Portugal: 23 años de cárcel para el líder pederasta de la secta Verdad Celestial

El pasado 12 de diciembre fue hecha pública la sentencia del juicio a una secta pedófila de Palmela (Setúbal, Portugal) conocida como “Verdad Celestial”. Rui Pedro Santos, el líder de la falsa asociación religiosa creada en 2014, fue condenado a 23 años de prisión, tal como informan Mafalda Ganhão y Hugo Franco en Expresso.

En total, hay ocho acusados. André Marques fue condenado a 19 años, Bruno Fernandes a ocho años y cuatro meses, Nádia Campos a siete años y ocho meses, David Martins a siete años y cinco meses, y Claudio Sousa a siete años de prisión. Dos de las tres mujeres acusadas acabaron siendo absueltas.

Cuatro de los ocho acusados ​​fueron condenados a indemnizaciones no patrimoniales. Rui Pedro y André Marques tendrán que pagar cada uno de ellos 30.000 euros, mientras que Bruno Fernandes y Claudio Sousa tendrán que pagar 10.000 euros.

“Psicólogo y líder espiritual”

Rui Pedro Santos se hacía pasar por psicólogo y por líder espiritual, promoviendo actividades de tiempo libre para niños en una vivienda en Brejos do Assa. A pesar de ofrecer consultas gratuitas o de cinco euros, nunca levantó sospechas entre los padres que dejaban a sus hijos a su cuidado. A lo largo del proceso, se escucharon los testimonios de ocho niños víctimas de abusos, incluidos los hijos de los acusados ​​(uno de ellos es hijo de Rui Pedro).

Cuando se quedaba en la habitación con niños, fijaba una hoja A4 en la puerta: “No interrumpir, proceso espiritual en curso”. Y nadie se atrevía a abrirla, con temor de ser objeto de represalias. Unos sabían lo que pasaba allá adentro y no se preocupaban, otros simplemente preferían no pensar en el asunto.

Para dar credibilidad a la supuesta religión que se seguía en el anexo de Brejos del Assa, Rui Pedro garantizó a los invitados que la “red internacional” estaba compuesta por elementos de la Policía Judicial, agentes de la Policía de Seguridad Pública e incluso personas vinculadas a los tribunales.

El fin de los abusos

El silencio sobre lo que pasaba entre las cuatro paredes se prolongó durante meses y fue impuesto con amenazas, unas más veladas, otras a la vista de todos en “comunicados” y “órdenes maestras” pegadas en las paredes.

El primer revés de la secta se dio en febrero de 2015, cuando Claudio Jorge fue detenido por la Policía Judicial por crímenes de pornografía infantil, en otro caso pasado en Loures. En ese momento los investigadores descubrieron lo que pasaba en la vivienda de Palmela.

No pasaron muchos meses hasta que los inspectores de la Policía Judicial de Setúbal percibieron lo que pasaba en Brejos do Assa. Cuando los agentes entraron en la vivienda, en junio de 2015, tres niños dormían en el mismo cuarto de Rui Pedro.

Renato: “¡Estamos salvados!”

El diario portugués Público ha publicado recientemente un extenso reportaje en el que aparece el testimonio de un menor víctima de la secta. La periodista Ana Dias Cordeiro cuenta que cuando la abuela Laurinda contactó con la División de Investigación Criminal de la Policía Judicial (PJ) de Setúbal, su nieto estaba muy delgado, sucio y mal vestido.

El allanamiento de la casa de la secta ocurrió en las primeras horas de la mañana del 25 de junio de 2015, cuando “todo el mundo estaba dormido”. Renato se destacó de los otros niños porque dio saltos en la cama dando vivas a los policías al mismo tiempo que decía: “estamos salvados, estamos salvados”, según supo después su madre, Vanda.

Su mundo no se derrumbó de una vez, sino que cayó poco a poco. Primero con las revelaciones de que el hijo había vivido con su padre en una casa donde este último era uno de los principales sospechosos de abusos. En ese momento, Vanda vivía y trabajaba en el Algarve y veía al hijo de forma muy espaciada.

En ese mes de junio de hace dos años –cuando el ex marido y otros dos principales acusados ​​se quedaron en prisión preventiva– empezó a pensar que Renato se habría librado. Más tarde, imaginó que podría haber sido expuesto para fines de pornografía infantil, pero no abusado físicamente… pero finalmente la acusación vino a confirmar que lo fue “un número indeterminado de veces”.

