En su discurso de inauguración del 138º período ordinario de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Alberto Fernández anunció el próximo envío de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Los medios de comunicación señalaron una fuerte presencia de pañuelos verdes, y la algarabía de muchos legisladores. No estuvo mal comenzar con el consabido eufemismo que disimula el crimen abominable, como calificó el aborto el Concilio Vaticano II. Prometió el presidente un proyecto de ley que «legaliza el aborto en el tiempo inicial del embarazo, y permita a las mujeres acudir al sistema de salud cuando tomen la decisión de abortar». Habrá que esperar el texto del proyecto para saber cuántas semanas de vida intrauterina concederán los legisladores a los niños por nacer, cuyas madres decidan desprenderse de ellos. El recurso al sistema de salud indica implícitamente que puede considerarse al embarazo como una enfermedad. Los partidarios de la liquidación impune de futuros argentinos suelen afirmar que se practican clandestinamente unos quinientos mil abortos por año. ¿Cómo podrá el desquiciado sistema sanitario del país hacerse cargo de esa multitud?. Suponiendo que el recurso al aborto será gratuito, ¿de dónde obtendrá el Estado los medios financieros necesarios?.
La argumentación presidencial es la consabida: la sociedad «debe respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos». La pertinacia de los abortistas elude siempre responder a la cuestión fundamental. Me he cansado de recordar, en las más diversas intervenciones, que según los estudios de genética desarrollados en el siglo XX, el fruto de la concepción no es un apéndice del cuerpo de la madre sino otro ser humano, con una identidad distinta de la de sus progenitores, con un ADN propio que ya señala desde el primer momento de su existencia -el de la concepción- su condición femenina o masculina. El desprecio de la realidad de la naturaleza va unido a la exaltación de una libertad subjetiva sin contenido, y que no reconoce fronteras. Aunque el argumento parezca un desligamiento indebido de la razón, vale preguntarse por qué otras conductas criminales, que muchas veces responden a un complejo de causas, quizá alguna de ellas atendible, no pueden gozar también del favor de la ley. Así sería aliviado en algo el atiborrado mundo penitenciario. Volvemos a la sólita cuestión: resolver qué es eso que crece silenciosamente en un vientre materno, desde el microscópico estado embrionario hasta la configuración fetal, de la que existen conmovedores testimonios fotográficos que muestran cómo va adquiriendo los rasgos infantiles.
En realidad, y desde hace tiempo, disposiciones legales y sentencias judiciales admiten el aborto en diversas circunstancias. Lo que ahora se busca es una legalización total. Es bien conocido el uso que gobiernos totalitarios han hecho de él como medio de control de la natalidad. Se han cometido horrendos genocidios. En un lejano antecedente bíblico, el rey de Egipto se propuso impedir que el pueblo hebreo, al que tenía esclavizado, siguiera multiplicándose. Pero aguardaba a que los niños nacieran para arrojar a los varones al Nilo. Las parteras Sifrá y Puá «tuvieron temor de Dios» y no acataron la orden del faraón (cf. Éxodo 1, 15 ss). Faraones y Herodes modernos, Kissinger, Soros, Rockefeller, lo han hecho y hacen con guante blanco. Entre tanto, la semipoblada Argentina sigue sin comprender la consigna de Alberdi, «gobernar es poblar».
Somos muchos los que hacemos votos para que ese proyecto no se convierta en ley. Otra vez, como en 2018, el Senado de la Nación, que representa a las provincias -a la Argentina profunda- puede ser la instancia decisiva. Un antecedente, digno de particular mención, es el caso del senador José Mayans, presidente del bloque oficialista, quien ha reiterado su posición contraria con palabras bien elocuentes: «Si se aprueba el proyecto sobre el aborto, el Estado está autorizando a matar a una persona… de aprobarse el texto se va a violar la Constitución… matar a una persona es un crimen. Está prohibido tomar una vida por sí a un ser que se está gestando». El senador concluye su declaración proponiendo una prioridad en la salud pública: «nadie tiene que morirse, ni la mujer ni el niño». El discurso presidencial -hay que reconocerlo- anunció también una medida digna de elogio. Prometió otro proyecto para instaurar un «Plan de los mil días», para el cuidado de embarazadas, niños y niñas, el cual buscará «garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida». Quiera Dios que pueda realizarse. Cabe la duda: muchas promesas y buenos deseos de un Estado que se postula «presente», y alterna su agobiante meterse en todo, con la ausencia de donde debería estar.
En el mismo discurso, el presidente Fernández anunció el lanzamiento de un contundente programa de educación sexual integral, y prevención del embarazo no deseado. Debe pensar que los planes siniestros que se vienen implementando hace tiempo, y que avasallan la patria potestad son poco contundentes, aunque sorprenden por su inmoralidad a muchos educadores, e incentivan la desorientación de la adolescencia.
El actual Ministro de Salud sabe muy bien de qué se trata: es un histórico repartidor de condones. En este asunto, como en el del aborto, los políticos tienden a pensar que solo la «hipocresía» de quienes respetan y defienden el orden de la naturaleza, y promueven una educación que sea formación verdaderamente integral de la persona, suscitan y alimentan la oposición a esas medidas que cuentan con ingentes medios financieros, y con apoyos internacionales. Una educación integral no se limita a la trasmisión de conocimientos -que, en los planes oficiales, se destacan por su parcialidad, y su ideologismo anticientífico- sino que ha de orientar la conducta, alertar acerca de los vicios que atrapan a la «cultura joven», con el favor de la tilinguería mediática, en suma, proporcionar una educación moral que refiera la sexualidad a la estabilidad del matrimonio y la familia. En todo caso, hipocresía es la de los manipuladores de conciencia, que procuran disimular sus ardides eludiendo la verdad del hombre, y proponiendo soluciones que agravarán los problemas.
Tangencialmente está implicado en este asunto un grave problema de política de población. La supuesta Educación Sexual Integral -que no es ni educación, ni integral- promueve el libertinaje sexual, y desalienta la natalidad ordenada en la familia. Como sabemos, el aborto es presentado como una solución al «embarazo no deseado». La Argentina tiene un inmenso territorio, y se arriesga a copiar el invierno demográfico de los países europeos; ya lo he dicho antes, pero conviene insistir, porque nadie lo advierte. No quieren advertirlo los políticos que peroran contra el imperialismo.
Los proyectos reseñados evidencian la situación de decadencia moral de la sociedad argentina, que acompaña a la del Occidente poscristiano. En esta situación no se logrará instaurar la justicia, que se pretende obtener con medidas económicas ineficaces, de períodos «neoliberales», socialdemócratas y populistas. No puede haber justicia sacrificando la verdad del hombre, la cual reluce a la luz de la Verdad de Dios. En la actual coyuntura nacional los cristianos somos dramáticamente interpelados; cualquiera sea el camino que tome luego la marcha de los asuntos, no podemos eludir nuestra responsabilidad, y sabemos bien cuál es esta.
INVITADO
Héctor Aguer Académico de Número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
