El sistema está metido en un callejón sin salida a cuenta del empleo de los idiomas en la enseñanza. En un callejón que nunca debería de haber entrado. Aunque la verdad es que el origen del mal es muy antiguo.
Ya en 1939, faltando unas semanas para el fin de la contienda, la Comunión Tradicionalista presentó al Jefe del Estado un «memorándum» que contenía ideas para el gobierno de España en la etapa que se avecinaba. Una de ellas decía: «El Estado debe renunciar al papel de pedagogo».
Entre las muchas funciones que el Estado había usurpado a la Sociedad y que el Carlismo venía denunciando estaba el control de la enseñanza. Desde la ley Moyano, de mediados del siglo XIX, el Estado había asumido la función de crear centros de estudio, fijar planes de enseñanza y expedición de títulos. A pesar de la recomendación de la Comunión Tradicionalista, el Estado surgido de la Victoria siguió usurpando las mismas funciones a la sociedad. Hoy éstas están repartidas entre el Gobierno Central y los de la Comunidades autónomas.
En este Estado absorbente se ha regulado por ley hasta el empleo de los idiomas. El Castellano es el oficial. Vascuence, catalán, mallorquín, valenciano y gallego son cooficiales en sus respectivas regiones. El problema surge cuando se quiere fijar los ámbitos de empleo del idioma común y de los regionales.
Se pretende resolver en el terreno legal. La Constitución dice una cosa. Los Estatutos regionales dicen otra. Hay sentencias de los tribunales que no se acatan. Quejas de padres porque sus hijos no se pueden escolarizar en su lengua materna...: Un lío sin solución.
Sin solución dentro de un sistema liberal que todo lo quiere resolver por ley y que no atiende al sentido común.
Hay una estrofa del poeta vasco Felipe Arrese Beitia que, traducida al castellano, dice : nací vascoparlante / me eduqué como vascoparlante / Todo lo que me enseñó mi madre lo hizo en vascuence… Cada uno de nosotros puede decir lo mismo respecto a la lengua que aprendió de los labios de su madre. La lengua que en Europa central, donde los idiomas se mezclan en una misma región, se denomina con la palabra alemana Muttersprache, lengua materna. En mi caso personal mi amor al castellano viene determinado no por lo que diga la Constitución ni por que sea «la lengua del Imperio» (comose nos decía por los años cuarenta) sino porque en ella me habló mi madre.
Y eso es lo que se tendría que tener en cuenta ante todo al organizar la enseñanza de los muchachos.
La Comunión Tradicionalista Carlista propugna la libertad de enseñanza que comprende la creación de centros, el establecimiento de planes de estudios y la expedición de títulos. Por eso deben ser los centros los que determinen el idioma en el que imparten la enseñanza y las horas que dedican al estudio de otros . Y ello lo harán de acuerdo con las necesidades de sus localidades o zonas correspondientes. Teniendo en cuenta que de la manera con que respondan a esas necesidades atraerán alumnos a sus aulas o fracasarán. Responderán así a los deseos de los padres que, como es natural, buscarán lo más conveniente para sus hijos, con más acierto que los burócratas de los ministerios o consejerías que son quienes actualmente realizan esas funciones.
Se impondrá el sentido común. Se conjugarán el deseo de conocer y perfeccionar cada uno su lengua materna, con la utilidad de dominar un idioma que hoy es hablado por cientos de millones de personas. Si hay algún padre tan insensato que quiere privar a su hijo del dominio de la lengua castellana y encuentra un centro en que satisfagan su deseo, con su pan se lo coma. Quien, además de dominar la lengua común desea conocer la propia de su región por razones fáciles de comprender, encontrará colegios donde ello sea posible. Quien no quiera que su hijo pierda el tiempo en el estudio de un idioma que no tiene utilidad material alguna, podrá ejercer su derecho que, no por parecer indecoroso, es menos respetable.
Los centros podrán ser de iniciativa privada o de la administración, tanto estatal como autonómica, establecidos éstos con carácter subsidiario.
En una palabra: si el Estado no hubiera usurpado las funciones que en educación corresponden a la sociedad, no estaríamos hoy metidos en un conflicto que nos cuesta tiempo y dinero. Además tendríamos una educación de calidad, pues la actual está reconocida como la de peores resultados del mundo.
Carlos Ibáñez Quintana
Secretario de Programa de la CTC
