Mejor que la Caridad no sea una ONG

La Caridad

Cuatro son los pilares de la vida cristiana: los sacramentos, la oración, la evangelización y la caridad. A mi parecer sacramentos (sobre todo la eucaristía y su inseparable compañero, la reconcilicación) y oración, por relacionar directamente al fiel con Dios, son los más importantes, y la fuente de todo lo demás. Pero también son imprescindibles la predicación de la palabra y el amor al prójimo, que ese y no otro es el significado de “Caridad”.

Cada época destaca en mayor o menor medida uno de esos pilares, pero hoy en día padecemos una inflación de importancia de la Caridad, y no porque deba de minusvalorarse esta, sino porque los otros tres pilares son poco visibles y deben ser recuperados, en la importancia que tienen, por la comunidad católica. Eso no quita la importancia que la caridad tiene, pues como bien dijo Nuestro Salvador, si no somos capaces de amar a nuestro hermano, al que sí vemos ¿cómo podremos amar a Dios, al que no vemos?

Con el transcurso de los siglos, para mucha gente, el concepto de Caridad se fue limitando y haciendo sinónimo al de limosna (ayuda pecuniaria puntual que los fieles entregan a los necesitados). El Santo Padre Benedicto XVI, en su primera encíclica Deus Caritas est, recuperaba en su plenitud el concepto de la caridad, en relación con el amor que Dios nos tenía y el que nos teníamos entre nosotros. También recordaba que el amor al prójimo, como su origen etimológico recoge, es el amor al más próximo. Un amor que tiene una amplitud inmensa, mucho mayor que la de la limosna. Un amor que comienza con el signo más sencillo: la buena educación y el respeto a nuestros semejantes; y que termina con el amor supremo, cuando damos la vida por los demás. Pues la caridad no es sino tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros.

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Al respecto de Cáritas

Todo fiel cristiano está llamado a la caridad. Y gracias a Dios, la mayoría la ejerce, en diversos grados de perfección. Ayuda directa a familias con problemas económicos, apoyo escolar, asistencia a marginados, a enfermos graves o desahuciados, o ancianos abandonados por los suyos, reparto de alimentos, asistencia y protección a mujeres maltratadas, cursillos de capacitación profesional a aquellas personas sin medios para pagárselos, albergues para transeúntes, bolsas de trabajo, ayuda a madres sin recursos… son centenares de iniciativas de los más diversos ámbitos dónde la persona se halla necesitada, cumpliendo con aquella afirmación de Cristo de que eran los enfermos los que necesitaban médico y no los sanos, y de que Él había venido al mundo para todos, pero sobre todo para los más necesitados. Así estamos obligados los fieles a amar a todos, pero sobre todo a aquellos más cercanos, y principalmente a los que más tienen necesidad de ayuda.

Este tipo de amor se lleva a cabo individualmente, y también por medio de miles de asociaciones privadas, ligadas a órdenes religiosas, a cofradías, a colegios confesionales, a grupos laicos, etc. No obstante, en España y en todo el mundo, existe una organización que encauza estos esfuerzos cuando van ligados a la comunidad más básica, la parroquia, y que depende de cada obispado. Se trata, naturalmente, de Cáritas (Caridad en latín), que se ocupa de la ayuda a los necesitados de cada lugar donde actúa (por contraposición de “Manos Unidas”, la organización de la Iglesia que se encarga de la cooperación con los países en vías de desarrollo, o “Ayuda a la Iglesia Necesitada”, que se encarga de las comunidades cristianas en países donde son minoría y sufren algún tipo de discriminación).

La labor de Cáritas sobrepuja en España a la de cualquier otra organización católica de ayuda (en realidad, supera en importancia a la de todas las demás juntas). Su lema reza: “para expresar la solicitud de la Iglesia por los necesitados, y favorecer la fraternidad humana a fin de que se muestre, con obras y palabras, el amor de Cristo”. Actualmente se halla presente en todas las diócesis y la mayoría de parroquias del territorio nacional (unas 6.000). Según su memoria 2011, la última publicada, cuenta con 64.000 voluntarios y 4.300 profesionales asalariados, y beneficia con sus programas de ayuda a 6 millones y medio de personas en España y en todo el mundo. Invirtió 250 millones de euros en actuaciones durante ese año: 221 en España y el resto en cooperación internacional. Según su memoria, el 66% de su presupuesto (166 millones) provino de donaciones: particulares, empresas o legados. El 33% (84,5 millones) provino de ayudas públicas (a partes casi iguales de ayuntamientos, autonomías y ministerios centrales, con una mínima aportación de fondos de la UE). Cabe recordar que esas ayudas públicas no se dan a Cáritas “porque sí”: provienen, bien de la parte proporcional de aquellos contribuyentes que en su declaración de la renta marcan la X en la casilla de las ONG, bien de la subvenciones establecidas por la ley a proyectos concretos presentados a las mismas. En este sentido, concurre en pie de igualdad que otras organizaciones asistenciales, católicas o no, religiosas o no. Si se lleva buena parte de esos fondos es, sencillamente, porque presenta una cantidad mucho mayor de proyectos que ninguna otra, o que todas juntas. El arraigo e importancia de Cáritas entre todas las asociaciones filantrópicas o asistenciales españolas es inmemorial y muy importante: es la ONG española más veterana, grande y activa con diferencia.

