Ante las declaraciones del Cardenal de Santo Domingo aparecidas en infoCatólica: “El cardenal López Rodríguez arremete contra un sacerdote que denuncia a las azucareras”
Soy el P. Antonio Diufaín Mora, sacerdote y misionero de la Diócesis de Cádiz y Ceuta (España), compañero del P. Christopher Hartley y expulsado junto con él en septiembre de 2006, después de más de 11 años de misión (los mejores de mi vida sacerdotal), por el obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, de la República Dominicana.
Actualmente llevo casi cinco años de misionero en la Prelatura de Moyobamba, en la selva peruana.
Mi antigua parroquia en el este de la República Dominicana –San Antonio de Padua, de El Puerto– era vecina de la del P. Hartley (San José, de Los Llanos), ambas con gran número de bateyes del Estado (CEA) y de empresas privadas (Viccini y otros) en sus territorios.
En mis casi veinticinco años de sacerdote y diecisiete de misionero, he podido conocer diversos países de Europa, América, África y Oriente Próximo, y en ningún lugar he visto la miseria dramática y las dolorosas injusticias que se ven en los bateyes de la Región Este de la República Dominicana.
Las denuncias realizadas, y no solamente por el P. Christopher Hartley, contra la industria azucarera dominicana, por las graves injusticias cometidas contra sus trabajadores, ni son una “campaña contra” nadie, ni buscan “desacreditar a un país” ante los foros internacionales, ni quieren decir que se “dirijan ataques” a la República Dominicana, ni son contra “los dominicanos”, ni son parte de “un plan secreto para la unificación de la isla”, ni pretende cargar a la República Dominicana con la solución de los problemas del vecino Haití; sino que, simplemente, son la denuncia de las graves injusticias laborales y sociales cometidas durante muchos años por las empresas cañeras (públicas y privadas) y amparadas por las autoridades del país, contra sus propios trabajadores, haitianos y dominicanos. Porque estas injusticias también afectan a una gran cantidad de dominicanos trabajadores de los ingenios azucareros y moradores de los bateyes. Ésta y no otra es la cuestión.
La gravedad de las injusticias cometidas y la responsabilidad de subsanarlas no queda compensada ni disminuida por la gran labor de ayuda del Gobierno y del noble y querido pueblo dominicano al vecino país de Haití.
Querer convertir un problema de flagrante injusticia social y laboral, en una cuestión de antidominicanismo, como parecen pretender con sus declaraciones algunas autoridades civiles y eclesiásticas, no es más que un despropósito, que con la excusa ultranacionalista y patriotera –que no, patriótica–, busca desviar la atención del centro del problema.
Y el problema es que hay grandes intereses personales y económicos en juego, baste saber como ejemplo que el mencionado Ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana es uno de los grandes accionistas de una de las mayores azucareras del Este.
De todos modos, que un ministro del Gobierno, sin escrúpulos y con intereses personales en el asunto, defienda a las azucareras y ataque al P. Christopher, se puede entender fácilmente. Lo que me resulta imposible de entender, y me parece que a muchísimos dominicanos tampoco, es la reacción del Sr. Cardenal de Santo Domingo. Duele mucho leer sus declaraciones, aparecidas en distintos medios, en las que, en lugar de reclamar el fin de las injusticias cometidas en su país contra sus feligreses, defiende a las empresas que las cometen y a las autoridades que las amparan, descalificando públicamente al sacerdote que las denuncia. Aquí si que no se entiende ni el motivo ni la finalidad de sus palabras. Ésta si que no parece una actuación muy digna de un sacerdote, aunque sea Cardenal, con todo respeto, eminencia.
Dios bendiga y la Virgen de Altagracia ampare al querido pueblo dominicano.
P. Antonio Diufaín Mora
