La libertad religiosa según "Dignitatis Humanae"

La Declaración “Dignitatis Humanae” del Concilio Vaticano II es uno de los documentos más discutidos de ese Concilio. Se lo acusa de contradecir las enseñanzas anteriores de los Papas que condenaron la libertad de conciencia y la libertad de culto.  

Dice la Declaración:

“Confiesa asimismo el santo Concilio que estos deberes afectan y ligan la conciencia de los hombres, y que la verdad no se impone de otra manera, sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y fuertemente en las almas. Ahora bien, puesto que la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios, se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. Se propone, además, el sagrado Concilio, al tratar de esta verdad religiosa, desarrollar la doctrina de los últimos Pontífices sobre los derechos inviolables de la persona humana y sobre el ordenamiento jurídico de la sociedad.” (n. 1)

“Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural.” (n. 2)

“Porque el ejercicio de la religión, por su propia índole, consiste, sobre todo, en los actos internos voluntarios y libres, por los que el hombre se relaciona directamente a Dios: actos de este género no pueden ser mandados ni prohibidos por una potestad meramente humana.” (n. 3)

“Si, consideradas las circunstancias peculiares de los pueblos, se da a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de la sociedad, es necesario que a la vez se reconozca y respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas.” (n. 6)

Hay un estudio del profesor Thomas Pink que a mi juicio arroja mucha luz sobre el tema y del cual hago aquí un breve resumen, haciéndome exclusivo responsable de eventuales infidelidades al original.

Todos los resaltados en negrita son míos.

Agradezco a Federico Rago por sus útiles observaciones.

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Antes de entrar en ello, conviene precisar un poco los términos.

“Libertad física” es la capacidad de hacer algo a voluntad. Puede ser libertad externa, o de coacción, que es cuando ningún poder externo nos mueve a hacer algo en contra de nuestra voluntad o nos impide hacer algo según nuestra voluntad, o libertad interna o de elección, es decir, libre albedrío, que es la capacidad que tenemos de querer o no querer algo, o querer otra cosa, a voluntad.

“Libertad moral” es la ausencia de obligación moral. Tenemos libertad moral, por ejemplo, de tomar café, no de robar o de mentir. Pero sí tenemos libertad física de robar o mentir, es decir, podemos elegir hacerlo.

“Libertad jurídica” es la ausencia de obligación jurídica, concretamente, respecto del derecho humano. Por ejemplo, tenemos libertad física y jurídica de tener malos pensamientos, no libertad moral.

La “libertad religiosa” de la que habla la Declaración “Dignitatis Humanae” no es libertad moral, sino libertad jurídica, y referida, además, a la potestad del Estado. Es decir, es el derecho a no ser objeto de coacción en materia religiosa por parte del poder civil.

No es, por ejemplo, libertad moral ante Dios y ante la ley natural. Todo ser humano dotado de uso de razón, por el hecho de serlo, está obligado moralmente a buscar la verdad en materia religiosa y a abrazarla una vez encontrada.

Aquí ya hay un punto de diferencia muy importante con la “libertad de conciencia” tal como a veces se la entiende hoy día, que incluye el supuesto derecho, no solamente ante el Estado, sino absolutamente hablando, de pensar y creer lo que uno quiera en materia religiosa, incluyendo, por tanto, el derecho absoluto de ser ateo, agnóstico, o de creer en la religión que a uno le venga en gana.

Cuando nos referimos aquí al “Estado” entendemos hablar de, la potestad civil o política en general, sin más precisiones.

Esa libertad, que sería una libertad moral total en materia religiosa, no existe. El ser humano tiene naturalmente una obligación moral para con Dios y para con la religión verdadera, de buscarla si todavía no la conoce, y de abrazarla y profesarla una vez conocida. La “libertad religiosa” del Concilio Vaticano II es exclusivamente libertad ante el Estado, incluso al redactar el documento se excluyó deliberadamente hablar del mismo tema en relación con la Iglesia.