Es por motivos prácticos que Cáritas se ha inscrito como ONG. Ello le evita trabas fiscales y administrativas y le da mayores facilidades legales para desarrollar su labor.

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Cobrar el IBI a la Iglesia

Desde hace algunos años, pero cada vez con mayor insistencia, ciertos grupos de pensamiento y políticos, sobre todo liberal-progresistas, socialistas y socialdemócratas, alegando la aconfesionalidad legal, están proponiendo que la Iglesia católica sea eliminada del grupo de asociaciones eximidas de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI). En España, este impuesto, universal a todos los bienes inmuebles, tiene un curioso engranaje legal: cada municipio establece la cuantía porcentual de ese impuesto, y lo recauda, pero la legislación que lo regula es estatal. La ley Reguladora de las Haciendas Locales 2/2004 establece las exenciones a ese impuesto: naturalmente todas las vías y bienes de uso público y gratuito, también los bienes comunales o montes vecinales, los terrenos ocupados por líneas y edificios del ferrocarril, y los inmuebles propiedad de las administraciones públicas. Asimismo la Cruz Roja, las embajadas y consulados y la Iglesia católica (en virtud del Concordato con la Santa Sede) así como otras entidades confesionales no católicas (es decir, los cultos reconocidos como legales por el ordenamiento legal). Todos los edificios considerados de valor histórico o patrimonio nacional también están exentos si se solicita administrativamente. Asimismo hay bonificaciones de entre el 50 y el 90% para innumerables entidades: empresas constructoras mientras edifican, viviendas de protección oficial, cooperativas agrarias, etc (véanse artículos 73 y 74 de la citada ley).

Pero es que, además, la Ley de Mecenazgo 49/2002 de 23 de diciembre permite acogerse a diversos beneficios fiscales (entre ellos la exención del IBI) de numerosas entidades tenidas por beneficiosas socialmente (en palabras de la ley “se hace necesaria una Ley que ayude a encauzar los esfuerzos privados en actividades de interés general sin ánimo de lucro”, según la Exposición de motivos, punto I). Así, por esta ley dichas entidades prácticamente se libran de pagar el IBI en su mayor parte o totalidad, así como otros impuestos. Entre ellas tenemos a cualquier gestor de patrimonio histórico protegido, administraciones públicas, Cruz Roja, Organización Nacional de Ciegos, Academias, fundaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG), federaciones deportivas y comités olímpicos, y otras asociaciones declaradas de utilidad pública. También, nuevamente, la Iglesia católica y entidades dependientes de la misma (como por ejemplo patronatos de lugares de peregrinación), y resto de entidades religiosas reconocidas y con acuerdos de cooperación con el estado.

Vale la pena recordar que partidos políticos y sindicatos, bien por ocupar edificios cedidos por la administración pública (por ejemplo, el llamado “patrimonio histórico de los sindicatos” devuelto a los mismos por varios gobiernos), bien por acogerse a la ley de mecenazgo, ocupan muchos locales exentos de pagar parcial o totalmente, no sólo el IBI, sino otros impuestos que sí gravan al resto de ciudadanos.

Aquellos que solicitan que se elimine la exención del IBI a la Iglesia católica no lo hacen en función de un supuesto privilegio exclusivo de la Iglesia, pues ya hemos visto que otras confesiones y entidades de muy diverso tipo tienen previstas exenciones en la ley del IBI. A mi juicio, lo que esta corriente de pensamiento pretende dar a entender es que la Iglesia católica es una entidad privada sin beneficio social que debe ser tratada como cualquier otra. Normalmente dichas peticiones suelen provenir de los mismos que piden la prohibición de manifestaciones públicas de la fe (como las procesiones) o piden reprimir las declaraciones de clérigos al respecto de la moral en sociedad o política.

