Pena de muerte y principio de doble efecto

El P. Francisco Delgado ha publicado un artículo muy interesante sobre la eutanasia, respecto del cual queremos comentar solamente la afirmación según la cual la pena de muerte sería un caso de aplicación del principio de doble efecto.

Si la pena de muerte es un caso de aplicación del principio de doble efecto, entonces es porque tiene dos efectos, uno bueno, que es la defensa de la sociedad, y otro malo, que es la muerte del criminal, el cual no es querido ni como fin ni como medio, pero va inevitablemente unido al efecto bueno.

Pero justamente, si hablamos de la defensa de la sociedad en la pena de muerte, entonces la muerte del criminal es justamente el medio elegido para la defensa de la sociedad, y por tanto, es querida, y no solamente prevista y tolerada, como sucede con el efecto malo cuando se aplica el principio de doble efecto.

El principio de doble efecto se aplica sin duda a la legítima defensa, pero el caso es que para Santo Tomás la pena de muerte no es aplicación de principio de doble efecto, pues al aplicar este principio, como dijimos, no se quiere el efecto malo de la acción, mientras que el juez que aplica la pena de muerte, según Santo Tomás, sí quiere la muerte del reo.

Dice en efecto en Ia, q. 19, a. 6, ad 1um:

“Considerado absolutamente que el hombre viva, es bueno; matarlo, es malo. En cambio, si algún hombre es un homicida o un peligro social, es bueno que muera, es malo que viva. Por eso puede decirse que un juez justo con voluntad antecedente quiere que el hombre viva; con voluntad consecuente quiere colgar al homicida.”

De hecho, en la legítima defensa hay la obligación, según Santo Tomás, de oponer la resistencia necesaria para repeler la agresión, sin proponerse como fin la muerte del injusto agresor, por más que ésta pueda ser prevista y eventualmente tolerada si ocurre.

Dice en IIa. IIae., q. 64, a. 7, c.:

“Por consiguiente, si uno, para defender su propia vida, usa de mayor violencia que la precisa, este acto será ilícito. Pero si rechaza la agresión moderadamente, será lícita la defensa, pues, con arreglo al derecho, es lícito repeler la fuerza con la fuerza, moderando la defensa según las necesidades de la seguridad amenazada.”

En cambio, en la ejecución de un reo se busca deliberadamente su muerte, hasta el punto de que se consideraría una falla en la labor del verdugo si el reo sobreviviese a la ejecución.

Por eso mismo dice Santo Tomás en el mismo lugar:

“Mas, puesto que no es lícito matar al hombre sino por autoridad pública y a causa del bien común, como consta por lo expuesto, es ilícito que un hombre se proponga matar a otro simplemente para defenderse a sí mismo, a menos que tenga autoridad pública el que se defiende, el cual, al proponerse matar a otro en su propia defensa, lo hace con vistas al bienestar público, como ocurre con el soldado que pelea contra los enemigos y con el agente del juez que combate contra los ladrones; aunque también pecan ambos si son movidos por pasión personal.”

Donde se ve que es claro que para Santo Tomás, en la legítima defensa se aplica el principio de doble efecto solamente en el caso del particular que se defiende, sin poder proponerse, por eso mismo que es un caso de “doble efecto“,  matar al injusto agresor, mientras que el soldado, el agente de policía y el juez sí se proponen a veces, y legítimamente, la muerte del injusto agresor o del reo.

Además, en el momento de la ejecución no hay defensa concreta alguna a realizar, porque el reo, en poder de sus captores y jueces, no está en condiciones de atacar a nadie.

Propiamente hablando, “pena” y “defensa” son cosas diferentes, porque la pena mira al pasado, a lo ya realizado, mientras que la defensa mira, o bien a la agresión presente, en el caso de la defensa personal, o bien al peligro de cara al futuro, en el caso de la “defensa social”.

