UNA NUEVA CORTE MUNDIAL. LAS NACIONES UNIDAS Y LOS CRIMINALES DE GUERRA
<><//STRONG>
(Traducción resumida de dos artículos de The Economist).
Fuente: The Economist, 13-6-98, págs.16 y 46
Por Elena Brañas
¿Cómo fortalecer la Corte?
Después de cuatro años de intensas negociaciones entre más de 120 países, los esfuerzos para establecer la Corte Criminal Internacional (siglas en inglés, ICC) en defensa de los derechos humanos peligran, por las diferencias de opinión existentes entre los distintos países en la interpretación y aplicación de la jurisdicción de la Corte.
Estados Unidos lidera los desacuerdos, preocupando muchos activistas de los derechos humanos. Desde el mes de abril pasado, los diplomáticos norteamericanos en todo el mundo advirtieron a otros los países sobre los peligros que surgirían si se le otorgaba a la ICC poder absoluto.
En la aplicación de los derechos humanos las grandes portencias demuestran una acentuada ambivalencia, por un lado parece que la ley internacional no rige para ellas y, sin embargo se imponen a los demás países en nombre de un nuevo orden mundial. Esta ambivalencia se manifiesta ahora en las discusiones de Roma, ya que estos mismos países que impulsaron la creación de la ICC, ahora se niegan a restringir su propia soberanía, y someterse a la Corte.
La Corte tiene como objetivo fundamental procesar y juzgar a los acusados por crímenes de guerra, genocidio y crímenes en contra de la humanidad.
Pero, hay diferencias de opinión que se manifiestaron en la reunión que se está desarrollando en Roma, al dividirse los países en tres grupos.
El grupo más numeroso lo conforman 50 países, liderados por Canadá, la mayoría de los países europeos y africanos, Latinoamérica y Asia. Se autodenominan: "países del mismo parecer", quieren una "corte fuerte e independiente capaz de acusar por crímenes de guerra a cualquier persona o estado en todo el mundo".
El segundo grupo liderado por los Estados Unidos y Francia, apoyados por Rusia y China, desean una Corte efectiva, pero con poderes restringidos a las soberanías nacionales.
El último y más pequeño de los grupos representados por India, México y Egipto es muy renuente a permitir que la Corte tenga cualquiera de los poderes antes mencionados.
En la reunión de Roma hay cinco temas que se tendrán que resolver:
1. El Consentimiento de los Estados. Teóricamente e implícitamente, las leyes internacionales, reconocen una indefinida jurisdicción universal para acusar y juzgar sobre los crímenes de guerra, genocidio y crímenes en contra de la humanidad. Pero Francia propone que los estados deberían tener capacidad, según los casos que se presenten, de negar su consentimiento a la intervención de la ICC. Los defensores de una Corte independiente y fuerte dicen que esto sería una regresión legal, que paralizaría la Corte.
2. Las Relaciones con el Consejo de Seguridad. Estados Unidos quiere que la Corte antes de actuar, obtenga permiso del Consejo de Seguridad antes de investigar cualquier caso del que ese Consejo pueda ocuparse. La propuesta de Singapur y Canadá fue: que la ICC debería tener poder para investigar cualquier caso, pero deberá quedar al margen de los casos que señale el Consejo de Seguridad, por 12 meses renovables por otro período igual. En las negociaciones del mes de febrero cuando presentaron esta propuesta Gran Bretaña fue el único miembro permanente del Consejo que la defendió.
3. Los Poderes del Fiscal. Los Estados Unidos y otros países temen maniobras turbias si el fiscal acusador está "políticamente motivado". Por eso, no desean que la Corte inicie investigaciones, a menos que reciba un mandato expreso del estado involucrado o del Consejo de Seguridad. Los defensores de una Corte fuerte, insisten que el fiscal tiene que tener suficiente poder para investigar todos los casos, incluyendo los de las víctimas de las políticas de los estados particulares y las denuncias de grupos de los derechos humanos contra sus propios gobiernos.
4. Además. Otro grupo de países menores está de acuerdo en que la Corte debería complementar, no reemplazar, a los tribunales nacionales, y que debería actuar solamente donde estos tribunales nacionales no lo hagan, hayan perdido su credibilidad o rechacen actuar por sí mismos. Pero no todos coinciden con esta propuesta. Los Estados Unidos sugirieron que la Corte deberá anunciar públicamente cuales son las materias que tratará y que los estados deberían estar capacitados para negarse a las investigaciones de la Corte por un año. Los países autodenominados "del mismo parecer", han objetado esta propuesta aduciendo que permitiría a un individuo como Saddam Hussein ser exonerado por sus propios jueces o detener la investigación, matar o intimidar a los testigos y destruir las evidencias en su contra.
5. Definición de los Crímenes. El acuerdo más amplio que se logró en las reuniones previas fue sobre la definición de los delitos a ser juzgados por la Corte: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, tal como están definidos en los tratados internacionales. Alemania, Italia y Rusia desean incluir también el crimen de agresión. Muchos países americanos proponen el tráfico de drogas y el terrorismo. Pero, los observadores creen que la agresión estará fuera de la jurisdicción de la Corte por las dificultades que encuentran para definirla. FIN
Nota de Noticias Globales, en cuanto al número de países reunidos en Roma, The Economist es el que da un número menor.
Vid. sobre la Corte Criminal Internacional, ver Noticias Globales 3; 31; 35; 37 y 45.
Sobre las políticas del gobierno holandés, vid. Noticias Globales 27.