No obstante, si se efectúa esa eliminación de la exención del IBI (naturalmente, también al resto de confesiones religiosas, para no caer en injusticia), habrá que explicar a los católicos porqué si conservarían esa exención las cooperativas agrícolas, los terrenos de ADIF (la empresa que gestiona la red de ferrocarriles) o las empresas constructoras mientras construyen, dado que estas, al contrario que la Iglesia católica, obran con ánimo de lucro.
Asimismo, sería en la práctica poco efectivo, puesto que la Ley de Mecenazgo mantendría probablemente la mayor parte las exenciones a la Iglesia. Si se intenta revocar esta última ley, la cantidad de preguntas sería mucho mayor: ¿son más beneficiosas socialmente las fundaciones (muchas de ellas bancarias, o pantallas para otros negocios, como la tristemente célebre Noos)? ¿son más beneficiosas socialmente entidades con ánimo de lucro (como la conocida SGAE) sólo porque ocupan edificios históricos? ¿son más beneficiosas que la Iglesia ciertas federaciones deportivas donde el afán de lucro es más que notorio? En fin ¿son más beneficiosos socialmente los partidos y sindicatos que se acogen a estas leyes para pagar nada o poco de sus impuestos en la mayor parte de sus sedes?

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Sobre el pago del IBI por la Iglesia católica y Cáritas

Entre los pensadores de la corriente agnosticista (mucho más influyente de lo que parece) hay diversos grados: una minoría pretende marginar a la Iglesia totalmente de la vida pública, y quiere eliminar todas las exenciones. La mayoría, no obstante, acepta mantener la exención de los templos de valor histórico, y muchos, de los templos en general (de utilidad pública y gratuita indudable). Se trataría sobre todo de gravar los inmuebles asociados a la Iglesia. En gran medida esta corriente de pensamiento está lastrada por una filosofía fuertemente estatalista (que asocia indefectiblemente público con estatal). Así, vemos campañas continuamente en las que se asocia el dinero que se ahorra la Iglesia en impuestos varios con los supuestos beneficios que se derivarían de emplear ese dinero para otras causas. La tozuda realidad de que las administraciones públicas nunca emplean el dinero en favor de los más necesitados mejor que la mayoría de entidades sociales no parece hacerles abrir los ojos.
Aparentemente, perseguir tenazmente la utopía socialista del estado como gran benefactor, es la única opción que se da a los seguidores del modernismo, pese a sus repetidos fracasos. Los numerosos tropezones en la misma piedra no parecen ejercer de escarmiento alguno.

Yo personalmente desconfío bastante de la capacidad del estado (sea como gobierno central, autonómico o local) para gestionar óptimamente el dinero de los ciudadanos, recaudado en exacciones cada vez más inmisericordes. Confío mucho más en iniciativas sociales normalmente más apegadas a la realidad. Al respecto de este tema no veo urgencia alguna ni beneficio claro en realizar cambios radicales en la legislación. Probablemente una ley como la italiana- hacer pagar el IBI únicamente a los locales eclesiásticos que desarrollan actividades lucrativas, como cafeterías, aparcamientos o tiendas de objetos religiosos- sería lo más sensato, aunque tales locales con actividad lucrativa no son, ni de lejos, tan frecuentes en España como en Italia.

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Consideraciones a la reacción de la comunidad católica

Es corriente que ante estas propuestas, los católicos se molesten. La razón es que las iniciativas en ese sentido parten de asociaciones y partidos que claramente no ven a la Iglesia como una entidad benéfica socialmente (cualidad por la que las leyes eximen de impuestos a algunos cuerpos sociales). El origen de esa eximente legal no es únicamente el Concordato del Estado con la Santa Sede, sino la consideración constitucional de que la religión católica debía ser tratada de forma preferente por el estado. El problema es que la actual constitución española data de 1978, cuando el 90% de los españoles eran católicos. Hoy en día, aunque sorprendentemente el 70% siguen afirmándolo en las encuestas, apenas un 25% de ciudadanos podrían entrar, por su vivencia cristiana y su seguimiento de las enseñanzas doctrinales y morales de la Iglesia, dentro del término “católico”. Así pues, convertida la comunidad católica en minoritaria, este tipo de iniciativas van a aparecer cada vez con mayor frecuencia, y más pronto o más tarde serán puestas en práctica (pese a que algunos obispos opinen que vale la pena seguir la corriente a los poderes políticos para conservar tales exenciones). Acostumbrémonos a aceptar que más pronto o más tarde, los locales no puramente consagrados pertenecientes a la Iglesia deberán pagar impuesto de bienes inmuebles. El hecho de que ese dinero vaya a servir para sanear bancos y cajas dirigidos de forma ineficaz y corrupta o para pagar intereses de deuda pública, en vez de servir a la sociedad de algún modo, puede hervirnos la sangre, pero no cambiará la realidad.

