¿En qué consiste cumplir la voluntad de Dios? Ante todo en poner en sus manos nuestra voluntad y decidir escoger lo que el Hijo de Dios siempre ha escogido: hacer lo que agrada al Padre (cf Catecismo 2825). Necesitamos, para ello, unirnos a Jesús y dejar que el Espíritu Santo nos haga semejantes a Él plantando en nuestros corazones “los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús” (Flp 2,5).

En la parábola de los dos hijos contrasta la actitud del primero de ellos con la del segundo (cf Mt 21,28-32). El primero dice que no quiere aceptar la invitación del padre de trabajar en la viña. Pese a esta negativa inicial, se arrepiente y va. El segundo contesta de inmediato: “Voy, señor”, pero no va.

De algún modo se ve reflejada en esta parábola las distintas respuestas que Jesús obtiene en Jerusalén: los pecadores, ejemplificados por los publicanos y las prostitutas, no cumplían la voluntad de Dios, pero al escuchar a Juan el Bautista y a Jesús se arrepintieron y creyeron. En cambio, los sumos sacerdotes y los ancianos, que decían obedecer a Dios, al rechazar a Juan y a Jesús, no le obedecen en realidad, sino solo de labios hacia fuera.

Por su arrepentimiento y por su fe son los pecadores quienes “llevan la delantera en el camino del Reino de Dios”, ya que no se puede avanzar en este sendero sin creer y sin convertirse. Van por delante no por ser publicanos y prostitutas, sino por haber sido los primeros en convertirse. También los sumos sacerdotes y los ancianos pueden incorporarse a este camino si están dispuestos a la fe y a la conversión.

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La aceptación social del aborto es, prácticamente, unánime y total. Personas serias y cabales, y de buen corazón, que reconocen lo obvio – y hace falta empeñarse mucho en no querer “ver” para “no ver” - ; es decir, personas que se dan cuenta de que abortar es matar a un ser humano durante la etapa embrionaria de su existencia, sin embargo se retraen a la hora de decir que el aborto merece un reproche penal.

Han sucumbido, casi todos, a la perversa lógica de la primera ley del aborto aprobada en España por un Gobierno del PSOE, y a la legitimación legal – leguleya, diría yo – de la misma a cargo de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional.; esa sentencia que hablaba del nasciturus, o de la vida del nasciturus, como “bien jurídico” y “comprendía” la despenalización del delito de aborto en determinados supuestos.

En aquel entonces, allá por el 1985, se consideraba que el aborto era un mal. Un mal, sí. Pero un “mal menor” – nefasto concepto, visto lo visto - . Nadie, en teoría, querría aprobar el aborto. Nadie, en teoría, querría abortar. Se decía que, en cualquier caso, serían casos extremos: un riesgo grave para la salud de la madre, un embarazo como consecuencia de una violación o una grave tara en el feto.

En la práctica, y los registros del Ministerio de Sanidad así lo han manifestado, se abortaba libremente. Con una tasa anual, muy pronto, de unos 100.000 abortos. Es naturalmente imposible pensar en 100.000 casos límite en los que la Justicia, asombrada ante las difíciles circunstancias que motivarían el indeseable recurso al aborto, se inhibiese a la hora de penalizar tal conducta.

Y no era solo una conducta personal tolerada, no. Se podía abortar, en la práctica, libremente, a cargo de los presupuestos generales del Estado y en centros públicos de salud.

La llamada “Ley Aído”, de 2010, consagraba, para mayor seguridad jurídica de abortantes, abortadores y abortorios, lo que ya estaba vigente en la práctica. Pero ya el aborto dejaba de ser delito, no tanto en determinados supuestos, sino en determinados plazos.

El partido actualmente gobernante, el PP, había recurrido, sucesivamente, tanto la primera ley del aborto como la segunda. Tras la primera sentencia del Tribunal Constitucional, defendió dicha sentencia como si en ello se le fuese la vida. A la espera de una nueva sentencia del Constitucional, ha retirado un proyecto de ley, liderado por el exministro Ruiz Gallardón, con la pintoresca excusa de que “no hay consenso”. Vamos, como si hubiese habido “consenso” en otras leyes; pongamos la de la reforma laboral o la ley de educación.

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En el concreto tema del acceso a la comunión de los católicos divorciados que han contraído una nueva unión civil, se juega, creo yo, un tema pastoral - y no solo - de primera magnitud: la adecuación entre texto y contexto.

¿Cuál es el texto? El texto es, sustancialmente, el Evangelio de Jesucristo. Es la buena noticia de la irrupción de Dios en el mundo, en la historia y en nuestra vida. Es la buena nueva, ciertamente inédita, de la proximidad de Dios, de su cercanía, de su Encarnación.

Si el Hijo de Dios se ha hecho hombre – y este es el “articulus stantis aut cadentis Ecclesiae” - todas sus palabras, todos sus signos, todas sus enseñanzas son, literalmente, “definitivas”, insuperables; es decir, no se puede ir más allá de ellas mismas.