No se trata tampoco de un derecho a estar en el error, sino de un derecho, como dice el texto, a no ser coaccionado por el Estado en esos temas. Es claro que la persona puede valerse de ese derecho para sostener y difundir una doctrina falsa, como alguien puede valerse del derecho de libre circulación para ir a cometer un atentado o un robo.

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Aclarado esto, vamos a lo que entiendo que es lo sustancial del planteo de Pink:

1)      Hay dos potestades dotadas de poder coercitivo en la tierra: La Iglesia y el poder civil.

2)      La Iglesia ejerce sus funciones en el ámbito religioso, el poder civil, en el ámbito temporal.

3)      El poder civil, de suyo, no tiene competencia en lo religioso como tal. Sí puede intervenir al respecto por lo que toca al justo orden público.

4)      El poder civil puede tener competencia en lo religioso como tal cuando actúa no de suyo, sino como instrumento de la Iglesia.

5)      Esto puede hacerlo el poder civil cuando ese mismo poder civil, como tal, profesa públicamente la fe católica.

6)      Por eso, la doctrina de los Papas anteriores al Concilio Vaticano II relativa a la obligación del poder civil de defender la religión verdadera tiene aplicación efectiva cuando  esos poderes civiles profesan públicamente la fe católica.

7)      La Declaración “Dignitatis Humanae” del Concilio Vaticano II se basa en la comprobación de que en nuestros días el poder civil no profesa, por lo general, la fe católica.

8)      En ese contexto, la Declaración subraya el hecho de que el poder civil, como tal, carece de potestad en lo religioso y no puede por tanto limitar en ese tema la libertad de los ciudadanos, salvas las exigencias del justo orden público.

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Esta carencia de potestad del poder civil en lo religioso es clara supuesta la ordenación del ser humano por parte del Creador a un fin último sobrenatural. Gobernar, dice Santo Tomás en “De Regimine Principum”, es conducir algo al fin que le corresponde. El fin del que se ocupa el poder civil es el bien común de la sociedad humana, que consiste principalmente en la práctica de las virtudes por las cuales los miembros de la sociedad se ayudan unos a otros. Pero las virtudes, dice Santo Tomás, no son el fin último, sino que se ordenan al fin último, que es la visión de Dios. Por eso, la potestad de conducir a los hombres a su fin último, es decir, la potestad religiosa, no corresponde al Estado, sino a la Iglesia.

Santo Tomás llega a decir ahí que si el fin último del hombre se pudiese alcanzar mediante la sola naturaleza humana, entonces la religión sería de incumbencia del Rey, pero como en realidad ello requiere de la gracia divina, entonces es tarea de la Iglesia y no del Rey.

Lo cual plantea el interesante problema de si en el estado de “naturaleza pura”, es decir, de una humanidad no ordenada por Dios a un fin último sobrenatural, el Estado sí tendría potestad en lo religioso. Por la negativa se puede argumentar que aún siendo de orden natural, el fin último del ser humano, que consistiría en ese caso en la contemplación y amor naturales de Dios por parte del alma separada del cuerpo tras la muerte, seguiría siendo algo trascendente respecto del bien común temporal, objeto de la potestad civil.

En todo caso, de hecho el ser humano ha sido ordenado por Dios al fin último sobrenatural de la visión de Dios y la participación en la naturaleza divina por la gracia, de modo que es claro que el Estado no tiene, en cuanto Estado, potestad en ese asunto, ante todo porque el Estado no es el depositario divinamente autorizado de la Revelación divina sobrenatural, sino la Iglesia, que es enseñada por esa Revelación divina acerca de cómo conducir a los hombres a ese fin, y para eso es que la Iglesia, no el Estado, ha recibido de Dios esa misión.

Obviamente que de aquí se deduce que el Estado no tiene potestad en lo religioso en general, y no solamente en lo relativo a la religión cristiana, porque dada la Revelación divina sobrenatural no hay otra religión verdadera que aquella que Dios ha revelado ni por tanto otra que pueda conducir a los hombres a su fin último sobrenatural, que es el único fin último que de hecho tienen en el mundo tal como Dios ha querido crearlo.