Y también: el mal del que se habla en el caso del principio de doble efecto no es nunca un mal moral, sino solamente un mal físico, y lo que hace el principio de doble efecto es precisamente asegurar que la acción resultante no sea moralmente mala.

Por tanto, no puede usarse el principio de doble efecto, aplicado a la pena de muerte, para decir que la muerte provocada de un ser humano es siempre moralmente mala.

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En realidad, la finalidad de la pena de muerte no puede ser ante todo y en primer lugar la defensa de la sociedad, porque eso no alcanza para distinguir la pena de muerte aplicada a un ser humano del hecho de matar a un tigre devorador de hombres.

Y sin embargo, sí hay una diferencia fundamental: a diferencia del tigre, el ser humano tiene libre albedrío y es por tanto responsable de sus actos, y se hace por ellos merecedor de premio o castigo, de modo que no se lo puede lícitamente eliminar sin que medie alguna culpa de su parte y sin que por tanto esa eliminación tenga la nota de pena o castigo por esa culpa.

Al tigre no se lo castiga, se lo elimina por meras razones de seguridad. Para que algo o alguien sea un peligro para los demás no hace falta que intervenga su libre albedrío ni que incurra en culpa alguna, por ejemplo, un contagiado involuntariamente con alguna enfermedad peligrosa ya es un peligro para los demás. El solo argumento de la “defensa social” justificaría, entonces, su eliminación, análogamente a como sucede en el caso del tigre.

Por eso, hay que recordar que, si bien Santo Tomás habla de la defensa de la sociedad en la parte de la Suma Teológica en que habla de la pena de muerte, también habla de la necesidad de una justa retribución por la culpa en la parte de la misma obra en que habla de las penas en general, y por tanto, implícitamente, también de la pena de muerte en particular.

Ia. IIae., q. 87, a. 1, c.:

“De las cosas naturales pasa a las humanas el que lo que se levanta contra algo sufra algún daño del agraviado. Pues vemos en las cosas naturales que un contrario obra más vehementemente al sobrevenir su contrario: por lo que, como se dice en el libro I de los Meteor., las aguas calentadas se congelan más rápidamente. Pues en los hombres se da esto mismo por inclinación natural: que cada uno deprime al que se levanta contra él. Mas es evidente que todas las cosas que están bajo un orden, en cierto modo, son una sola cosa respecto al principio de su orden. De ahí que, si se levanta alguien contra algún orden, es lógico que sea deprimido por el orden mismo o por el que lo preside. Ahora bien, siendo el pecado un acto desordenado, es evidente que quienquiera que peca obra contra algún orden. Y por eso es lógico que sea deprimido por ese mismo orden. Esta depresión es el castigo.

Por consiguiente, el hombre puede ser castigado con una triple pena, según los tres órdenes a los que la voluntad está sometida. Pues la naturaleza humana está sometida primero al orden de la razón propia; segundo, al orden de otro hombre, que gobierna en lo espiritual o en lo temporal, en lo político o económico; tercero, está sometida al orden universal del régimen divino. Mas por el pecado se pervierte cada uno de estos órdenes: en cuanto que el pecador obra contra la razón, contra la ley humana y contra la ley divina. Por consiguiente, incurre en una triple pena: una, por cierto, de sí mismo, que es el remordimiento de la conciencia; otra, de los hombres; y la tercera, de Dios.”

La idea que subyace al texto es la de un equilibrio u orden que es roto por obra de alguien, que hace el mal, de modo tal que ese equilibrio y ese orden son restituidos por otro mal que esa persona sufre en pena de su culpa, y que por eso mismo no es un mal moral, sino solamente un mal físico, siendo desde el punto de vista moral algo bueno, en la medida en que es justo y restablecedor del orden de la justicia. 

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En cuanto al texto del Catecismo que dice en su n. 2263:

“la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario”.

lo que hay que notar ante todo es que habla de la “muerte del inocente”. Por tanto, ahí mismo está restringiendo el quinto mandamiento al caso de los inocentes.