Quizá sea bueno ver el lado positivo de todo ello: los católicos deberemos de despertar del largo sueño de la protección estatal a nuestro culto y a nuestra Iglesia. Tal vez así comencemos a entender que hay muchos poderes en este país hostiles a la Iglesia, ante los que debemos estar prevenidos. Tal vez así seamos más libres, y nuestros prelados puedan predicar con mayor plenitud la enseñanza católica, ya sin el miedo a que palabras molestas para oídos oficiales les quiten protección y recursos. Comencemos a entender que debemos sostenerla nosotros, y no ningún poder público (aunque con casi la mitad de la riqueza que generamos los ciudadanos acabando en manos del estado por diversos conductos impositivos, y la crisis vigente, resulte verdaderamente heroico), porque esa es la base de nuestra libertad. Históricamente se establecía el diezmo de todos los beneficios (cuando los hay) para sostenimiento de nuestras parroquias, y de nuestras diócesis. Aunque lo verdaderamente cristiano sería dar todo lo no imprescindible (por no hablar de las comunidades religiosas, que viven poniendo todo en común), sabiendo como sabemos que es bien utilizado en favor de los demás.

La realidad es que poco dinero de la Iglesia en España (entendida como conjunto de diócesis, y la Conferencia episcopal como su representante) es destinado directamente a Cáritas; aproximadamente unos 5 millones de euros, que no es mucho en su presupuesto. El verdadero problema es que Cáritas (como debe ser), forma parte de la Iglesia, y por tanto utiliza para su labor muchos de sus recursos libremente, y entre ellos los locales parroquiales que se verían gravados con el IBI. No sería de extrañar que muchos de esos locales fueran vendidos por no poder afrontar los nuevos gastos (pese a lo que crean los panfletistas del postmodernismo, la inmensa mayoría de las parroquias españolas son solemnemente humildes). Esa pérdida de locales donde gratuitamente se podían desarrollar actividades sí sería perjudicial para Cáritas. Y eso sería perjudicial para todos: para la Iglesia, para las personas atendidas por Cáritas y para la sociedad en su conjunto.

Es bueno que Cáritas esté inscrita como ONG, ya que le procura una serie de protecciones oficiales que hacen más sencilla su buena labor, pero la Caridad no debe ser una ONG. La Caridad la debemos llevar a cabo todos los católicos (por cierto, aunque sea políticamente incorrecto, bien dice explícitamente san Pablo que, aunque no hagamos discriminaciones con paganos o infieles, primeramente con nuestros hermanos cristianos) porque el amor al prójimo forma parte fundamental, junto con los sacramentos, la oración y la evangelización (mucho más impopulares para todos esos movimientos laicistas que la ONG Cáritas) de nuestra vida cristiana. Por eso no me gusta cuando algunos católicos, con la mejor de las voluntades, supongo, esgrimen la tarea de Cáritas como un arma o contrapartida para que la Iglesia siga siendo considerada como una entidad socialmente beneficiosa (como tantas otras), y continúe siendo eximida del IBI. Alguno incluso da a entender que si se le cobra el IBI a la Iglesia, Cáritas “devolvería los pobres al estado para que se haga cargo de ellos” (entiéndase esta frase mía como una simplificación grosera). Pues no, Cáritas no trabaja para el estado, ni tiene que pedirle o darle cuentas sobre las razones por las que hace lo que hace. Forma parte de la Iglesia, y por tanto, siempre practicará el amor al prójimo como organización. Si tiene más facilidades, hará más cosas; si tiene menos, hará menos. Y si si su trabajo es entorpecido o incluso prohibido, hará lo que pueda. Pero su misión responde ante un único jefe en un único momento: Cristo el día del Juicio Final, cuando pregunte qué hicimos por estos pequeñuelos necesitados que él dejó cerca de nosotros.

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Tratad a los hombres de la manera en que vosotros queréis ser de ellos tratados. Si amáis a los que os aman ¿qué mérito tendréis? Porque los pecadores aman también a quienes los aman. Y si hacéis bien a los que os lo hacen ¿qué mérito tendréis? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos igual favor. Pero amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperanza de remuneración, y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los malos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso.
San Lucas 6, 31-36

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