Difícil petición de ayuda

Desde el principio, Vanda golpeó varias puertas pidiendo apoyo psicológico para su hijo, entonces de seis años. La Comisión de Protección de Niños y Jóvenes (CPCJ) de Lourinhã, donde entonces Vanda pasó a residir con Renato y la hija mayor, no tenía psicólogo. Además, no se podía hacer nada “sin el consentimiento de ambos padres”. La madre dio su consentimiento y pidió ayuda. El padre estaba preso y no llegó a autorizar.

Ante la insistencia de Vanda, la CPCJ le aconsejó informalmente que intentara ella misma una consulta en el centro de salud o en la cámara municipal (ayuntamiento), lo que no le fue garantizado por falta de recursos y obligatoriedad de quedarse en lista de espera. Ninguna entidad tuvo en cuenta la excepcionalidad de la situación de Renato.

Sólo en noviembre de 2015, cuando exigió, en el Hospital de Torres Vedras, que el hijo fuera acompañado, amenazando con “un escándalo en la televisión”, logró conseguir la consulta. Habían pasado cinco meses desde el final de los abusos. Renato comenzó a tener apoyo psicológico regular pero poco frecuente: de tres en tres semanas como media.

“El apoyo psicológico debía haber sido coordinado por las varias entidades que conocían el proceso”, considera Vanda. “Ellos son responsables sin ser responsables, porque no está nada escrito sobre quién debe proveer ese apoyo. Si debe ser la PJ, el Instituto de Medicina Legal [INML], el tribunal o la Seguridad Social”.

Respuestas desarticuladas a las víctimas

En realidad, esta responsabilidad no está definida. “Lo que falla aquí es que no hay una entidad que tenga la responsabilidad de hacer la evaluación de las necesidades del niño”, subraya Cristina Soeiro, psicóloga forense y responsable de la Escuela de Psicología de la PJ. “No existe un procedimiento estructurado, y es importante que exista. Hay que mejorar y aumentar las respuestas integradas de los distintos servicios”.

En la respuesta a Público sobre un eventual deber de información a las víctimas sobre la posibilidad de ser apoyadas, la Dirección Nacional de la PJ se remite al artículo del Código de Proceso Penal que determina que “la dirección de la investigación corresponde al Ministerio Público, asistido por los órganos de policía criminal”, y éstos “actúan bajo la orientación directa del Ministerio Público y en su dependencia funcional”. Ni el Instituto de la Seguridad Social ni el Tribunal de Setúbal, a los que se dirigieron preguntas similares, respondieron a su debido tiempo.

Los apoyos son locales y varían de entre las localidades, tal como confirman dos magistrados del Ministerio Público. Hay asociaciones, como la Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas (APAV), que intentan hacer frente a estas deficiencias en el sistema. En enero de 2016, lanzaron la red CARE, una red de apoyo especializado a niños y jóvenes víctimas de violencia sexual.

La madre, incapaz de leer la acusación

Sin embargo, junto a la CPCJ de Lourinhã, Vanda reforzó la petición de acompañamiento psicológico de Renato, cuando oyó de la boca del propio hijo, el 26 de octubre de 2015, lo que realmente había sucedido. Venían de la pericia psicológica en el INML en Lisboa. “Íbamos en el coche, y él me contó lo que le hacían”.

Lo dijo “como si no pasara nada”, recuerda Vanda. “Y eso es lo peor que puede suceder”. Es señal para la madre de que lo que es ahora indecible, tendrá más tarde un efecto devastador. “Él se acuerda de todo, lo sabe todo, apenas no atribuye la gravedad cierta a los actos” que sufrió. “Es difícil explicar a un niño al que se ha impedido hablar durante tanto tiempo que debe contar lo que le pasó. Creo que mi hijo todavía está viviendo los efectos del lavado al cerebro que le hicieron para no hablar”, dice Vanda.

Él habla más libremente con Laurinda, confirma Vanda, como si creyera que la abuela tiene más capacidad para aguantar lo que tiene que decir. “Él dice que no quiere ver a su madre triste”. Cuando recibió en casa la acusación, Vanda no fue capaz de leerla. Su compañero la leyó por ella, lloró durante horas y le imploró que no la leyera. Un día, dice Vanda, tendrá que hacerlo. Por su hijo.

