Acusan a un gurú de Granada de emplear técnicas de persuasión coercitiva

La Fiscalía mantiene que el líder de la Comunidad Védica de Granada hace uso de un “autoritarismo despótico” obteniendo “numerosos beneficios” de carácter personal, sexual y económico, según leemos en la agencia Europa Press, cuyo despacho reproducimos a continuación. En este blog ya informamos el pasado mes de julio sobre las acusaciones contra este líder.

La Fiscalía Provincial de Granada ha decidido interponer denuncia contra Antonio Javier Ruiz Plazas, el supuesto gurú de la comunidad hinduista instalada en Arilla (Granada) ‘Vadika Pratisthana Sangha’, por hacer un uso “sistemático de técnicas de persuasión coercitiva”, “engañando y presionando psicológicamente” a los integrantes de su congregación. Se le atribuye un delito de asociación ilícita y tantos delitos contra la integridad moral como personas afectadas, que podrían ser una veintena de toda España.

El Ministerio Público considera que desde que se fundó la comunidad, a principios de los años 80, el denunciado “de manera personal y valiéndose de aquellas personas que componen la estructura jerarquizada” de la congregación, “ha venido llevando a cabo actos consistentes en la captación de personas en satisfacción de sus intereses personales”, según consta en el decreto que la fiscal jefe, Ana Tárrago, ha hecho público el pasado 22 de diciembre, un documento al que ha tenido acceso Europa Press.

Utilizando como “reclamo” el atractivo de la religión y la cultura hinduista y aprovechando en ocasiones la “debilidad” de quien acudía a ellas por problemas familiares, laborales, psicológicos e incluso físicos, el líder, aplicaba técnicas abusivas y coercitivas en el grupo, tales como permitirles tan sólo una comida al día, tres o cuatro horas únicamente de sueño, deberes y responsabilidades “constantes”, incluso con “contratos de esclavitud”, por los que los miembros de la congregación “debían comprometerse a no descansar y a estar disponibles las 24 horas para las necesidades del maestro”.

Tras la investigación y toma de declaración de las posibles víctimas, la Fiscalía señala en su decreto que Antonio Javier Ruiz Plazas ha conseguido además mediante sus procedimientos tener acceso sexual a muchas de las integrantes de la comunidad, “a quienes incluso ha inducido a mantener relaciones lésbicas en su presencia”.

También el gurú ha cambiado de manera significativa la dieta alimenticia en la Casa Yoga que la comunidad tiene en Armilla (Granada), indicándole a sus adeptos que deben llevar ser lacto-vegetarianos; ha establecido “horarios muy limitados y una actividad frenética”; ha impuesto “deberes” que “nunca finalizan” y sesiones religiosas o de “adoctrinamiento” “maratonianas”, con monólogos de hasta 7 u 8 horas; ha conseguido el “agotamiento mental a través de acusaciones injustas, humillaciones públicas, insultos y gritos exagerados” que acaban minando la “capacidad de decisión” de la comunidad; y ha llegado incluso a emplear la violencia física.

En definitiva, Ruiz Plazas ha hecho uso de una serie de métodos “tendentes a anular y controlar la personalidad de los miembros de la comunidad”, encaminados a poder disponer de sus bienes, propiciando que los vendieran o con la finalidad de integrarlos en su propio patrimonio o de testaferros (en ocasiones se han hecho transferencias a la cuenta de su madre). Actualmente, incide el Ministerio Público, existen pendientes “posibles transmisiones” de inmuebles titularidad de quienes actualmente son discípulas de la comunidad.

Sus técnicas reflejan “la dependencia” de los integrantes y cómo éstos “sacrifican sus propias metas y objetivos personales en pro de los intereses de la jerarquía y la doctrina”.

El denunciado ha conseguido por otra parte un “claro aislamiento del exterior”, puesto que forma parte de un grupo “cerrado” y además ha conseguido “controlar las relaciones íntimas” que mantiene cada uno de sus discípulos decidiendo sobre sus amistades, relaciones familiares e incluso amorosas. Ha hecho y hace uso de un “autoritarismo despótico” criticando duramente a los miembros de la congregación, que son “instados a conductas de explotación” en pro de los intereses de la jerarquía, perdiendo el “juicio crítico e independiente”.

Plazas ha realizado tales actos “con la finalidad de obtener y obteniendo numerosos beneficios de carácter personal, sexual y económico”, consiguiendo que quienes acceden a la comunidad hagan para él trabajos físicos, mantengan relaciones sexuales o les transfieran importantes cantidades económicas.

Hay un total de 22 personas efectadas, ex discípulos o actuales integrantes de la comunidad. Por ello, procede interponer denuncia contra el gurú, de 56 años y residente en Monachil, por lo que el caso será llevado a partir de ahora por un Juzgado de Instrucción de Granada.

La Fiscalía Provincial abrió diligencias de investigación penal sobre este asunto después de que el caso fuera llevado a la Fiscalía Superior de Andalucía por el Defensor del Ciudadano de Granada, al que acudieron familiares y ex adeptos para trasladarle lo ocurrido.

Además, el pasado verano víctimas del supuesto gurú, que se han constituido en asociación, ofrecieron una rueda de prensa en la que aseguraron que Plazas anula la libertad a los miembros de su comunidad y los explota y somete mediante técnicas de “persuasión coercitiva” propias de un líder sectario.