Nunca, en la historia de la democracia española, había comenzado un gobierno con tanto respaldo en el parlamento, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos como lo tuvo el gobierno de Mariano Rajoy al iniciar su andadura tras las elecciones de noviembre de 2011.
Ciertamente, ese respaldo era necesario, puesto que el nuevo ejecutivo se hallaba ante una tarea ingente: la de recuperar el equilibrio y la sensatez en todos los asuntos desequilibrados insensatamente por el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Entre ellos se encontraba, sin duda, como uno de los asuntos prioritarios, la economía. Pero no era la economía lo único sacado de quicio por las ocurrencias y los delirios de ingeniería social del anterior presidente. En el legado de éste se encontraba también una ley que convierte en derecho la muerte de seres humanos en sus primeras semanas de vida. Una ley que, con toda razón, había sido recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional (… por cierto, ¿existe el Tribunal Constitucional?...) En el legado de Zapatero se encontraba también una ley que priva a los niños de su derecho a tener un padre y una madre. Y también esta había sido recurrida, con toda razón, por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional (… por cierto, ¿existe el Tribunal Constitucional?...). Y otra ley que decide por vía parlamentaria quiénes fueron los buenos y los malos en nuestra contienda civil. Y obliga a todos a aceptar ese decreto de damnatio memoriae, sin el menor respeto a la libertad de pensamiento de cada uno.
El ejecutivo de Mariano Rajoy tenía ante sí, qué duda cabe, una importante y difícil misión: Por una parte, estabilizar y reconducir la economía, y por otra parte recuperar los derechos y libertades perdidas como consecuencia del talante despótico del anterior presidente de gobierno. Ésta era su doble misión, y este era también el compromiso que los populares habían adquirido con sus votantes al recurrir las leyes zapateristas más inicuas ante el (¿inexistente?) Tribunal Constitucional.
Sin embargo, dar marcha atrás en el experimento de ingeniería social de Rodríguez Zapatero conllevaba un riesgo. Pues ello significaba oponerse a la máxima, aceptada en nuestro país como un dogma de fe, de que es la izquierda la que dictamina el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo políticamente correcto y lo incorrecto. Significaba, por tanto, hacer frente a la izquierda en una batalla cultural, una batalla de argumentos sobre los derechos de los más débiles: el derecho a la vida, los derechos de los niños. Y también sobre el derecho de todos a la libertad de pensamiento.
Esa batalla se podía ganar, o se podía perder, y con ella el gobierno. Pero había también una tercera posibilidad: La de olvidarse de todo esto, y no arriesgar el poder por cuestiones de tan poca monta. A fin de cuentas, lo importante es la economía, y no unas abstrusas e intrincadas cuestiones morales y teóricas, que no interesan ni a veinticinco. Esta tercera alternativa tenía un nombre: indignidad.
De manera que el gobierno más respaldado en la historia de la democracia española, debía decidirse. Sus miembros y su presidente, Mariano Rajoy, debían decidir qué harían con la confortable mayoría en las dos cámaras del parlamento, en los parlamentos regionales y en los ayuntamientos de las ciudades más importantes. Hacia qué la encaminarían.
Y las alternativas eran, en el fondo, estas dos: Tenían que escoger entre la indignidad y una batalla cultural con posibilidad de derrota. Escogieron la indignidad, y con ellos queda. Y ahora van a tener también la derrota.
Francisco José Soler