Por tanto, si la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción al quinto mandamiento, no es porque en esos casos se mate a inocentes, y por tanto, se siga haciendo algo malo y prohibido por el quinto mandamiento, sino precisamente porque no se hace nada malo ni prohibido por el quinto mandamiento, al no matar a ningún inocente.

Y así se entiende que durante casi veinte siglos la Iglesia Católica haya enseñado la licitud moral, en algunos casos, de la pena de muerte, lo cual no podría entenderse si toda muerte voluntariamente provocada de un ser humano fuese moralmente mala.

De hecho, el texto clave del Catecismo en este tema es el siguiente, donde subrayamos el “ante todo”:

“2266 A la exigencia de la tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión de comportamientos lesivos de los derechos humanos y las normas fundamentales de la convivencia civil. La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene, ante todo, la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. La pena finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal: en la medida de lo posible, debe contribuir a la enmienda del culpable.”

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A continuación, copio algunos pasajes de un artículo en el que se habla de la teoría de la “defensa social”, que es la que está en la base de la exaltación moderna de la defensa de la sociedad como único fundamento de las penas en general y de la pena de muerte en particular.

El artículo ha sido publicado en 1969 o 1970 en la revista “Ulpiano”, de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, y su autor es el R.P. Fernando Pérez-Llantada S.J., catedrático de Criminología de esa Universidad.

http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCAB/9/UCAB_1969-1970_9_43-96.pdf

Esta teoría de la “defensa social” ha surgido como una reacción ante el positivismo, que a su vez ha reaccionado contra la teoría clásica de la ley natural.

Pero ha sido, en todo caso, una reacción incompleta contra el positivismo.

El positivismo separa completamente el derecho de la moral, y considera que la única razón de las penas que se aplican por los delitos es utilitaria, es, precisamente, la defensa de la sociedad.  A la postre no habría diferencia alguna, según esto, entre un asesino y un tigre devorador de hombres. Dado que aquí se niega el libre albedrío, en pura lógica, lo único que cabría en ambos casos sería la eliminación, como no se tratase, en una variante del mismo tema, de un recondicionamiento (es decir, amaestramiento) semejante al que se ve en el libro y película “La naranja mecánica”.

La teoría de la defensa social, que tiene un exponente “extremo” en el italiano Filippo Gramatica y uno “moderado” en el francés Marc Ancel, mantiene el positivismo en lo que tiene que ver con el delito y la pena, y reintroduce el iusnaturalismo en lo que tiene que ver con el delincuente, en una amalgama evidentemente contradictoria.

En efecto, a la defensa de la sociedad agregan la defensa del delincuente, que en todo caso debe ser siempre rehabilitado, en virtud del deber de solidaridad que la sociedad tiene para con él.

Veamos algunas ideas de Gramatica, según el autor del artículo mencionado:

“Filippo Gramatica crea en 1945 el “Centro intemazionale di Studi di Difesa sociale” , anexo al Instituto de Medicina Legal, que en la Universidad de Génova dirigía el Dr. Macaggi, en el que se proponía una renovación de los fundamentos de la lucha contra la criminalidad. Un poco más tarde, el primero de enero de 1947, se firma en Génova el primer Programa mínimo del Centro. Sus principios estaban basados en una negación de la pena y de la responsabilidad moral. . ., una colaboración de todas las ciencias: filosofía, sicología, sociología, etc…., con una finalidad precisa: prevenir y corregir la antisocialidad, etc.”

“Para Gramatica una cosa será negar el valor moral de los actos humanos —que él no hace— y otra la “responsabilidad penal” tal como existe en el derecho positivo. No se trata de una negación filosófica del valor “moral” de los actos humanos (sobre cuya base el derecho penal declara la responsabilidad), sino de una toma de posición totalmente ajena a este concepto jurídico, en el sentido de que a los ojos de la ley, el hombre debe ser apreciado desde un ángulo naturalista más amplio y científicamente más capaz, es decir, en relación con su estado real de “sociabilidad” o de “antisociabilidad”.

