El bien proviene de una causa íntegra

1. Bonum ex integra causa

Uno de los principios básicos de la doctrina moral católica, citado reiteradamente por Santo Tomás de Aquino, dice lo siguiente: “Bonum ex integra causa; malum ex quocumque defectu” (“el bien proviene de una causa íntegra; el mal de cualquier defecto”). Este principio tiene múltiples aplicaciones. Veamos dos ejemplos:

Para que un acto sea moralmente bueno, es necesario que sea bueno tanto en su dimensión objetiva (el objeto del acto y sus circunstancias) como en su dimensión subjetiva (la intención del acto); en cambio, para que un acto sea moralmente malo, basta que una de esas dos dimensiones sea defectuosa (por ejemplo, un objeto malo o una intención mala).

Para que un consentimiento matrimonial sea válido debe cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: ser un acto consciente y libre, tener por objeto el verdadero matrimonio y proceder de un sujeto capacitado para dar ese consentimiento. En cambio, para que un consentimiento matrimonial sea inválido, es suficiente que falte uno cualquiera de esos elementos: por ejemplo, si el sujeto es menor de edad o ya está casado, o si carece de uso de razón, o si obra coaccionado por una amenaza de muerte, o si no pretende contraer un matrimonio indisoluble y abierto de por sí a la transmisión de la vida, etc.

De la aplicación del principio citado a la vida política, surge que un programa político, para ser moralmente bueno, debe serlo en todos sus aspectos esenciales; mientras que, para ser moralmente malo, basta que uno de sus aspectos esenciales sea moralmente malo.

El Magisterio de la Iglesia ha enseñado constantemente esta doctrina. Consideremos por ejemplo el número 570 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: “Cuando en ámbitos y realidades que remiten a exigencias éticas fundamentales se proponen o se toman decisiones legislativas y políticas contrarias a los principios y valores cristianos, el Magisterio enseña que «la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral».”

Aunque el texto anterior no explicita cuáles son los “contenidos fundamentales de la fe y la moral” o las “exigencias éticas fundamentales” que deben ser respetados por todo programa político, hay muchos otros textos del Magisterio que sí lo hacen.

El Papa Benedicto XVI se ha referido en distintas ocasiones a los que él denomina “principios (o valores) no negociables” de los católicos en la vida política, enumerando varios de ellos: el derecho humano a la vida, los derechos del matrimonio y de la familia, la libertad de educación, la libertad religiosa, la justicia social, etc. El adjetivo “no negociables” expresa lo mismo que hemos dicho antes con otras palabras: se trata de condiciones necesarias de moralidad, que no pueden ser abandonadas (“negociadas”) a cambio de otros valores, por positivos que éstos sean. Como establece otro principio fundamental de la moral católica, no es lícito hacer el mal para obtener un bien; es decir, el fin no justifica los medios.

Por su parte, la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), en sus Pautas para el discernimiento político en año electoral de fecha 28/04/2009, propuso seis criterios de discernimiento, que sintetizó de la siguiente manera:

“1. El respeto por las personas debe ser siempre un criterio fundamental en nuestro actuar y en nuestro juicio, rechazando la tentación de justificar u obtener eficacia a cualquier precio.

2. Juzgar con sentido crítico las políticas concretas por su manera de encarar el problema global de la vida humana en el Uruguay de hoy, atendiendo especialmente a la defensa del derecho de todo ser humano a la vida, desde la concepción, pasando por todas las etapas de su desarrollo, hasta la muerte natural.

3. En las decisiones, cuidar no sólo los propios intereses sino principalmente los intereses de los más vulnerables.

4. Poner como condición necesaria de nuestro apoyo a las distintas propuestas la defensa de la familia basada en el matrimonio estable de un varón y una mujer y la coherencia de esas propuestas con la consecuente visión de la sexualidad humana y su significado. Reclamar la plena y real libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos.

5. Frente a las propuestas económicas, debemos asumir las perspectivas que incluyan una creciente redistribución de la riqueza.

6. En los programas, las prácticas y las expresiones de los partidos políticos y de cada uno de nosotros, debemos construir y defender el pluralismo, a la vez que defender y promover los valores básicos e irrenunciables de la persona humana.”