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La diferencia con los Papas anteriores al Concilio, entonces, no está en la doctrina, sino la clara toma de conciencia, por parte de los Padres del Concilio Vaticano II, de que ya no existe la Cristiandad.

El razonamiento de los Papas anteriores al Concilio era éste:

“El Estado de suyo no tiene potestad en lo religioso, pero sí la tiene cuando actúa como instrumento de la Iglesia, para lo cual tiene que ser un Estado católico. Es así que los Estados son católicos. Luego, han de actuar como instrumentos de la Iglesia en lo religioso y por tanto poner su potestad coercitiva al servicio de la religión verdadera.”

El razonamiento de los Padres del Concilio Vaticano II es éste:

“El Estado de suyo no tiene potestad en lo religioso, pero sí la tiene cuando actúa como instrumento de la Iglesia, para lo cual tiene que ser un Estado católico. Es así que los Estados ya no son católicos. Luego, no tienen potestad en lo religioso, salvas las exigencias del justo orden público, y por tanto, en esos Estados debe imperar la libertad religiosa, entendida como inmunidad de coacción por parte del Estado.”

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Como dice el Prof. Pink (las citas que hace son de León XIII en “Immortale Dei”, la traducción es mía):

“En Immortale Dei de 1885, León XIII enseña que, de hecho, hay dos potestades coercitivas, la Iglesia y el Estado, cada una con su propia autoridad soberana para legislar y castigar, cada una de los cuales gobierna su propio orden coercitivo distinto, el orden de la religión y el orden civil:

“El Todopoderoso, por tanto, ha confiado el cuidado del género humano a dos poderes (potestates), el eclesiástico y el civil, siendo uno el encargado de las cosas divinas y el otro de las humanas…”

Sólo la Iglesia tiene la autoridad para coaccionar en materia de religión. El Estado, que tiene autoridad para coaccionar en el orden civil, no tiene autoridad coercitiva propia en materia religiosa:

“Por lo tanto, todo lo que en las cosas humanas tiene algún carácter sagrado, todo lo que pertenece por su propia naturaleza o por el fin al que se refiere, a la salvación de las almas o al culto de Dios, cae enteramente dentro de la categoría del poder de la Iglesia y está totalmente sujeto a su juicio (id est omne in potestate arbitrioque Ecclesiae). Todo lo que debe clasificarse bajo el orden civil y político está correctamente sujeto a la autoridad civil. Jesucristo mismo ha dado el mandato de que lo que es del César se le dé al César, y que lo que pertenece a Dios se le dé a Dios.”

De modo que la visión de que la religión es un bien que trasciende la autoridad del Estado no es una novedad del Vaticano II. Ya era enseñanza de León XIII en 1885, y ni siquiera entonces era nueva. León XIII, a su vez, tomó sus enseñanzas de la teología política jesuita de la Contrarreforma. En su Defensa de la fe católica de 1613 contra Jaime I de Inglaterra, Suárez ya estaba negando al Estado cualquier autoridad coercitiva sobre la religión en términos tan totales como Dignitatis Humanae.”

“León XIII enseñó que se requería una unión alma-cuerpo para la armonía entre la Iglesia y el Estado. En tal unión, el Estado funciona en asuntos religiosos como una extensión de la autoridad de la Iglesia como “potestas” en el orden de la religión. En este contexto, el modelo leonino autoriza y, de hecho, exige que el Estado, a instancias de la Iglesia, proteja el bien de la religión a través de la ley estatal. Pero supongamos que el Estado ya no sea una comunidad de bautizados, ni siquiera en la aspiración pública. Supongamos que el Estado ya no se identifica públicamente como cristiano y ya no forma una unión alma-cuerpo con la Iglesia. Entonces el modelo leonino seguirá aplicándose, pero ahora para negar al Estado cualquier autoridad para coaccionar religiosamente. Porque ahora, separado de la Iglesia, el Estado funciona simplemente como “potestas” del orden civil y, como tal, no tiene autoridad para coaccionar en materia de religión.”

