción de los españoles a favor de la monarquía democrática. Para la ronda del 5 de abril, las cifras que los historiadores manejamos actualmente son: más de 14.018 concejales monárquicos y 1.832 concejales republicanos. Solo pasaron a manos republicanas dos pueblos de Granada y Valencia.
Pese a todo, los revolucionarios siguieron adelante, lanzados a la guerra civil. Baste con citar algunos ejemplos:
Barcelona: 20 guardias muertos, asalto a la sede de la Generalidad izando banderas rojas, asalto al mercado de la Boquería, quema de la Iglesia de Belén. Asalto a las sedes de la Lliga Regionalista y del partido Carlista.
Bilbao: los manifestantes atacan a la policía, 10 policías muertos. Incendiado por las izquierdistas el diario La Gaceta del Norte.
Palencia: asesinado el sacerdote Sotero de Diego de una paliza, le clavaron un palo en el pecho y lo pasearon por la ciudad.
Valencia: asalto e incendio del convento de los Dominicos, Adoratrices, colegio de las Teresianas, colegio de los Capuchinos, Colegio de los Carmelitas, Salesianos, Salesianos, Agustinos, Centro Escolar y Mercantil, Residencia de Jesuitas, colegio de Santo Tomás, el Palacio Arzobispal.
Málaga: asalto e incendio del Palacio Arzobispal, la sede de la Compañía de Jesús, el colegio de los Maristas, el diario La unión mercantil, la iglesia de los Capuchinos, la parroquia de San Pablo (al párroco se le cortó la cabeza y se la paseó por la ciudad), el colegio de la Asunción, la Sagrada Familia, las Adoratrices, San Carlos, el convento del Ángel, las Mercedarias, la iglesia de San José de la Montaña y de la Merced. 5 Muertos en toda esta orgía.
Sevilla: incendiados el colegio de los Jesuitas, la iglesia del Buen Suceso, la iglesia de los Carmelitas y la capilla de San José de los capuchinos.
Madrid: asalto a un local monárquico en la calle de Alcalá con incendio de vehículos. Asalto a la sede del diario ABC. Incendio del convento de Jesuitas, del centro de enseñanza de Artes y Oficios, el Colegio de los Padres de la Doctrina Cristiana (escuela para niños de obreros), las escuelas de salesianos, asalto a la casa profesa de los Jesuitas de la calle de la Flor (se perdió en las llamas su biblioteca, que era considerada la segunda de España tras la Biblioteca Nacional, y que contaba con 80.000 volúmenes). Asalto y quema de la iglesia de Santa Teresa, el Instituto Católico de Artes e Industrias perdiéndose su biblioteca (20.000 volúmenes), el colegio de las Maravillas (destrucción de su centro de investigación científica y su museo de mineralogía), el convento de las Mercedarias de San Fernando (donde se desenterró a las religiosas y se las paseó por la ciudad), el Colegio de las Salesianas, el colegio de Religiosas del Sagrado Corazón, el convento de las Bernardas.
Gerona: declarado el estado de sitio.
Sevilla: declarado estado de guerra.
Guadalajara: detención del cardenal Primado Segura.
Córdoba: detención de los dirigentes del partido Acción Nacional.
En este contexto de guerra civil se celebró la segunda ronda electoral el 12 de abril dando, pese a toda esta situación, un resultado desastroso para las candidaturas antimonárquicas (republicanos, socialistas y nacionalistas). Los datos ofrecidos por algunos historiadores (César Vidal y Moa o Payne, o los Santos Julià y Tusell) son 22.150 concejales monárquicos y 5.775 antimonárquicos. Los datos recogidos por el Anuario Estadístico de 1932, son: 40.275 concejales monárquicos y 26.563 concejales republicanos.
Es decir, ya se cojan unas fuentes u otras los resultados para las candidaturas antimonárquicas fueron malísimos. Sin embargo, la victoria republicana y socialista en grandes núcleos urbanos junto a la guerra civil en las calles fue suficiente para provocar la extensión del pánico político, para la desbandada general y para la deserción de los pusilánimes monárquicos (incluido el rey).