Cita textualmente a Gramatica:

“Está actualmente en curso un debate sobre la posibilidad de coexistencia del derecho penal con la defensa social. Unos escritores piensan que esa coexistencia puede subsistir. La “Revue du Droit Pénal Suisse” ha iniciado una polémica sobre tales argumentos. Pero nosotros deseamos afirmar el principio de que el sistema de defensa social contiene la posibilidad de ’sustituir’ el derecho penal, y no solamente de vivir adherido a su lado.”

Y continúa exponiendo el pensamiento de ese autor:

“Por lo tanto, hay que sustituir la noción de “responsabilidad” (fundada sobre la “infracción”), por la de antisociabilidad (fundada sobre los datos subjetivos del autor); sustituir la “infracción” (considerada como un hecho) por el índice de antisociabilidad subjetiva y sus grados; sustituir la “pena” proporcionada a la infracción, por medidas —no de seguridad en sentido moderno— de defensa social adaptadas a las necesidades da todo autor de infracción.”

“El motivo particular por el que rechaza la “responsabilidad” está en que ésta lleva en pos de sí la pena. La pena materializa o afirma la noción de responsabilidad. La abolición de la “responsabilidad penal” debe entrañar la abolición de la pena. Esto por dos razones: 1) porque la pena, en cuanto retribución o castigo, debería corresponder a un absoluto moral, que es verdaderamente inconciliable con la “relatividad” del derecho positivo (es decir, con su contenido de moral social); 2) porque la pena o sanción penal, si es una consecuencia de la “responsabilidad” debe ser, como lo es hoy día, ligada al “hecho delito”, prácticamente a la importancia material del daño. Y esta concepción es opuesta totalmente al criterio subjetivo, que está en la base del criterio de defensa social.”

“En esta teoría tan idealista y destructora, que aniquila el derecho penal, necesariamente van a desaparecer los objetivos de este derecho penal. Eliminación de la noción de “delincuente”, porque descansa sobre la relatividad de esta noción. Negación del delincuente como categoría. No existen dos categorías o tipos de hombres, los delincuentes y los no delincuentes, sino un hombre que infringe a veces la prohibición impuesta por una ley determinada y llega a ser calificado legalmente de “antisocial”.”

“La noción de “delito” queda suprimida también: “La noción de ‘infracción’, con sus clasificaciones, desaparece así como la reglamentación de las penas prevista en función de la objetividad del hecho”.”

“La pena no va a ser excepción, y quedará abolida también: “No más una pena para cada infracción, sino una medida adaptada a cada individúe”.”

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Marc Ancel se separa de Gramatica en cuanto que sí acepta la noción de “responsabilidad” aplicada al delincuente, porque además acepta la existencia del libre albedrío.

Sin embargo, en el mismo artículo se dice, en referencia a un “Programa mínimo” ideado por Ancel y otros justamente con la idea de evitar los “extremismos” de Gramatica, lo siguiente:

“Conviene no fundar la teoría del derecho criminal sobre las doctrinas de orden metafísico. Conviene evitar el dejar al derecho criminal o su aplicación bajo la influencia de nociones tales como el libre arbitrio, la falta y la responsabilidad en cuanto que ellas constituyen nociones de orden metafísico.”

En todo caso, la teoría de Ancel conserva rasgos indudables de la reacción positivista contra el derecho natural que está en el origen de todo este movimiento:

“Rechaza toda metafísica jurídica y todo apriorismo en la ciencia del derecho. No busca instaurar un sistema de justicia absoluta, exactamente proporcionada en lo abstracto al mal causado o a la voluntad de cometerlo.”

“La Nueva Defensa Social postula filosóficamente el libre arbitrio, aunque este problema permanece exterior a los datos y al dominio de la política criminal aplicada. La política criminal de acción social descansa ampliamente, si no sobre la noción filosófica de responsabilidad (que escapa al dominio de la acción social), al menos sobre el reconocimiento, la utilización y el desarrollo de este sentimiento innato de la responsabilidad que todo hombre, comprendido el delincuente, posee necesariamente en él.”