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Algunos dicen que esta Declaración está a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado. Pero eso queda descartado desde el mismo comienzo de la Declaración, como vimos:

“…puesto que la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios, se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo.”

Ni vale decir que dice “sociedades” y no “Estados” o “potestades civiles”, porque habla de dejar “íntegra” la doctrina tradicional católica al respecto, la cual incluye, como es sabido, el deber de los Estados o potestades civiles de abrazar la religión católica y profesarla.

La separación entre la Iglesia y el Estado, de suyo, es un mal. El Evangelio debe impregnar todas las dimensiones de la vida humana, también la social y política, sin dejar de lado tampoco el aspecto institucional del Estado. La evangelización apunta a la conversión, y por tanto, también a una sociedad católica, la cual es lógico que quiera tener un gobierno católico. El Estado, como todo lo demás, existe para la gloria de Dios y debe por tanto dar culto a Dios del modo en que Dios mismo lo ha establecido, o sea, según la religión católica.

Accidentalmente, la separación entre la Iglesia y el Estado puede resultar en algunos bienes para la Iglesia, cuando el Estado supuestamente católico es en realidad un estado masónico, por ejemplo, que utiliza el nombre y los derechos propios del Estado católico para impedir la acción de la Iglesia. Eso ha hecho que algunos olviden el principio fundamental de la necesidad del Estado católico.

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Se puede objetar que en este texto la exigencia de respetar la libertad religiosa se extiende a “cualquier potestad humana” y no solamente a la del Estado, queriendo incluir en ello, por tanto, también la potestad de la Iglesia.

Pero eso se aclara con el otro pasaje de la Declaración arriba citado, que dice que

“… el ejercicio de la religión, por su propia índole, consiste, sobre todo, en los actos internos voluntarios y libres, por los que el hombre se relaciona directamente a Dios: actos de este género no pueden ser mandados ni prohibidos por una potestad meramente humana (huiusmodi actus a potestate mere humana nec imperari nec prohiberi possunt).”

Es la potestad del Estado en cuanto tal la que se puede definir como “meramente humana”. La potestad de la Iglesia no es humana, es divina.

Y por lo mismo, cuando el Estado confesionalmente católico actúa en materia religiosa, lo hace en virtud de la potestad divina de la Iglesia, de la cual en esa instancia es un instrumento, de modo que no se le aplica del mismo modo lo que este documento dice acerca del deber del Estado para con la libertad religiosa.

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Se puede objetar que según la Declaración, el derecho a la libertad religiosa es un derecho natural, y como tal, vale en cualquier hipótesis, tanto si el ser humano se encuentra en un Estado laico como si se encuentra en un Estado católico.

Pero lo que es un derecho natural que vale para cualquier hipótesis, según la Declaración, es la independencia del hombre, en estos temas, respecto de cualquier potestad “meramente humana”, lo cual, como ya dijimos, se aplica al Estado laico, pero no al Estado católico cuando éste actúa como instrumento de la Iglesia en los temas espirituales. Y menos aún, obviamente, se aplica esto a la Iglesia, por lo ya dicho.

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Algunos han acusado a la Declaración de admitir la posibilidad de un Estado confesional de otra religión, por ese pasaje en el que dice que si un Estado confiere un especial estatuto jurídico a una religión determinada, debe con todo garantizar la libertad de las demás (n. 6).

Pero no parece que la Declaración esté hablando ahí de un Estado confesional, en vez de hablar simplemente de un Estado laico que por razones por ejemplo históricas y culturales, o incluso políticas, determina privilegiar jurídicamente a una religión determinada.

De hecho, si la Declaración eligió no tratar acerca de este tema en relación con la Iglesia, por lo mismo eligió no tratarlo en relación con el Estado confesional católico, por lo ya dicho.

