Aportación de la Iglesia Católica a la democracia en España (II)

Adhesión y privilegios de la Iglesia.

El documento eclesial más significativo de esta época es la carta publicada por los obispos españoles el 1 de julio de 1937. Está dirigida a los Episcopados del mundo con el fin de informarles de los hechos. En ella lamentan el hecho de la guerra. Los Obispos españoles dicen que era una tragedia previsible que ellos no han provocado y han tratado de evitar. Consideran que han sido leales con las autoridades, y han intentado fortalecer la paz con el perdón. Afirman que la guerra es fruto de la temeridad de quienes no supieron gobernar según justicia. Lamentan sobre todo la falta de autoridad ante muchos atropellos, los incendios en mayo de 1931, las revueltas en octubre de 1934, la destrucción de las 410 iglesias, incendiadas y saqueadas desde febrero a julio de 1936.

Aportan ya por primera vez, los datos terribles de la persecución. En un año 14 obispos y 7.000 sacerdotes han sido fusilados. Muchos de ellos fueron también torturados. Más de 20000 fieles cristianos han sido asesinados por el simple hecho de serlo. Estos datos revelan el odio que se había sembrado contra la Iglesia, y explican, al menos parcialmente, las causas profundas de la guerra civil; “pero la Iglesia de España no la ha querido ni la ha provocado” Hasta última hora la Iglesia acató y apoyó el sistema político legítimamente establecido. Ante la falta de garantías y de seguridad padecida por la población, los obispos justifican la sublevación militar, a la vez que manifiestan algunos temores acerca de la posible evolución del nuevo régimen naciente. “Confiamos en que no querrán imitar modelos extranjeros”, dicen, aludiendo sin duda a los fascismos presentes para entonces en Europa (1).

Como consecuencia de estos hechos nació el estatuto de la Iglesia católica en el régimen establecido por el General Franco. A la vista de lo que la aportación de los católicos había significado en la guerra civil, Franco instaura un Estado confesional, católico. Así se crea una situación de protección jurídica para la Iglesia católica que en los primeros años es aceptada por los católicos como algo normal, sin protestas significativas. La Santa Sede fue más cauta y tardó en establecer relaciones diplomáticas con el nuevo Gobierno. En Roma las relaciones de Franco con Mussolini y con Hitler provocaban muchas prevenciones. Poco a poco se fue produciendo un acercamiento hasta que en mayo de 1938 la Santa Sede reconoció al régimen de Franco. La Iglesia católica obtenía reconocimiento, protección civil. A cambio de este reconocimiento, a la Iglesia católica se le pide apoyo, colaboración, privilegios y honores para las autoridades civiles, especialmente en la selección y nombramiento de los Obispos.

A medida que Franco fue institucionalizando el nuevo Estado espalo, el aspecto confesional fue adquiriendo mayor consistencia. El Fuero de los Españoles , en 1945, declara que “El Estado español tiene como un honor defender la doctrina y la disciplina de la Iglesia católica”. En 1947 la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado Español, define al Estado español como un “Estado católico, social, y representativo que se constituye como Reino”. Las demás confesiones y religiones quedan en un régimen de estricta tolerancia con duras restricciones en sus actividades públicas.

Todo ello queda recogido y confirmado en el Concordato de 1953, cuando ya el clima de la sociedad española comenzaba a cambiar, la guerra civil quedaba atrás, la unidad católica era menos real y menos beligerante, comenzaban a aparecer los primeros síntomas de otra sensibilidad espiritual.

En 1975, después de cuarenta años de régimen franquista, una buena parte de la sociedad española tiene muy asimilada la idea de que la Iglesia forma parte de este régimen o por lo menos está profundamente anclada en él, con un sistema de privilegios que muchos ciudadanos, católicos y no católicos, ven ya como anacrónico, inadecuado, discriminatorio e injusto. Cuando ahora tenemos que soportar las acusaciones de haber colaborado con el régimen de Franco, de haber disfrutado durante un largo período de tiempo de una situación privilegiada, no lo podemos negar. Pero sí podemos pedir que para hacer una evaluación justa y objetiva de este hecho, se tengan en cuenta las causas que dieron lugar a semejante situación.

II. EL CONCILIO VATICANO II. CAMBIO DE ACTITUDES.

Acabada la IIª Guerra mundial, en Europa se consolidan los regímenes democráticos con amplia participación de los católicos y la el decidido apoyo de la Santa Sede. Desde que en 1953 comenzó a abrirse el aislamiento de España, muchos jóvenes sacerdotes comenzaron a frecuentar las diversas universidades europeas. Por su misma naturaleza universal, la Iglesia y los católicos españoles comienzan a relacionarse con las Iglesias y los países de Europa, antes que otras muchas instituciones. Estas salidas al extranjero hicieron posible que no pocos sacerdotes fueran adquiriendo actitudes críticas respecto del régimen español. El impulso decisivo para la renovación eclesial y política nació del Concilio Vaticano II, pero no es menos cierto que en la Iglesia de España la mayoría del clero joven y muchos grupos cristianos estuvieron muy pronto en sintonía con las Iglesias de Europa. Desde la década de los sesenta era ya patente entre los sacerdotes jóvenes y no pocos grupos católicos el deseo de revisión de la situación establecida tanto en la Iglesia como en las instituciones políticas. (Signo, El Ciervo, Incunable, Cuadernos para el Diálogo, ACNDP, AC).