Es fácil ver que los criterios expuestos por la CEU son de dos clases diferentes: algunos criterios son muy genéricos, por lo cual su aplicación práctica no es inmediata, sino que requiere la mediación de otras normas más específicas; otros criterios, en cambio, tienen una aplicación práctica inmediata, ya que responden directamente a las cuestiones ético-políticas más candentes y debatidas de nuestra época.

Por ejemplo, difícilmente se encontrará en todo el mundo un partido político que alegue estar en contra del respeto a las personas humanas o que no se muestre interesado en combatir la pobreza. Aquí el problema está en los detalles: ¿Cuál es el fundamento y el alcance de los derechos humanos? ¿Cómo combatir la pobreza y promover la justicia social? En cambio es evidente que existen partidos políticos que, por ejemplo, se oponen a que el Estado garantice el derecho humano a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, o promueven la equiparación de las uniones concubinarias y las uniones homosexuales con el matrimonio. De ahí que los criterios Nº 2 y Nº 4 permitan un fácil discernimiento de la ilicitud moral de algunos programas políticos.

Hay muchísimos temas sobre los cuales existe un pluralismo político legítimo entre los católicos; por ejemplo: ¿El monopolio de ANCAP sobre la importación y refinación de combustibles debe ser mantenido o eliminado? ¿Se debe aumentar, mantener o disminuir el gasto público? ¿Se debe aumentar, mantener o disminuir los impuestos? ¿Se debe conservar o derogar el IRPF? En estos casos, los cristianos pueden legítimamente disentir entre sí. No obstante, aún si un cristiano se encuentra dentro de dicho rango de pluralismo legítimo, debe evitar el error de presentar su propia postura como la única válida desde el punto de vista de la fe cristiana.

En cambio hay algunos temas acerca de los cuales la doctrina católica exige a todos los católicos tener una postura unánime: por ejemplo, el rechazo a la legalización del aborto, de las uniones concubinarias y de las uniones homosexuales.

De lo dicho se deduce que, así como es inaceptable que un católico vote por un partido racista aduciendo que el mal de la postura racista de ese partido es compensado por sus aciertos en otras materias (por ejemplo, la seguridad ciudadana o las obras públicas), también es inadmisible que un católico vote por un partido pro-abortista o pro-homosexualista aduciendo que esos errores de su partido son compensados por sus aciertos en materia de justicia social.

En suma, hay errores fundamentales que descalifican absolutamente a un programa político, porque tienden a construir una sociedad inhumana.

2. El caso del aborto

Fijemos ahora nuestra atención en el tema del aborto. Se ha dicho, con mucha razón, que el aborto es el mayor drama moral de nuestro tiempo. No es difícil entender por qué. Algunos estiman en 50 millones la cantidad anual de abortos voluntarios en todo el mundo. De allí se deduce que, en las últimas cuatro décadas, el aborto habría matado a más seres humanos inocentes que todas las guerras juntas de la historia universal. En Uruguay, partiendo de una estimación conservadora de unos 10.000 abortos procurados por año, se puede ver que cada semana el aborto produce una cantidad de víctimas cuantitativamente comparable a las que produjo, a lo largo de doce años, la última dictadura militar. El aborto es, pues, un enorme genocidio en curso. Lo que representó la esclavitud en el siglo XIX (es decir, su mayor lacra social), lo representa el aborto en el siglo XXI. Quiera Dios que, así como hoy nosotros nos horrorizamos de que hace 200 años la esclavitud fuera legal en gran parte del mundo, dentro de pocos siglos nuestros descendientes se horroricen de que en el siglo XXI el aborto directo fuera legal en tantos países del mundo.

Por lo tanto, evidentemente la posición que un partido político asuma ante el problema del aborto es un aspecto esencial para juzgar la moralidad de su programa político. Por eso, a partir del principio moral referido al comienzo de esta nota (bonum ex integra causa…) y de las enseñanzas citadas del Magisterio de la Iglesia, se deduce que no es moralmente lícito votar a favor de un candidato, sector o partido que promueve la legalización del aborto.

Para poder aplicar aquí y ahora este criterio de discernimiento, es necesario que nos informemos acerca de las posiciones de los distintos candidatos, sectores y partidos políticos acerca del aborto. Resulta urgente que los católicos tomemos conciencia de la incompatibilidad radical entre ciertos programas de gobierno y nuestra fe católica y del gran daño que haríamos a la sociedad si apoyáramos propuestas políticas contrarias al orden moral natural acerca del hombre, el matrimonio y la familia.

Daniel Iglesias Grèzes