Entre tantas desapariciones de momias de la Transición, la semana pasada reaparecióAlfredo Pérez Rubalcaba con una tribuna en El País, y no para dar la matraca de la reforma constitucional para crear el Reino de los Estados Unidos de España, sino para defender el aborto como derecho. (¡Es estremecedora la militancia de los socialistas en la cultura de la muerte.)
Debido a la tabarra catalana, ha pasado desapercibida una tribuna en El Pais de Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que este doctor en Química daba una lección magistral de la teoría alternativa del uso del Derecho, muy en boga en los años 70 y 80 por los jueces progres y rojos para hacer la revolución sin cambiar las leyes burguesas.
En su artículo, Rubalcaba reconoce que la ley socialista que eleva el aborto a derecho irrestricto es de muy difícil encaje en la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, el TC podría declarar la ley inconstitucional, pues la jurisprudencia establece que el nasciturus tiene derechos aunque no goce de la condición de persona.
Para evitar que el TC falle y cause una desafección de los ciudadanos y ciudadanas a la Constitución, Rubalcaba emplaza a Mariano Rajoy para que haga retirar a los diputados de su partido el recurso de inconstitucionalidad que presentaron.
Aquí podéis leer su precaria argumentación, mezcla de politiqueo y sentimentalismo.
... si el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la ley de plazos –que es lo que pretende el recurso del PP–, millones de ciudadanos estarían legitimados para pensar que en nuestra Carta Magna no cabe que las mujeres puedan decidir sobre su embarazo, y que, por lo tanto, está desfasada y hay que modificarla. Pero a nadie se le escapa que esa modificación es altamente improbable, pues una cosa es que el PP renuncie a cambiar una ley de plazos y otra bien distinta es que acuerde una reforma constitucional que la admita. Ciertamente, también cabría esperar a que se produjera un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Algo, que de producirse, exigiría un tiempo largo durante el cual muchas mujeres se verían privadas de una libertad de la que ahora, por fin, disfrutan en nuestro país.
Y no quisiera que se interpretaran mal mis palabras, pero es evidente que un fallo del Tribunal Constitucional a favor del recurso del PP pondría, primero al propio tribunal y después a nuestra Constitución, en una delicada situación. Es evidente que estas son consideraciones políticas y que la magistratura constitucional debe considerar los aspectos jurídicos. Aunque no hay que olvidar, y doctrina hay que lo avala, que todas las leyes aprobadas en el Parlamento deben gozar de una presunción favorable de constitucionalidad que obliga al tribunal a buscar, a explorar, las interpretaciones de la Constitución que las amparen.
Lo que, en todo caso, cabe pedirle al Gobierno es que complete la decisión anunciada y encuentre el mecanismo de retirada de su recurso. Debería reunir a los diputados que en 2010 firmaron el recurso, con el actual presidente y la vicepresidenta del Gobierno a la cabeza, para que, de manera urgente, presenten el desistimiento. Sería un auténtico gesto de Estado que, sin duda, aliviaría al Tribunal Constitucional y eliminaría la sospecha de que el PP no ha renunciado a cambiar la ley, sino que, simplemente, se sirve de una artimaña para que otros le hagan el trabajo. Algo que, a mi juicio, sería una monumental irresponsabilidad.
Aparte de lo antedicho queda claro para los socialistas que ellos se encuentran en una situación de superioridad moral sobre los centristas peperos, pues les aplauden por incumplir su programa electoral y les dicen lo que deben hacer con los recursos.
Si yo fuese Rajoy o Soraya, me tomaría muy a mal que un químico me diese lecciones de Derecho.
Hay otra conclusión que podemos sacar del artículo de Rubalcaba, y que se puede unir a la noticia de que Rajoy y Juan Carlos I presentaron a Mas la oferta de permitirle celebrar su referéndum separatista a cambio de que en toda España se celebrase otro en caso de que ganase el sí-sí. La conclusión es que en España, desde que el rey convirtiese las Cortes ordinarias de 1977 en constituyentes por obra y gracia de su mensaje, contrariando el real-decreto de convocatoria, esta casta se ha saltado sus leyes y ha gobernado mediante el chanchullo, el apaño, el enjuague, el tejemaneje, es decir, de espaldas a nosotros, los ciudadanos españoles y contribuyentes.
(Varios ejemplos: la admisión de la salud psíquica de la madre como excusa para amparar cientos de miles de abortos, la emisión ilegal del segundo canal de Euskal Telebista en 1986, la concesión de una licencia de televisión privada a un canal de pago, el Estatuto catalán se tramitó como reforma del anterior pero luego aquél derogó a éste, el invento por la Generalitat del derecho a decidir para esquivar el siempre polémico derecho a la autodeterminación, el recurso a una ley orgánica para amparar la abdicación de Juan Carlos I y el TC invocó la interpretación «evolutiva» de la Constitución para legalizar el llamado matrimonio homosexual... Esta democracia nos ha llevado a lo peor de la I Restauración, cuando el liberal conde Romanones dijo eso de: «hagan otros las leyes y déjenme a mí los reglamentos».)
Pedro Fernández Barbadillo
CODA: Un artículo jurídico sobre la retirada del proyecto de reforma de la inconstitucional ley del aborto, escrito por José María de Pablo.
