La forma de gobierno debe ser proporcionada al pueblo a quién se aplica, como la forma a la materia […]. Todo régimen contrario a la naturaleza o a las condiciones naturales del pueblo es violento, es injusto, no puede durar, no es capaz de procurar su bienestar.
Un régimen justo y duradero debe acomodarse al estilo, a las condiciones naturales y razonables del pueblo.
Santo Tomás de Aquino C.G. III, c.71, arg.3.
Con los tratados de Ciudad Juárez, el presidente Porfirio Díaz renunciaba a la Presidencia que ocupó por treinta años hasta el 21 de mayo de 1911 fecha de la firma de dichos tratados que daban fin a su muy prolongado mandato.
En noviembre de 1911 como resultado de las elecciones convocadas a la renuncia de Díaz quedó como presidente Francisco I Madero.
Los movimientos que desencadenaron la oposición al presidente Díaz, no sólo fueron los políticos que buscaban la apertura democrática, sino sociales que exigían mejoras para los trabajadores y campesinos. Estas reivindicaciones fueron las banderas que enarbolaron líderes populares como Francisco Villa y Emiliano Zapata.
El presidente Madero se mostró sensible a las causas populares y a los caudillos que las enarbolaban; sin embargo, las expectativas de que Madero diera solución inmediata a sus demandas no se materializaron y ello dio lugar a muchas rebeliones y huelgas por todo el país. Madero había conservado al viejo ejército porfiriano y con él enfrentó a los insurrectos. A cargo de su ejército y de su defensa quedaron generales del antiguo régimen como Victoriano Huerta.
Con el propósito de derrocar al presidente se aliaron Bernardo Reyes, Félix Díaz y Victoriano Huerta al amparo de la Embajada de Estados Unidos de Norte América a cargo de Henry Lane Wilson.
Madero fue obligado a renunciar (19 de febrero de 1913) y posteriormente asesinado por el traidor Huerta el 22 de febrero de 1913 constituyéndose este último en dictador. Contra el usurpador se dispusieron a luchar el mismo Emiliano Zapata, Francisco Villa, Álvaro Obregón.
Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, firmó en marzo de 1913 el Plan de Guadalupe, en el cual se desconocía a Huerta como presidente de la República y Carranza asumía la jefatura del Ejército Constitucionalista y el mando de la nación en tanto no hubiera paz. Ofrecía restaurar el orden constitucional y convocar a elecciones al entrar su ejército a la Ciudad de México.
En torno a Carranza se dio cohesión a los movimientos revolucionarios. Afirmaba que la lucha era por la libertad municipal base de un sistema democrático, por el reparto de tierras propiedad de la nación mediante expropiación de latifundios a favor de los campesinos, y se pronunciaba por mejorar las condiciones de los trabajadores. Su objetivo era “cumplir y hacer cumplir la Constitución”.
Durante el tiempo que duró la lucha armada, el propio Carranza se dio cuenta que la Constitución de 1857, que era la vigente, ya no se correspondía satisfactoriamente con las necesidades sociales que en aquél momento se planteaban con urgencia. Era necesario formular una nueva Constitución. Mientras tanto Victoriano Huerta, asediado por el norte y por el sur, y ya sin el aporte norteamericano, renunció a la presidencia de México en julio 1914.
La lucha armada de los caudillos por las reivindicaciones sociales y por el poder, tocaron a su fin cuando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, reconoció a Carranza como presidente de México el 19 de octubre de 1915.
Carranza formó un Congreso Constituyente el 1 de diciembre de 1916 con sus simpatizantes. Una característica notable de este Congreso fue que en él no hubo cabida para la oposición puesto que en el decreto que lo instituyó, se negaba el acceso a quienes hubieran luchado contra el constitucionalismo. Carranza envió su proyecto de Constitución en el cual se plasmaban muchas de las ideas del jurista Emilio Rabasa.