Desde 1962 hasta 1966 se celebra el Concilio Vaticano II. Los debates y los documentos conciliares provocaron en la Iglesia española honda conmoción y dieron un fuerte impulso a las corrientes renovadoras. Los seglares se vieron impulsados a asumir responsabilidades sociales y políticas, la AC desarrollaba sus programas de formación y preparaba militantes para el apostolado obrero, que luego pasaban fácilmente a la acción sindical y política. Los sacerdotes en sus predicaciones insistían en la necesidad de defender y reclamar la plenitud de los derechos humanos, la libertad de conciencia, libertad de opinión y comunicación, todas las reivindicaciones sociales encontraban fácilmente el apoyo de las comunidades cristianas. Las multas, las detenciones de algunos sacerdotes no pudieron reprimir este movimiento. Todo se acentuó a partir de 1972, cuando ya la sociedad entera vivía la inminencia de la “previsiones sucesorias”.

Como síntoma del estado de opinión que reinaba en las esferas más responsables de la Iglesia católica en España puedo aducir las palabras del Cardenal Tarancón. Después de una mañana de trabajo, en la sobremesa, cuando el Cardenal nos estaba contando algunos recuerdos de su vida durante la guerra civil, interrumpió y dijo: “Entonces prometí a Dios hacer todo lo que estuviera en mi mano para que eso no se pudiera repetir entre españoles, y menos por razones religiosas”. “La Iglesia tiene que ser instrumento de reconciliación y no de división”.

Poco tiempo antes el Cardenal había escrito: “Me propuse dos objetivos, aplicar en España las enseñanzas del Concilio en lo referente a la independencia de la Iglesia de todo poder político y económico, y procurar que la comunidad cristiana se convirtiese en instrumento eficaz de reconciliación para superar el enfrentamiento entre españoles que había culminado en la guerra civil. En resumen, tratar de que la Iglesia perdiese influencia política y ganase credibilidad religiosa. … Por eso luché y esta es mi apología y mi defensa. Si he fallado en el empeño lo dirá la historia. Mi conciencia está tranquila”(2)

Con Tarancón como Presidente de la Conferencia Episcopal, había un grupo de obispos y muchos sacerdotes deseosos de hacer cuanto fuera posible para que la Iglesia fuera realmente un instrumento de acercamiento y reconciliación entre todos los españoles, para que las convicciones religiosas no fueran causa de enfrentamientos ni incompatibilidades entre los españoles.

Esta mentalidad que había ido madurando en el alma de muchos eclesiásticos y fieles cristianos por la sola fuerza del evangelio y de la acción del Espíritu Santo, se aceleró y generalizó rápidamente una vez promulgados los documentos conciliares. Dos fueron los documentos más influyentes en este punto, la Constitución sobre la Iglesia en el mundo, y el Decreto sobre libertad religiosa.

La constitución Gaudium et Spes estaba dedicada a exponer la doctrina sobre las relaciones de la Iglesia con la sociedad. En ella el Concilio defiende el derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida política, exhorta a los católicos a intervenir en la vida pública en defensa de las libertades y del bien común, reclama la independencia de la Iglesia respecto del Estado y de las instituciones políticas, propone un modelo de relaciones entre la Iglesia y Estado resumido en la afirmación de la independencia mutua y la sincera colaboración en favor del bien de los miembros en buena parte comunes, y el mayor bien posible de la sociedad entera.

Entre todas las enseñanzas del Concilio, el documento más incómodo para la situación española resultó ser el breve Decreto sobre la libertad religiosa. Pensado para denunciar la limitación de la libertad religiosa, y de las demás libertades políticas, en los regímenes comunistas, resultó seriamente crítico, aunque de manera diferente, para el Estado confesional de Franco. Este Decreto acaparó en España gran parte de la atención de la opinión pública, en la Iglesia y en la sociedad, durante los primeros años del período posconciliar. En él, el Concilio proclama el derecho de todos los ciudadanos a profesar libremente la religión según la propia conciencia, proclama la obligación del Estado y de las instituciones políticas de respetar el ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos, y niega la competencia del Estado para intervenir en cuestiones religiosas. “El poder civil debe asumir con eficacia, mediante leyes justas y otros procedimientos adecuados, la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos y crear condiciones propicias para fomentar la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan realmente ejercer los derechos y cumplir las obligaciones de su religión y la sociedad goce de los bienes de justicia y de paz que dimanan de la fidelidad de los hombres a Dios y a su santa voluntad” (n.6).

Estas enseñanzas del Concilio no eran compatibles con la configuración de un Estado confesional, en el que sólo los ciudadanos católicos podían ejercer plenamente su derecho a la libertad religiosa. La misma confesionalidad católica del Estado le obligaba a reconocer plenamente la libertad de las demás confesiones y religiones profesadas por los ciudadanos españoles. Anunciar y aplicar las enseñanzas del Concilio, defender la libertad religiosa de todos los ciudadanos españoles suponía criticar indirectamente el sistema vigente y preparar los caminos de la democracia. Esa fue claramente la decisión de la Iglesia y de la mayoría de los católicos españoles.

Con estas decisiones, la Iglesia española se alineaba con la gran tradición cristiana. Sólo dentro de la cultura cristiana se han desarrollado los regímenes democráticos. Los grandes principios en los que se apoya la cultura democrática han nacido como consecuencia de la revelación y de la experiencia cristiana y forman parte de la cultura nacida del cristianismo. Dignidad suprema de la persona como criatura espiritual, libre y responsable, igualdad básica de hombres y mujeres, naturaleza de la autoridad como servicio para el bien común de la sociedad.

Continuará….

(1)Cf. Juan José Ruiz Rico, El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco. Ed. Tecnos.
(2)En Brey, María Luisa, Conversaciones con el Cardenal Tarancón