595 - ONU: EL CEDAW AVANZA EN LA REINGENIERÍA SOCIAL DE IBEROAMÉRICA (II).
ONU: EL CEDAW AVANZA EN LA REINGENIERÍA SOCIAL DE IBEROAMÉRICA (II).
Notoria tendencia totalitaria. Claras referencias contrarias a la Iglesia Católica.
(Continúa del nº NG 593)
La ministra para la Condición de las Mujeres de Costa Rica, Esmeralda Britton González, presentó el informe de su país, que consta de 207 páginas.
González dijo: "el compromiso de Costa Rica para eliminar las diferentes formas de discriminación en contra de las mujeres es un requerimiento necesario para la construcción de la democracia". "La aprobación del Acta de Igualdad Social de las Mujeres de 1990 fue el comienzo de un fecundo período de desarrollo de los instrumentos legales e institucionales para proteger los derechos humanos de las mujeres", aunque continuó diciendo que existía aún una brecha entre la teoría y la práctica.
"La visión masculina aún prevalece en los cuerpos legislativos y judiciales, y no adoptan definitivamente medidas punitivas en contra de la discriminación de género", señaló.
"Son significativos los logros realizados para el cuidado de la salud sexual y reproductiva", continuó, "en 1999, el Ejecutivo aprobó por decreto el reconocimiento de los derechos de las mujeres para acceder a la esterilización quirúrgica como control de nacimientos".
Señaló que su país reconoce la necesidad de prestar más atención al problema de la salud reproductiva y sexual de las mujeres. Existe, dijo, una amplia política nacional de salud que incluye un área sobre derechos y salud reproductiva.
Victoria Popescu, experta de Rumania, dijo que en Costa Rica "aún persisten las imágenes estereotipadas de las mujeres". "Es importante remover los estereotipos en la educación y en otras áreas" (…) , preguntó si se usaban los medios de comunicación para cambiar las imágenes estereotipadas de las mujeres, y cuál era el papel de la Iglesia Católica en la "perpetuación de los estereotipos".
Rosario Manalo experta de Filipinas, preguntó si a los jóvenes se les proveía de "educación sexual constructiva", es decir "entrenamiento" para evitar los llamados "embarazos no deseados", como pide la Convención.
Refiriéndose a las barreras sociales para la introducción de las medidas de salud reproductiva, otra experta, Ferrer Gómez, quiso saber qué hacía el Gobierno para intentar cambiar esta situación que viola los derechos de las mujeres en Costa Rica; y señaló que los grupos conservadores trataban de frenar la educación sexual, la cual es "extremadamente" importante. Preguntó también qué hacía el Gobierno para proveer información a los jóvenes en contracepción, si se les proveía anticoncepción de emergencia, y si se tenía en cuenta el aborto terapeútico para las mujeres y las niñas que habían sido violadas. La violencia contra la mujer es otro de los argumentos que utiliza el Comité, y en general las redes mundiales de movimientos feministas, para exigir la legalización del aborto.
Maria del Rocio Saenz, ministro de salud de Costa Rica, respondió algunas preguntas diciendo que la salud era un derecho en su país. Ya en los 70 cuando la planificación familiar estaba en sus comienzos, habían logrado una reducción de la tasa de maternidad. Entre el 2001 y el 2002 esta disminución había sido del 7,8%. La Ley sobre Paternidad Responsable había favorecido este "logro".
El Comité concluyó que, "el mayor desafío para el Gobierno de Costa Rica, era asegurar la implementación práctica en la legislación del país del avance de las mujeres, superando los patrones discriminatorios y la oposición de los grupos conservadores de la sociedad".
La presidenta de turno del Comité, la cubana María Yolanda Ferrer Gómez, felicitó a Costa Rica por sus logros, pero señaló que deben imponer sanciones a quienes no cumplen las leyes para asegurar los derechos de las mujeres. Estas metas se deben reflejar en todos los niveles y en todas las esferas económicas, políticas, culturales y en la vida social.
La ministro para la Condición de las Mujeres, Esmeralda Britton González, respondió entre otras cosas que: "la Comisión para la Salud Sexual y Reproductiva puso en práctica, entre otros, programas extensivos para la prevención del HIV/SIDA". Y agregó: "la Iglesia ejerce una gran presión sobre el Gobierno para que se frenen los programas de salud reproductiva que nos preocupan". FIN, 02-08-03.