La misma noche del 12 de abril el general Sanjurjo -al mando de la Guardia Civil- puso telegrama a Romanones apuntando que no contendría un levantamiento contra la monarquía. El 14 de abril se proclamaba la República Catalana. El Comité Revolucionario supo que tenía la partida ganada porque los encargados de defender la monarquía y la democracia no iban a hacerlo. Romanones se dirigió al Comité Revolucionario y le ofreció la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes y un referéndum sobre monarquía o república. Pero el Comité no cedió y exigió la marcha del rey antes de la puesta de sol del 14 de abril.
Joseph Pla fue espectador privilegiado de los hechos envió su crónica al diario La veu de Catalunya (15 de abril) describiendo las peripecias de dos asustadizos y aturdidos Miguel Maura y Manuel Azaña, y cómo entraron -aterrorizados, pese a su victoria guerracivilista- en Gobernación, donde Maura comenzó a hablar por teléfono como ministro de la República.
Al anochecer del 14 de abril Romanones y Alcalá Zamora acordaron que Alfonso XIII no utilizaría la fuerza -pese al gran apoyo popular y electoral que tenía- y saldría con su familia, a media noche, con destino al destierro. Esta pusilánime actitud sólo puede ser calificado de traición al pueblo español.
El resultado de todo este proceso fue una República nacida de un Golpe de Estado encubierto por unas elecciones municipales que la manipulación, la propaganda y el ambiente de guerra civil creado hicieron pasar por un plebiscito popular. Nació, así, una República ilegal, que sería sustentada sobre una constitución que invitaba “a la guerra civil”, en palabras del propio Alcalá Zamora en Los defectos de la constitución de 1931. Una República que desde el principio tomó como sus enemigos principales a las derechas y a los católicos y cristianos en general. Una República que dividía, separaba y “calificaba” a las personas, a las clases sociales, a los españoles, en buenos y malos haciendo imposible la convivencia.
¿Por qué no hubo respuesta violenta a la guerra civil que la izquierda burguesa, marxista y revolucionaria había empezado?
La Iglesia Católica: el compromiso con la paz y la ley
El 17 de abril de 1931 una comisión eclesiástica de Madrid se entrevistó con el ministro de justicia Fernando de los Ríos y le expresó que la Iglesia acataba el nuevo régimen. Asimismo, el 18 de abril los arzobispos de Barcelona y Tarragona, Manuel Irureta y Vidal y Barraquer, fueron al palacio de la Generalidad y se entrevistaron con Francesc Macià. Le expresaron que el interés de la Iglesia era ayudar a la concordia y a la paz entre los españoles. Los dos arzobispos hicieron un llamamiento a todos los católicos para que -ante los numerosos actos de violencia, profanaciones, saqueos, incendios y asesinatos que se estaban cometiendo- se mantuviesen serenos y confiasen en Jesucristo, en la Iglesia y en el nuevo régimen republicano. La actitud de las demás diócesis de España, con sus obispos al frente, fue similar.
Por su parte, el 24 de abril la Santa Sede -a través del nuncio Mns. Federico Tedeschi- insistió al nuevo gobierno que la actitud de la Iglesia era de paz, de concordia y de respeto al nuevo régimen instaurado.
Desde el primer momento la Iglesia acató el nuevo régimen e hizo constantes llamamientos a los católicos para que aceptasen la nueva situación, y que no respondiesen a las agresiones y ataques que estaban sufriendo. Pese a todo el gobierno revolucionario continuó permitiendo y colaborando en los ataques violentos contra la Iglesia y los católicos. Azaña en sus Memorias o el propio Maura en “Así cayó Alfonso XIII” cuentan que estaban en pleno conocimiento de las algaradas de aquellos meses y cómo “todo estaba dispuesto para que los amotinados pudieran actuar con absoluta impunidad”. Hasta el Consejo de Ministros se negaba a actuar y fomentaba la situación guerra-civilista.
Aquel primer gobierno republicano pretendía que el estado latente de guerra civil, por ellos provocado, detonase en guerra abierta con la cual poder eliminar a sectores sociales enteros. Si esto no sucedió en aquel momento fue porque los sectores cristianos no se dejaron arrastrar por la violencia. El cuerpo cristiano se sometió al imperio de la ley, la respetó y la utilizó para hacer valer sus derechos sociales y económicos, políticos y culturales y para trabajar por la convivencia y el bienestar de la sociedad y de toda la nación.
Antonio Ramón Peña Izquierdo
Dr. en Historia.