“Según las doctrinas de la defensa social, la justicia penal no es y no puede ser más que relativa. Tiene como función no juzgar un hecho en sí según reglas abstractas, sino hacer juzgar a un hombre, individuo concreto, por otros hombres. Así pues, la justicia humana, administrada por los hombres, es incapaz de establecer plena y verdaderamente un sistema retributivo. El juez, es decir, el hombre que tiene misión de juzgar, no es tomado por el problema metafísico del bien y del mal, sino por el problema, individual y limitado, de la delincuencia manifestada, en una ocasión particular, por el comportamiento de un individuo. La justicia —humana— tiene pues por misión, no buscar la dosis de pena que, en lo absoluto, podría compensar una falta apreciada en sí o sería apreciada para restablecer el derecho, sino de determinar la sanción eficaz que permita tanto enderezar, y más tarde rehabilitar si es posible al delincuente, como proteger a la Sociedad.”

“Rechazo vigoroso —se podría decir casi sistemático— de toda metafísica o, más exactamente quizás, de todo apriorismo jurídico. La Nueva Defensa Social afirma hoy, como hace 50 años, que la justicia penal no tiene por fin instaurar una justicia absoluta, exactamente proporcionada en lo abstracto al mal causado o a la voluntad de cometerlo. Hay separación entre el campo de la moral y del derecho penal, entre el derecho y la filosofía.”

“La pena de prisión crea muchos problemas, no sólo al individuo, sino a su familia. El problema está hoy en saber si detención y “corrección” —resocialización son verdaderamente compatibles. La pena privativa de libertad deberá estar sometida a un examen crítico. La política criminal moderna ha realizado progresivamente la unificación de estas penas. Métodos de curación en libertad. Todo sistema de sanción, incluso de defensa social, lleva en sí una dosis inevitable de privación de libertad. Es más difícil, pero más urgente, volver a coger el problema por la base, y preguntarse si en la acción penitenciaria de reeducación, debiendo ser mantenida y perfeccionada por las largas penas inevitables, no convendría reservar la prisión tradicional —que se podría mejorar— para el “choc sicológico” de la breve privación de libertad, casi llevada a la categoría de arrestos militares, para buscar y colocar una gama razonada de medidas de curación en libertad, o de libertad vigilada y de pruebas diversas, que sustituirían a nuestras condenas, mecánicas y abstractas, de la vieja prisión de nuestros antepasados.”

Es decir que Marc Ancel sí conserva la metafísica cuando habla del delincuente y del derecho que éste tiene a que la sociedad busque su rehabilitación, pero la rechaza cuando se habla del delito que ese delincuente ha cometido.

Acepta la responsabilidad (o más ambiguamente, el “sentimiento de responsabilidad”) cuando se trata de exhortar al delincuente a que cambie su modo de vivir y de pensar (una verdadera “conversión”) para que pueda reinsertarse en la sociedad, pero la deja en la sombra cuando se trata de evaluar la acción delictiva que ese delincuente ha cometido y las lógicas consecuencias de la misma en el plano moral, que son la culpa y la pena.

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En mi opinión un defecto importante de las teorías de estos autores es la falta de comprensión, precisamente, del carácter necesariamente imperfecto de la justicia humana, que sin embargo, no hace menos necesaria a esa justicia humana misma.

Sin duda que, humanamente hablando, es una tragedia que haya delincuentes y que muchas veces la única salida sea aplicarles penas que pueden llegar incluso a la privación de la vida, pero es que la alternativa real es más trágica aún: que el crimen quede impune.

La alternativa que proponen estos autores no es real. Porque, o bien consiste en negar la responsabilidad del delincuente, con lo cual es lógico que toda exhortación al cambio queda privada de sentido, o bien consiste en considerar esa responsabilidad como un “sentimiento” que sirve para promover el cambio de la persona, pero no como una realidad que está reclamando en justicia una pena proporcionada.