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Se puede objetar también que el deber del Estado para con la religión verdadera es intrínseco a su misma naturaleza y por tanto, no depende de las diversas situaciones históricas.

Se responde que hay ciertas obligaciones que no se pueden cumplir en cualquier estado, sino que tienen ciertos requisitos para su cumplimiento. Todo ser humano tiene la obligación de dar culto a Dios del modo en que Dios mismo quiere que se le dé culto, pero sólo los bautizados pueden celebrar la Eucaristía.

Pensemos en las sociedades a las que aún no había llegado el Evangelio. No tendría sentido exigir al antiguo gobierno incaico, por ejemplo, que protegiera la religión católica antes de que los mismos gobernantes y su pueblo con ellos se convirtieran a la fe.

Y si se alega que Dios no manda lo imposible, entonces, dado que en ciertas situaciones es efectivamente imposible hacer ciertas cosas, entonces hay que concluir que en esas situaciones, en cierto sentido al menos, o bien no existe obligación moral de hacerlas, o al menos esa obligación no es exigible en esas circunstancias.

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Un Estado laico no está en condiciones de poner su poder coercitivo al servicio de la fe católica. Imaginemos simplemente lo que significaría reconocer a los gobiernos europeos de hoy día el derecho de usar su poder coercitivo para reprimir lo que ellos considerasen contrario a la fe católica.

La idea es absurda, por supuesto, pero precisamente por eso tiene sentido lo que dice “Dignitatis Humanae”. 

La exigencia que sí se puede plantear a los Estados actuales es que se conviertan a la fe católica, pero esa conversión de los Estados a la fe católica, obviamente, es una consecuencia de la conversión de los ciudadanos a la fe católica, porque el Estado no es una entidad en sí que exista independientemente de los que lo integran.

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Terminamos citando algunos pasajes de la encíclica “Immortale Dei” de León XIII que nos parecen de singular claridad:

“3. Constituido sobre estos principios, es evidente que el Estado tiene el deber de cumplir por medio del culto público las numerosas e importantes obligaciones que lo unen con Dios. La razón natural, que manda a cada hombre dar culto a Dios piadosa y santamente, porque de El dependemos, y porque, habiendo salido de El, a El hemos de volver, impone la misma obligación a la sociedad civil. Los hombres no están menos sujetos al poder de Dios cuando viven unidos en sociedad que cuando viven aislados. La sociedad, por su parte, no está menos obligada que los particulares a dar gracias a Dios, a quien debe su existencia, su conservación y la innumerable abundancia de sus bienes. Por esta razón, así como no es lícito a nadie descuidar los propios deberes para con Dios, el mayor de los cuales es abrazar con el corazón y con las obras la religión, no la que cada uno prefiera, sino la que Dios manda y consta por argumentos ciertos e irrevocables como única y verdadera, de la misma manera los Estados no pueden obrar, sin incurrir en pecado, como si Dios no existiese, ni rechazar la religión como cosa extraña o inútil, ni pueden, por último, elegir indiferentemente una religión entre tantas. Todo lo contrario. El Estado tiene la estricta obligación de admitir el culto divino en la forma con que el mismo Dios ha querido que se le venere. Es, por tanto, obligación grave de las autoridades honrar el santo nombre de Dios. Entre sus principales obligaciones deben colocar la obligación de favorecer la religión, defenderla con eficacia, ponerla bajo el amparo de las leyes, no legislar nada que sea contrario a la incolumidad de aquélla. Obligación debida por los gobernantes también a sus ciudadanos. Porque todos los hombres hemos nacido y hemos sido criados para alcanzar un fin último y supremo, al que debemos referir todos nuestros propósitos, y que colocado en el cielo, más allá de la frágil brevedad de esta vida. Si, pues, de este sumo bien depende la felicidad perfecta y total de los hombres, la consecuencia es clara: la consecución de este bien importa tanto a cada uno de los ciudadanos que no hay ni puede haber otro asunto más importante. Por tanto, es necesario que el Estado, establecido para el bien de todos, al asegurar la prosperidad pública, proceda de tal forma que, lejos de crear obstáculos, dé todas las facilidades posibles a los ciudadanos para el logro de aquel bien sumo e inconmutable que naturalmente desean. La primera y principal de todas ellas consiste en procurar una inviolable y santa observancia de la religión, cuyos deberes unen al hombre con Dios.

