En 1835 bajo el reinado de Isabel II (aún bajo la regencia de su madre, la italiana María Cristina de Borbón) el gobierno liberal de Juan Méndez Álvarez, personaje que se hacía llamar Mendizábal, nombre con el que ha pasado a la historia, llevó a cabo una de las medidas más nefastas para la Iglesia en la historia contemporánea de España, la llamada desamortización de Mendizábal. Además, la Compañía de Jesús fue de nuevo expulsada de España.
Mendizábal era un político natural de Cádiz que, había vivido muchos años en Inglaterra y era liberal radical y masón. Se vivía el periodo posterior a la muerte de Fernando VII en 1833 en un momento en que los políticos liberales y anticatólicos habían recuperado toda la influencia que habían tenido en el periodo conocido como el Trienio Liberal entre 1820 y 1823, una época en que el Gobierno había perseguido mucho a la Iglesia.
Liberalismo anticatólico
A partir de 1833 los hombres del Trienio volvieron al poder. Se vivía la época de la I Guerra Carlista (1833-1840) y la regente María Cristina de Borbón se apoyó en ellos (a pesar de que ella en realidad era de ideas católicas y absolutistas) para defender el trono de su hija la entonces niña Isabel II frente a su tío don Carlos María Isidro que estaba al frente del bando carlista, apoyado mayoritariamente por la Iglesia y los sectores católicos del país.
Aunque hoy la propaganda políticamente correcta lo oculte al máximo, en las décadas de 1830 y 1840 los sectores liberales radicales cometieron terribles matanzas de cientos de religiosos en Madrid y sobretodo en Barcelona, las que se conocen como “bullangas de Barcelona”, (que, por cierto, hoy la alcaldesa comunista de Barcelona Ada Colau quiere conmemorar como “revueltas democráticas”), donde en revueltas supuestamente espontáneas pero en realidad organizadas por la masonería fueron asesinados cientos de sacerdotes y frailes en condiciones de crueldad que poco tienen que envidiar a las de los mártires de 1936-1939.
Mendizábal, llamado “el Mago” por sus admiradores liberales, que le consideraban un gran gestor fue nombrado presidente por María Cristina de Borbón el 14 de septiembre de 1835. En realidad, la reina Regente no quería nombrarle porque conocía la fama de “exaltado” de Mendizábal, pero fue “convencida” por las presiones del embajador británico Villiers. Y es que en aquel triste momento de la historia de España durante la década de 1830 los embajadores británicos, siempre atentos a defender los intereses comerciales ingleses y a la política liberal pro masónica, hacían y deshacían en la política interior española. Además, Inglaterra envió tropas, una “Legión de Voluntarios” a ayudar al ejército liberal contra los carlistas (aunque fue diezmada y casi aniquilada por las tropas carlistas en diversas batallas).
Desarmotización ideológica y fracaso social
Mendizábal en teoría venía a resolver el grave problema económico que suponía la maltrecha situación en que había quedado el crédito español en el exterior tras la pérdida del imperio ultramarino español con su rico comercio (excepto Cuba, Puerto Rico y Filipinas) en la década anterior de 1820. Su gran “solución “era la desamortización o sea la expropiación masiva de las propiedades de la Iglesia en España y posteriormente venderlas. Así supuestamente el Estado obtendría grandes ingresos y además podría financiar nuevos ejércitos contra los carlistas.
Sin embargo, pronto quedó claro que con la excusa de las medidas económicas se trataba también de llevar a cabo una política totalmente antirreligiosa. A principios de octubre, menos de un mes después de llegar al poder, Mendizábal decretó la expulsión de España de las órdenes religiosas de frailes y monjes y la confiscación de los monasterios, ya que según él “el número de casas monásticas en España son inútiles para la asistencia espiritual a los fieles y causan un gran perjuicio económico al Estado si no se usan para el bien público y para abrir nuevas fuentes de riqueza para el Reino”. (De hecho, los jesuitas ya habían sido expulsados meses antes). En realidad 60 años antes los ministros “ilustrados “y pro masónicos de Carlos III habían planeado la misma medida y de hecho su hijo Carlos IV había llevado a cabo una pequeña desamortización parcial pero no fueron más allá.
Y es que como señalan historiadores económicos de prestigio, como el hispanista británico John Lynch, pese a la leyenda que habla de las grandes propiedades en tierras y bienes de la Iglesia en España desde tiempos medievales, la realidad es que solo el 18% de la tierra en España era propiedad de la Iglesia frente al casi 50% de la nobleza. Y la Iglesia, a diferencia de la nobleza había contribuido durante siglos pagando grandes cantidades por ejemplo en concepto de “Cruzada” que habían hecho posible en gran medida la ambiciosa política militar e imperial de los reyes Habsburgo españoles durante los siglos XVI y XVII.
Saqueo a la Iglesia
En España había en esa época 1.925 conventos y monasterios y casi 60.000 religiosos de ambos sexos. En total el 70% de los conventos y monasterios fueron expropiados junto con 10 millones de hectáreas. El Estado obtuvo unos 3500 millones de reales de la época. Pero estas cifras, aunque puedan parecer muy importantes resultaron estar muy por debajo de lo que Mendizábal esperaba. Hoy los historiadores económicos españoles de todas las escuelas y tendencias coinciden en que desde el punto de vista económico la medida fue un fracaso. Y además no se consiguió formar una amplia capa de campesinos terratenientes en toda España, como en teoría se perseguía, porque las tierras fueron compradas por aristócratas y burgueses que se hicieron aún más ricos al adquirir esas tierras en subastas públicas donde impusieron sus precios.
Más grave aún si cabe fue la inmensa pérdida de ornamentos sagrados y obras de arte, cuadros, esculturas y también documentos y bibliotecas que tuvo lugar al expropiarse y malvenderse los monasterios. Y sobre todo los miles de religiosos que perdieron sus hogares. Se produjo una ruptura de relaciones con la Santa Sede. Más tarde, gobiernos liberales moderados y más conservadores reconstruyeron en parte las relaciones con la Iglesia y readmitieron a las Órdenes religiosas. Pero el daño económico y cultural fue irreparable.
En nuestros días el tema ha resucitado de nuevo con la cuestión de las inmatriculaciones
En 1998 el gobierno del PP de José María Aznar llevó a cabo una modificación de la Ley Hipotecaria de 1944 que permitió a la Iglesia inmatricular, es decir registrar a su nombre en el Registro de la Propiedad sus propios templos, catedrales y monasterios, que desde la desamortización son jurídicamente bienes culturales del Estado. Así la Iglesia logró importantes deducciones fiscales lo cual no parece desorbitado teniendo en cuenta que Catedrales, monasterios e iglesias son el principal reclamo turístico de la mayoría de ciudades españolas en un país en que el turismo extranjero es una de las mayores industrias.
A pesar de que parezca de sentido común que la Iglesia sea la propietaria jurídica de sus propios edificios religiosos, la izquierda ha hecho bandera contra estas inmatriculaciones que considera “inaceptables”. De hecho, el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba a las elecciones generales españolas de 2011 prometió cancelarlas como una de las promesas estrella de su campaña (en lo que algunos periodistas llamaron “la desamortización de Rubalcaba”) aunque esta promesa no le sirvió para evitar una derrota estrepitosa. En definitiva, la historia de la desamortización de Mendizábal de 1835 es la historia del despojo de la Iglesia española en teoría a causa de motivos económicos, pero en realidad fue debida en primer lugar a los prejuicios liberales y el odio masónico contra la Iglesia.
Javier Navascués
