La Iglesia de Unificación, investigada por el Gobierno de Japón

El Gobierno de Japón ha puesto en marcha el pasado 22 de noviembre una investigación sobre la gestión de la controvertida “secta Moon”, nombre con el que se conoce popularmente a la Iglesia de Unificación, un grupo religioso que se encuentra en el punto de mira desde que el ex primer ministro Shinzo Abe fue asesinado, ante las numerosas quejas recibidas por parte de sus seguidores.

Según informa la agencia Europa Press, las autoridades están ahora tratando de discernir si la Iglesia de la Unificación ha incurrido en violaciones de la ley de organizaciones religiosas a la hora de ganar adeptos y gestionar las donaciones recibidas. Actualmente utiliza, entre otros nombres, el de Federación para la Paz Universal.

Posibles consecuencias

El Ministerio de Educación ha puesto en duda el estatus financiero de la organización en una serie de medidas que apuntan a la posibilidad de que las autoridades retiren a la iglesia el estatus de “corporación religiosa”, que otorga beneficios fiscales.

Así, los investigadores han fijado el 9 de diciembre como fecha límite para que la secta responda a las acusaciones. Se trata de la primera vez que el Ministerio de Educación abre una investigación contra un grupo religioso desde que se estableció la posibilidad de llevar a cabo este tipo de pesquisas.

En caso de que las autoridades cuenten con indicios suficientes de irregularidades, podría solicitar a la Justicia que retire el estatus a la Iglesia de Unificación, que ha sido acusada de extorsionar a sus seguidores y pedirles grandes sumas de dinero. No obstante, la organización podría seguir adelante con sus actividades religiosas.

Sospechas sobre adopciones

Por otra parte, el ministro de Sanidad, Katsunobu Kato, ha confirmado que el Ministerio ha enviado una carta a la organización con preguntas sobre la presunta mediación para facilitar la adopción de menores entre sus seguidores.

La Iglesia de Unificación ha sido acusada de ayudar a algunos seguidores a adoptar a los hijos de otros miembros de la organización, algo que las autoridades también prevén investigar. La secta tendrá un plazo de dos semanas para responder a estas preguntas.

Según la ley de adopción japonesa, las organizaciones deben registrarse como tal ante las autoridades de cada prefectura, por lo que, si la Iglesia de Unificación ha actuado como tal de forma regular, podría haber incurrido en una violación de esta norma.

La organización ha admitido por el momento que se han producido 745 adopciones ente los seguidores desde 1981, pero ha negado haber realizado este tipo de acciones de forma sistemática como haría una agencia de adopción.

Controversia actual

Tal como ha publicado la agencia Efe, el primer ministro nipón, Fumio Kishida (en la foto superior, en un montaje de Nikkei sobre el logotipo de la secta), ordenó el mes pasado la apertura de esta investigación para determinar si hubo o no incumplimiento de la normativa de organizaciones religiosas.

En particular, se sospecha que la Iglesia de Unificación podría haber “ejercido una amplia influencia e infligido daños extensos” con su modus operandi, puesto que la organización ha sido obligada a pagar más de 1.400 millones de yenes (unos 9 millones de euros) en un total de 22 demandas civiles presentadas en su contra, según dijo la ministra de Cultura, Keiko Nagaoka, en la rueda de prensa.

La rama japonesa de la Iglesia de Unificación ha estado en el foco mediático desde el asesinato a tiros de Abe el pasado julio a manos del hijo de una miembro que responsabilizaba al credo de la quiebra de su familia y creía que el exmandatario era simpatizante.

El magnicidio deparó un escrutinio sobre el grupo, conocido por alentar a sus seguidores a hacer importantes donaciones financieras, y sus vínculos con la esfera política japonesa, especialmente con el gobernante Partido Liberal Democrático, lo que ha afectado significativamente a los índices de apoyo del Gabinete de Kishida.