4. Todo hombre de juicio sincero y prudente ve con facilidad cuál es la religión verdadera. Multitud de argumentos eficaces, como son el cumplimiento real de las profecías, el gran número de milagros, la rápida propagación de la fe, aun en medio de poderes enemigos y de dificultades insuperables, el testimonio de los mártires y otros muchos parecidos, demuestran que la única religión verdadera es aquella que Jesucristo en persona instituyó y confió a su Iglesia para conservarla y para propagarla por todo el tiempo.

5. El Hijo unigénito de Dios ha establecido en la tierra una sociedad que se llama la Iglesia. A ésta transmitió, para continuarla a través de toda la Historia, la excelsa misión divina, que El en persona había recibido de su Padre. “Como me envió mi Padre, así os envío yo” (Jn. 20, 21). “Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo” (Mt. 28, 20). Y así como Jesucristo vino a la tierra para que los hombres tengan vida, y la tengan abundantemente (Jn. 10, 10), de la misma manera el fin que se propone la Iglesia es la salvación eterna de las almas. Y así, por su propia naturaleza, la Iglesia se extiende a toda la universalidad del género humano, sin quedar circunscrita por límite alguno de tiempo o de lugar. “Predicad el Evangelio a toda criatura” (Mc. 16, 15).

Dios mismo ha dado a esta inmensa multitud de hombres prelados con poderes para gobernarla, y ha querido que uno de ellos fuese el Jefe supremo de todos y Maestro máximo e infalible de la verdad, al cual entregó las llaves del reino de los cielos. “Yo te daré las llaves del reino de los cielos” (Mt. 16, 9). “Apacienta mis corderos…, apacienta mis ovejas” (Jn. 21, 16 - 17). “Yo he rogado por ti, para que no desfallezca tu fe” (Lc. 22, 32). Esta sociedad, aunque está compuesta por hombres, como la sociedad civil, sin embargo, por el fin a que tiende y por los medios de que se vale para alcanzar este fin, es sobrenatural y espiritual. Por tanto, es distinta y difiere de la sociedad política. Y, lo que es más importante, es una sociedad genérica y jurídicamente perfecta, porque tiene en sí misma y por sí misma, por voluntad benéfica y gratuita de su Fundador, todos los elementos necesarios para su existencia y acción. Y así como el fin al que tiende la Iglesia es el más noble de todos, así también su autoridad es más alta que toda otra autoridad ni puede en modo alguno ser inferior o quedar sujeta a la autoridad civil. Jesucristo ha dado a sus apóstoles una autoridad plena sobre las cosas sagradas, concediéndoles tanto el poder legislativo como el doble poder, derivado de éste, de juzgar y castigar. “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra; id, pues, enseñad a todas las gentes…, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado” (Mt. 28, 18 – 20). Y en otro texto: “Si los desoyere, comunícalo a la Iglesia” (Mt. 18, 17). Y todavía: “Prontos a castigar toda desobediencia y a reduciros a perfecta obediencia” (2 Cor. 10, 6). Y aún más: “Emplee yo con severidad la autoridad que el Señor me confirió para edificar, no para destruir” (2 Cor. 13, 10).

