Algunos sectores de la ginecología que viven de la eugenesia han decidido entrar en política para tratar de impedir que el Gobierno siga adelante con sus planes de proteger la vida del paciente embriofetal, de manera que siga siendo posible su eliminación. Para ellos, los seres humanos fetales más graves, ya no serian pacientes, sino desechos reproductivos que deben ser eliminados en aras del progreso, del derecho de autodeterminación de la madre y en beneficio de la sociedad.
La semana pasada, un importante diario de corte izquierdista, se hacía altavoz de la iniciativa de dos ginecólogas dedicadas al diagnóstico prenatal que han promovido una movilización de la profesión en defensa de la «ley Aido» mediante la solictud de adehesión a un manifiesto que han elaborado. Las promotoras de esta iniciativa son Pilar Martínez Ten, que actualmente centra sus trabajos de investigación en la Clínica Delta en el análisis ecográfico tridimensional del fenotipo de los seres humanos con cromosomopatía y otros síndromes, y Begoña Adiego, también trabajadora de Clínica Delta y dedicada al diagnóstico prenatal.
Dice el conocido diario que han conseguido 645 firmas de profesionales dedicados al mismo negocio de la detección precoz de anomalías, que podría verse perjudicado si eliminar a los pacientes fetales no fuese legal. En el documento redactado por estas ginecólogas y que ha sido entregado a Fernando Román, Secretario de Estado de Justicia, se dice, entre otros tópicos, que «la decisión de interrumpir el embarazo causa mucho sufrimiento. Si la ley no permite la interrupción de la gestación en estos casos [de anomalías fetales graves], a la dramática situación se sumará el desamparo legal que sufrirán las gestantes». Pero más bien lo que les preocupa es una disminución en la demanda de los servicios que prestan y la persecución por la justicia de todos esos licenciados que asesoran en el sentido de eliminar a los pacientes graves y a aquellos que terminan por cometer el feticidio. De estar realmente preocupados por las mujeres tendrían en cuenta que al drama de tener un hijo con anomalías pretenden sumar el trauma de su eliminación intencionada.
Una de las premisas para ofrecer un diagnóstico prenatal cada vez más precoz a toda la población de embarazadas está basada en el miedo. Los defensores del diagnostico prenatal abortista entienden que la población cada día accede más tarde a la maternidad y cada vez se tienen menos hijos al ser promocionada la ideología de la planificación familiar. Como se tienen pocos hijos y a edades avanzadas, la población demanda que se le garantice la «normalidad», sostienen. En efecto,la maternidad tardía hace que la probabilidad de anomalías fetales aumente y el temor a tener un hijo discapacitado justificaría para ellos la necesidad de ofertar el diagnóstico prenatal «para decidir» a toda la población gestante.Su universalización, raiz del negocio, se justifica por la dificultad establecer verdaderos factores de riesgo.Para ellos, el riesgo es equivalente ser mujer embarazada, de manera que sostienen que «todo feto es un malformado hasta que no se demuestre lo contrario».
Con este alarmismo tremendista se promueve el miedo a la enfermedad y al sufrimiento, para generar demanda, desde los sectores de la ginecología que viven de la eugenesia y que ahora ven amenazado su negocio si se pretende proteger la vida de todo paciente fetal eliminando cualquier tipo de discriminación por razón de edad o de salud. Si no se pudiera eliminar al enfermo, la razón de ser del diagnóstico prenatal sufriría un gran varapalo.
Especialmente elocuente sobre el negocio de la eugenesia a través del diagnóstico prental universal es lo que se dice en la introducción del libro «Nociones para el Diagnóstico Prenatal de Malformaciones Embrionarias y Fetales» publicado en enero de 2011 por José Bajo Arenas, siendo presidente de la SEGO y Joaquín Díaz Recasens, siendo presidente de la sección de ecografía de la SEGO. Destacamos la declaración de intenciones eugenésicas que mueve oficialmente a estas sociedades: «La ventaja de diagnosticarlos tempranamente en el primer trimestre radica, como es simplemente deducible, en la mayor facilidad y menor riesgo de interrumpir la gestación» (pag.7)
En España, en último año fueron eliminados unos 3300 seres humanos tras el diagnóstico prenatal bajo el supuesto eugenésico, la cifra asciende a 11000 si computamos los últimos cuatro años, y a 45000 si lo hacemos desde 1985 en el que comenzó la despenalización de este supuesto. Son pocos si los comparamos con los abortos por otras causas, sólo suponen un 3% del total, pero de ellos el 100% de sus madres pasaron por el negocio del diagnóstico prenatal eugenésico. Curiosamente, la probabilidad de que en la naturaleza se dé una malformación congénita (leve o grave) es de ese mismo 3%. Ello quiere decir que en el 97% de las mujeres que acuden a estos negocios todo será normal, pero todas acuden a ellos y muchas con la intención de poder eliminar al hijo en caso de que se le diagnostique algún defecto. ¡Un gran negocio a pesar de que «sólo» aborten el 3%! Algunos feticidios serán directamente acometidos en las unidades que se encargan de su detección, otros nutrirán los establecimientos del aborto y la contracepción por recomendación de los primeros.
Las ginecólogas promotoras de la iniciativa apelan a los conocidos tópicos de los abortistas pro-decisión para seguir generando miedo. Apelan al tópico de que abortar es una «decisión muy difícil», que «obligar» a tener un hijo que nacerá con discapacidad o corta esperanza de vida supone mucho «sufrimiento», que tendrán que «irse a otros países» en los que la vida no esté protegida, que aumentaran los «abortos clandestinos» aunque por personal cualificado que los harán al margen de la ley, que los que cometan el crimen (madres y ginecólogos) quedararán en «desamparo legal», que por «compasión» es preferible «interrumpir» la vida de una persona que morirá pronto, que nacera con gran discapcidad o que necesitará de ingentes recursos para su cuidado.
Sin embargo, todos estos argumentos no son de tipo médico ni racionales, sino políticos o emocionales, es más; son contrarios a la deontología médica y por supuesto no son representativos del sentir de la profesión sino de un sector que vive de ello y que es presa fácil del espíritu que domina, con mentiras, al mundo.
Esteban Rodríguez Martín