Al interior del constituyente se perfilaron dos tendencias, la de los “moderados” que eran los seguidores de las ideas liberales emanadas de la Revolución Francesa e impulsadas por las logias masónicas, las cuales se plasmaron en la Constitución de 1857 a las que se adicionaron las Leyes de Reforma, y por otro lado las ideas de los liberales o jacobinos que pugnaban por la erección de un Estado fuerte que impulsara las reformas sociales. Este grupo reflejaba ideas disímbolas desde el anarco-sindicalismo de los hermanos Flores Magón cercanos a ideólogos rusos como Kropotkin y Bakunin, el positivismo de Augusto Compte, el pragmatismo de Spencer y los idealismos de Kant y Hegel.
El Congreso sesionó del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917. La nueva Constitución fue jurada en la ciudad de Querétaro el 5 de febrero de 1917. En lo político no se añadían novedades relevantes a lo decretado en la anterior de 1857. Sin embargo, en el terreno de lo social hubo legislación de vanguardia.
En la discusión referente a la educación (artículo 3º.) prevaleció la visión de los radicales los cuales consideraban que la influencia de la religión en la sociedad era nefasta y que ésta debía quedar proscrita en todas las escuelas primarias oficiales y particulares. Se insistió en que la Iglesia Católica debía ser reconocida como enemiga histórica del gobierno. Se proponía que el Estado fuera el promotor, a través de la educación, de forjar el sentimiento nacional y por lo mismo la unidad de la nación.
El artículo 3º, después de acaloradas discusiones, finalmente declaraba la libertad de enseñanza, pero la establecía laica y proscribía a las corporaciones religiosas o ministros de culto para enseñar ni dirigir ningún colegio.
Tales medidas contradecían y contradicen la realidad del país, México, mayoritariamente católico. Este artículo sentaba un muy mal precedente al rechazar el derecho natural y hacer prevalecer un supuesto derecho social, pues pretende desde la Constitución, que el Estado desplace a los padres de familia a quienes asiste el derecho natural para educar a sus hijos con los principios que ellos consideren como los mejores.
El artículo 27º refleja muy clara la ideología de la Revolución Mexicana. En este apartado se legisla acerca de la propiedad de la tierra, de las aguas, bosques y subsuelo, y se señala que corresponde a la nación el dominio territorial completo y que será ésta la que otorgue la propiedad privada a los particulares. Aquí se destaca que no se concibe a la propiedad privada como un derecho natural de los individuos sino que esa les es concedida por el Estado. En este artículo se promueve una mezcla entre pequeña propiedad y tierras comunales (ejidos).
En el artículo 123 referente a las relaciones obrero-patronales, el Estado nuevamente se erige como regulador, reglamentador, legalizador y árbitro en toda la cuestión obrera y sus relaciones con los patronos. En este artículo se da satisfacción a las demandas de los trabajadores en cuanto a horarios de trabajo, salario mínimo, protección a mujeres y niños trabajadores, descanso obligatorio, participación de utilidades, derecho de asociación y huelga…
La discusión fue acalorada y extrema entre liberales y radicales de izquierda en torno a las relaciones Estado-Iglesia. Si bien ambas corrientes son anticlericales, los radicales extremaron sus diatribas contra la Iglesia Católica echando mano de ideas de filósofos empiristas, agnósticos, escépticos, pragmáticos e idealistas. Al clero se lo concebía como instrumento de dominio político de un Estado extranjero, el Vaticano.
Los artículos 24 y 130 de la nueva Constitución establecieron que el Estado no coarta la libertad de creencias en los individuos aunque sí sujeta a la Iglesia a través de la observancia de las leyes las cuales piden sobre todo participar en la acción política, poseer bienes y educar.
Novedad en lo político fue que los constituyentes se manifestaron mayoritariamente a favor de un gobierno presidencialista que erigía a un Estado poderoso. Descartaron al parlamentarismo que de acuerdo a los liberales iba más acorde con sistema democrático.
Como podemos observar, la Constitución promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917 constituía a México como una nación laica presidida por un Estado fuerte, dotado de altísimas potestades, prevaleciendo la visión hegeliana de izquierda del Estado por encima de las personas y del bien común.
La Constitución entró en vigor el 1 de mayo de 1917 y a la fecha se le han hecho múltiples reformas acordes a las necesidades que han marcado los nuevos tiempos, a las conveniencias políticas y económicas de los propios gobernantes y a las exigencias del entorno internacional a través de organismos como la Organización de las Naciones Unidas.