Por tanto, no es el Estado, sino la Iglesia, la que debe guiar a los hombres hacia la patria celestial. Dios ha dado a la Iglesia el encargo de juzgar y definir en las cosas tocantes a la religión, de enseñar a todos los pueblos, de ensanchar en lo posible las fronteras del cristianismo; en una palabra: de gobernar la cristiandad, según su propio criterio, con libertad y sin trabas. La Iglesia no ha cesado nunca de reivindicar para sí ni de ejercer públicamente esta autoridad completa en sí misma y jurídicamente perfecta, atacada desde hace mucho tiempo por una filosofía aduladora de los poderes políticos. Han sido los apóstoles los primeros en defenderla. A los príncipes de la sinagoga, que les prohibían predicar la doctrina evangélica, respondían los apóstoles con firmeza: “Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hech. 5, 29). Los Santos Padres se consagraron a defender esta misma autoridad, con razonamientos sólidos, cuando se les presentó ocasión para ello. Los Romanos Pontífices, por su parte, con invicta constancia de ánimo, no han cesado jamás de reivindicar esta autoridad frente a los agresores de ella. Más aún: los mismos príncipes y gobernantes de los Estados han reconocido, de hecho y de derecho, esta autoridad, al tratar con la Iglesia como con un legítimo poder soberano, ya por medios de convenios y concordatos, ya con el envío y aceptación de embajadores, ya con el mutuo intercambio de otros buenos oficios. Y hay que reconocer una singular providencia de Dios en el hecho de que esta suprema potestad de la Iglesia llegara a encontrar en el poder civil la defensa más segura de su propia independencia.

6. Dios ha repartido, por tanto, el gobierno del género humano entre dos poderes: el poder eclesiástico y el poder civil. El poder eclesiástico, puesto al frente de los intereses divinos. El poder civil, encargado de los intereses humanos. Ambas potestades son soberanas en su género. Cada una queda circunscrita dentro de ciertos límites, definidos por su propia naturaleza y por su fin próximo. De donde resulta una como esfera determinada, dentro de la cual cada poder ejercita iure proprio su actividad. Pero como el sujeto pasivo de ambos poderes soberanos es uno mismo, y como, por otra parte, puede suceder que un mismo asunto pertenezca, si bien bajo diferentes aspectos, a la competencia y jurisdicción de ambos poderes, es necesario que Dios, origen de uno y otro, haya establecido en su providencia un orden recto de composición entre las actividades respectivas de uno y otro poder. “Las [autoridades] que hay, por Dios han sido ordenadas” (Rom. 13, 1). Si así no fuese, sobrevendrían frecuentes motivos de lamentables conflictos, y muchas veces quedaría el hombre dudando, como el caminante ante una encrucijada, sin saber qué camino elegir, al verse solicitado por los mandatos contrarios de dos autoridades, a ninguna de las cuales puede, sin pecado, dejar de obedecer. Esta situación es totalmente contraria a la sabiduría y a la bondad de Dios, quien incluso en el mundo físico, de tan evidente inferioridad, ha equilibrado entre sí las fuerzas y las causas naturales con tan concertada moderación y maravillosa armonía, que ni las unas impiden a las otras ni dejan todas de concurrir con exacta adecuación al fin total al que tiende el universo.

Es necesario, por tanto, que entre ambas potestades exista una ordenada relación unitiva, comparable, no sin razón, a la que se da en el hombre entre el alma y el cuerpo. Para determinar la esencia y la medida de esta relación unitiva no hay, como hemos dicho, otro camino que examinar la naturaleza de cada uno de los dos poderes, teniendo en cuenta la excelencia y nobleza de sus fines respectivos. El poder civil tiene como fin próximo y principal el cuidado de las cosas temporales. El poder eclesiástico, en cambio, la adquisición de los bienes eternos. Así, todo lo que de alguna manera es sagrado en la vida humana, todo lo que pertenece a la salvación de las almas y al culto de Dios, sea por su propia naturaleza, sea en virtud del fin a que está referido, todo ello cae bajo el dominio y autoridad de la Iglesia. Pero las demás cosas que el régimen civil y político, en cuanto tal, abraza y comprende, es de justicia que queden sometidas a éste, pues Jesucristo mandó expresamente que se dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.”