En ambos casos eso debe llevar lógicamente, como se ve además en el último párrafo citado, a la eliminación de toda pena, o sea, a la impunidad del criminal, que es justamente la alternativa humanamente hablando más trágica que arriba señalamos.

Más aún, recordamos una vez más que estas teorías de la “defensa social” están siempre cerca, lógicamente al menos, del caso del tigre devorador de hombres, y del portador involuntario de una enfermedad contagiosa, a los que cabría eliminar igualmente, sin culpa alguna de su parte, si el único argumento en juego fuese efectivamente la “defensa social”.

Notemos además la falla básica de todas estas teorías, que evidentemente están más preocupadas por los delincuentes que por sus víctimas.

Otro peligro que amenaza a estas teorías es justamente la “pena a futuro” o “pena preventiva” en función de los delitos no cometidos, pero que alguien podría llegar a cometer, en la opinión de alguien más.

Sin metafísica no hay derecho posible. Los derechos mismos, y los deberes, son algo metafísico, que no se puede ver ni tocar.  Sin metafísica, lo que queda es la perspectiva selvática o “ley del más fuerte”, sin importar si ese “más fuerte” es precisamente la sociedad, que meramente se “defiende” de la agresión de alguno de sus miembros.

Colocar la justificación de la pena de muerte exclusivamente o ante todo en la necesidad de defensa de la sociedad ante el criminal es preparar su próxima desaparición, porque es claro que algo en cierto modo absoluto como es la pena de muerte sólo puede fundarse en algo absoluto como es la necesidad de que el crimen sea castigado en forma proporcional.

Y no tiene sentido replicar, como hacen los defensores de la “Defensa Social”, que nunca podremos calcular exactamente la proporcionalidad entre el crimen y el castigo. Eso se reduce a la mera constatación del carácter imperfecto de la justicia humana, que no quita, como dijimos, la necesidad de la misma.

En cuanto a la dignidad de la persona humana, hay que distinguir la dignidad esencial, y la dignidad accidental. La primera se tiene por el mero hecho de ser persona humana y no puede perderse nunca, ni siquiera en lo más profundo del Infierno, lo cual ya está mostrando que esa dignidad esencial no es incompatible con los castigos más graves, más graves aún que la misma pena de muerte, en los casos en que por su libre elección la persona se ha privado a sí misma, mediante el pecado, de la dignidad accidental que le corresponde por la posesión de las virtudes morales.

Es claro que es de esa dignidad accidental que habla Santo Tomás en este pasaje de IIa. IIae., q. 64, a. 2, ad 3um:

“El hombre, al pecar, se separa del orden de la razón, y por ello decae en su dignidad, es decir, en cuanto que el hombre es naturalmente libre y existente por sí mismo; y húndese, en cierto modo, en la esclavitud de las bestias, de modo que puede disponerse de él en cuanto es útil a los demás, según aquello del Sal 42,21: El hombre, cuando se alzaba en su esplendor, no lo entendió; se ha hecho comparable a las bestias insensatas y es semejante a ellas; y en Prov 11,29 se dice: El que es necio servirá al sabio. Por consiguiente, aunque matar al hombre que conserva su dignidad sea en sí malo, sin embargo, matar al hombre pecador puede ser bueno, como matar una bestia, pues peor es el hombre malo que una bestia y causa más daño, según afirma el Filósofo en I Polit. y en VIII Ethic.”

Y es claro también que esa dignidad accidental que consiste en la posesión de las virtudes y más aún, en el estado de gracia, no se pierde sin culpa por parte del que la pierde, así que no cabe hacer a partir de aquí ninguna extrapolación hacia casos como la eutanasia, el aborto, etc.

La verdadera dignidad de la persona humana es inseparable del hecho de que se la considere dotada de libre albedrío y dueña de sus actos, y por tanto, responsable de sus elecciones, que serán dignas de premio si son buenas, y de castigo, si son malas.