Según palabras del ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón, la prometida y demorada reforma de la ley del aborto, al parecer, verá la luz en el primer trimestre de este nuevo año.Otro nuevo retraso que pone de manifiesto el propio conflicto de intereses de su gobierno. Su injustificable demora conseguirá que en el primer año de mayoría absoluta de Mariano Rajoy se superen los 118.359 españoles que han sido eliminados antes de su parto en 2011. Esta estremecedora cifra supera en más de cinco mil los homicidios embriofetales perpetrados en nuestro país en el último año de vigencia de la anterior ley de despenalización de supuestos desarrollada bajo el mandato de Felipe Gonzalez.
Al parecer, la idea es volver a una ley de despenalización en determinados supuestos y eliminar la ley de plazos que garantizaba la eliminación de los no deseados a demanda de su progenitora. Tal ley ,todavía hoy,permite el homicidio por debajo de las 14 semanas «por la cara», de las 22 si el « indeseable» lo es después de que dos especialistas consideren que el niño en gestación tiene «riesgo de graves anomalías», y sin plazo límite si un comité estima que el niño nacerá con una «enfermedad incompatible con la vida o grave e incurable en el momento del diagnóstico». En virtd de ello, el diagnóstico prenatal eugenésico se ha cobrado en 2011 otras 3590 víctimas, alrededor de 300 más que en 2010.
El ministro de justicia, apelando al Tribunal Constitucional, considera que el legislador tiene el deber de legislar la sentencia muerte de un ser humano en la fase embriofetal de su vida si es que éste causa un conflicto de intereses a sus progenitores. Por tanto, intuimos, que la nueva ley de despenalización del homicidio preparto tratará de abordar esos supuestos en los que el nacimiento de un nuevo hijo causaría un conflicto de intereses a sus padres.
Si, como han prometido, es cierto que eliminarán el supuesto eugenésico en atención al mandato de Naciones Unidas, las anomalías detectadas por el diagnóstico prenatal no podrán ser aducidas como causa del conflicto de intereses que permita ejecutar al enfermo. Por tanto serán otras las razones que puedan causar el conflicto.
Desde el punto de vista que expone el ministro, el niño en gestación podrá ser acusado de un nuevo delito penado con la muerte; se trataría del delito de «lesa maternidad». Es decir,se considerará al nascituro como un delincuente si alguien consiguiera demostrar que su vida y su nacimiento podrían atentar contra los intereses de los progenitores y en especial contra los de su madre biológica.
Sin embargo, la ley que se prepara debería abordar una cuestión primordial: ¿Quiénes serán los verdugos? Si es cierto que se demuestra que la nueva vida supone un conflicto de intereses y un juez o el legislador consideran que la lesión del interés es de tal magnitud que el reo debe ser ajusticiado, habrá que designar un ejecutor. Pero, ¿tendrá derecho el reo a un abogado defensor en su juicio?¿ será condenado ante una simple imputación o se exigirá una demostración de su culpabilidad?
Resulta inadmisible que un derecho de rango fundamental y pre político, como lo es el derecho a vivir, quede supeditado a otros de menor rango.Sin embargo el timorato gobierno teme que legislar la protección de la vida humana desde su principio pueda suponer un conflicto contra sus propios intereses políticos y electorales. Porque de hacerlo así, la lógica y la coherencia debería llevar a investigar si la manipulación y congelación de embriones de persona, la reproducción artificial, la pildoras postcoitales y contraceptivas o los dispositivos intrauterinos, podrian ser constitutivas de un delito contra el derecho a la vida ¿Si fuesen fieles a la verdad, a la ética y al sentido común -no ya a Dios-,les haría perder el favor popular en esta sociedad en crisis?
Por otro lado, las leyes que permiten acabar con la vida de un ser humano en desarrollo han supuesto un cambio fundamental en la misión del médico, que ha quedado pervertida en sus compromisos deontológicos con la sociedad. Para evitar esta corrupción de la profesión médica, sería bueno que los médicos continuasen ocupándose de curar y, si nadie del gobierno considera factible buscar unos padres adoptivos para ese conflictivo «reo de muerte», crear un cuerpo de técnicos abortistas, al margen de la profesión médica y sanitaria, capaces de satisfacer una demanda de una parte de la sociedad que desea tener el poder legal –mal llamado derecho– para decidir matar a los hijos antes de nacer cuando les causan un conflicto de intereses.
De lo contrario comprobaremos cómo las palabras del Dr.Christoph Wilfhen Hufeland (1762-1836) ,escritas mucho antes de la creación del programa T4 de «eliminación de la vida sin valor», vuelven a materializarse:
«Todo médico ha jurado no hacer nada para acortar la vida del hombre. Que la vida humana sea feliz o desgraciada, que tenga valor o carezca de él, eso no va con él. Si opta alguna vez por admitir eso en su trabajo las consecuencias serán imprevisibles.Y el médico se convertirá en el hombre más peligroso dentro del Estado»
Esteban Rodríguez Martín