Un caso muy grave

La madre sabe a grandes rasgos lo que llevó al Ministerio Público a realizar la acusación en junio de 2016: se trataba de un caso con niños muy pequeños implicados (de entre 5 y 14 años) y adultos que actuaron en grupo, lo que hace de éste, de acuerdo con una fuente conocedora, “un caso muy grave” en el que los agresores tienen muchos factores de riesgo, de reincidencia: ocho acusados ​​fueron acusados ​​por cientos de delitos de abuso sexual de niños, crímenes de violación agravada, actos sexuales con adolescentes, crímenes de pornografía infantil agravada y lenocinio agravado.

El principal acusado, líder de la secta “Verdad Celestial”, que obligaba a los niños a mantener relaciones sexuales con él y los demás adultos –bajo pena de ser malditos o de que algo muy grave sucedería a sus familias–, se presentaba como “purificador”, según se lee en el auto de acusación. Consideraba que, para ser purificados, “los niños no debían tener más de 12 a 14 años”.

Cuando tenían sexo oral o anal con él, y el niño empezaba a llorar, tapaban la boca al niño para sofocar el sonido, según dice el documento en una referencia a abusos filmados y cuyas imágenes fueron encontradas entre el vasto material informático incautado.

“¿Tú me salvas, abuela?”

En los primeros meses tras la salida de la secta, al vivir con su madre, y después con ella en casa de la abuela, Renato tenía a menudo el sueño lleno de miedos y pesadillas. Gemía y lloraba, despertaba suplicando, en voz alta, ser salvado. Todavía ahora, a veces despierta asustado: “¡Suéltenme, no me agarren!”. Y cuando sucede, él implora, aún dormido: “No me lleven de aquí”. Y ya despierto: “¿Tú me salvas, abuela?”.

¿Qué pasará por su cabeza?, se interroga la madre. “Él no quiere recordar, está guardando todo allí dentro. Le metieron en la cabeza que aquello era normal. Pero ya conseguimos que abriera la cajita. Me dijo que el padre le obligaba a beber cerveza. Intento no pensar en esto sobre una base diaria. Pero es difícil”, dice Vanda. Interrumpe la entrevista, pide que continúe otro día.

Laurinda habla sin vacilar. “Esto es una pesadilla. Mientras el juicio no termine, mi nieto no está libre de que lo llamen”, dice. “¿Entonces los niños no merecen tener paz de espíritu? ¿Los padres no merecen tener paz de espíritu? ¿Y saber que los responsables van a pagar por el mal que hicieron?”, se interroga, indignada.

“Me gustaría morir”

El juicio se ha prolongado desde enero de 2017 en el Tribunal de Setúbal. Fue difícil decir al niño, entonces con seis años, que el padre iba a quedar detenido: “Cuando él preguntaba, le decíamos: ‘Tu padre todavía está allí con los policías’”. “¿Y no puede hablar conmigo?”, preguntaba. “Él está castigado, le quitaron el teléfono”.

El mes pasado, Renato sorprendió a la abuela: “¿Sabes una cosa? Me gustaría morir. Si muriera y viviera otra vez, podría ser un niño normal”. Laurinda no se quedó sin palabras y le dijo que él es un niño como los demás. “Pero, ¿cómo digo al niño que es normal lo que le sucedió?”, afirma.

“Tenemos que saber en todo momento actuar con él para que no sufra”, subraya Vanda. “No podemos ser demasiado permisivos ni demasiado rígidos. Tenemos que educarlo como a cualquier otro niño, pero no es como cualquier otro niño. Cuando es preciso, hay que reprenderlo. Y nosotros reprendemos, instructivamente”.

Renato es muy pequeño, come mucho pero sigue delgado. Como si el desarrollo físico hubiera parado por lo que pasó, dice su madre. Durante meses, pasó hambre. Los agresores preferían a los niños delgados, se lee en la acusación.

Hoy, con ocho años y medio, Renato frecuenta el tercer año de la enseñanza básica y no revela problemas de comportamiento. “Cuando él comience a tener noción de lo que le hicieron y que el padre no lo protegió, ¿cómo va a reaccionar?”, se cuestiona la abuela. No tiene esperanzas, tiene dudas: “¿Cómo va a crecer?”.