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La misericordia de Dios se despliega en su plan de salvación; un designio que abarca a todos los hombres de todos los pueblos. La voluntad divina es “que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (2 Tim 2,4). Dios va llamando a quienes se encuentran en la plaza del mundo para invitarlos a trabajar en su viña, a formar parte de su Iglesia. A todos, independientemente de cuando se produzca la llamada - a primera hora del día o al caer la tarde- , les ofrece el mismo salario, que no es otro que la vida eterna.

Podemos interpretar de diversos modos complementarios el sentido de esta parábola que recoge San Mateo (cf Mt 20,1-16). Puede referirse al papel desempeñado por Israel en la historia de la salvación. Israel fue elegido como pueblo de Dios. Fue llamado a primera hora, pero no para ser el destinatario exclusivo de la salvación divina, sino como signo de la Iglesia, de la reunión futura de todas las naciones. También los gentiles, aquellos que no forman parte del pueblo hebreo, han sido invitados a trabajar en la viña, a entrar en la Iglesia.

Podemos interpretar asimismo esta parábola como una muestra de que Dios no discrimina a nadie, de que quiere contar con la colaboración de todos. Con una lógica meramente humana cabría pensar que un propietario que saliese a contratar jornaleros escogería a los aparentemente mejores, a los más aptos para el trabajo, y que dejaría a los demás en el paro. Dios, en su oferta de salvación, no actúa así. Él da a todos una oportunidad. No llama solamente a su Iglesia a los aparentemente justos, puros y perfectos. Llama también a los pecadores: a Mateo, un publicano; a la Magdalena, que había estado endemoniada; a Pablo, un perseguidor de la Iglesia.

Igualmente, las diferentes horas del día evocan las sucesivas etapas de la propia vida. Algunos son llamados desde niños, otros en la adolescencia o en la juventud, otros en la edad madura, en la vejez o incluso cuando están a punto de terminar su tránsito por este mundo. En ningún caso esa invitación del Señor es prematura o tardía. San Juan Crisóstomo dice, a propósito de los jornaleros de la parábola, que “el Señor los llamó a todos cuando estaban en disposición de obedecer, cosa que hizo con el buen ladrón, a quien llamó el Señor cuando vio que obedecería”.

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El “consenso”, tan invocado últimamente para lo que conviene y tan despreciado para lo que conviene menos, es el acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. No podemos negar que, en nuestra sociedad, existe un amplio consenso en varios temas: Casi todos estamos de acuerdo en que no es lícito maltratar a las mujeres (ni a nadie); en que es preciso proteger la naturaleza; en que no cabe permitir que un asesino salga a la calle disparando tiros a diestro y siniestro. En todo esto, el consenso surge casi espontáneamente.

En otros temas el consenso no es fácil. ¿Existe, acaso, consenso sobre la política económica a seguir, o sobre la política fiscal, o sobre el derecho a llevar a cabo unas votaciones consultivas que podrían amparar la secesión de un territorio del resto del Estado? En estos terrenos el consenso es débil, pero los que mandan no se detienen ante esa debilidad, sino que aplican, simplemente, la ley de las mayorías. El que tiene más votos manda, impone su criterio, con la tranquilidad de haber seguido formalmente las normas procedimentales de la democracia.

¿Basta con esta legitimidad de tener la mayoría? Sí y no. En algunas cosas, puramente opinables, en cosas que pueden ser, según preferencias, “A” o “B”, el recurso a la mayoría es bastante útil. Al fin y al cabo, de algún modo hemos de tomar decisiones, porque es imposible suspender hasta la eternidad la decisión.

En las cuestiones de fondo, el recurso a la simple mayoría es más problemático. Supongamos que uno de nosotros cae como rehén de los terroristas del Estado Islámico. En ese caso, ¿veríamos como justificable el que nuestra vida dependiese del voto mayoritario de los combatientes de esa organización? Aunque todos los integrantes del Estado Islámico votasen y “consensuasen” que lo que procede es rebanarnos el cuello, ¿estaríamos de acuerdo? ¿No surgiría en nuestro interior una protesta basada en lo que entendemos que es justo o injusto, en lo que creemos firmemente que puede ser o no puede ser?

Cuando algo se percibe como injusto, no se apela a la mayoría, ni al consenso – entre una asamblea de ladrones sería difícil esperar que los ladrones condenasen el robo - . Cuando algo se percibe razonablemente como injusto se apela a algo más: a la justicia, a la verdad, a algo que no depende de que seamos más o menos los que estemos de acuerdo, sino a algo que, con más o menos apoyos, nos parece que está por encima de ese cálculo numérico.

Con el tema del aborto sucede algo así. No se puede – coherentemente – apelar al consenso si antes no se lleva a cabo una mínima reflexión sobre la verdad. Lo importante no es si muchos o pocos apoyan el aborto. Lo decisivo es si el aborto, honestamente, justamente, se puede apoyar o no.

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