Hace unos días se ha conocido la sentencia por la que se condenaba a 26 años de cárcel a Josué Estébanez por el asesinato de Carlos Palomino en el metro de Madrid. Creo que casi todo el mundo ha podido ver el vídeo del crimen. El tal Josué, soldado profesional, se encontraba en un vagón del metro madrileño cuando vio que se acercaban un grupo de jóvenes “anti-fascistas” que iban a reventar una manifestación de fascistas, o algo parecido. Antes de que Palomino entrara donde estaba su asesino, éste había sacado el puñal con el que finalmente le quitaría brutalmente la vida. Las imágenes muestran claramente que a Estébanez no le llegaron a poner la mano encima, así que difícilmente se puede alegar defensa propia.

Tengo la sensación de que si la cosa hubiera sido al revés, o sea, que el asesinato lo hubiera cometido un anti-fascista contra un fascista, la repercusión mediática habría sido diferente. La extrema derecha violenta tiene peor fama que la extrema izquierda violenta, aunque ambas son la misma basura. Alguien me dirá que no existe tal cosa como una extrema derecha o izquierda violenta, pero yo creo que conviene diferenciar entre quienes defienden una ideología política extrema y no por ello van abriendo cabezas y matando gente y los que sí lo hacen, aunque también es cierto que algunas ideologías políticas llevan la violencia inserta en sus genes.

Por lo general son jóvenes los que se meten en grupos de uno u otro signo. Ellos piensan que son muchas las cosas que les diferencian, pero son bastante más, y de mayor importancia, las que les unen. Por ejemplo, el odio hacia el contrario, hacia el diferente. Por ejemplo, su extremismo. Se dice que los extremos se tocan y en este caso eso es especialmente cierto, con la particularidad de que el toque a veces resulta mortal.

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Como quiera que la buena gente de Bebé-Aído ha enviado un muñequito de los suyos a la Familia Real y han pedido al Rey que interceda para que no salga adelante la nueva ley del aborto, recupero para los lectores de este blog y de InfoCatólica una carta que escribió monseñor Guerra Campos el 19 de julio de 1985, a cuenta de la primer ley del aborto y su sanción por el sucesor de Franco a título de Rey y actual Jefe de Estado de nuestra querida España:

MORAL CATÓLICA Y MONARQUIA CONSTITUCIONAL
La responsabilidad moral del Rey en la sanción de las leyes

El 19 de julio “YA” publicó un editorial titulado “El Rey y la ley del aborto”. Envié al diario una exposición complementaria con el propósito de que la doctrina moral católica no quedase rebajada a mero liberalismo. “YA” no se ha dignado publicar dicha aclaración. Y así me veo obligado a hacerla pública en este número del “Boletín”, añadiéndole un párrafo conclusivo.

“YA” en su editorial de hoy glosa mi declaración de 13 de julio en lo tocante a la sanción y promulgación de la ley. Destaca este punto como novedad. La novedad, si la hay, no me corresponde, pues, en 1983, un Obispo muy ligado al “YA”, escribió sobre el “grave problema de conciencia para muchas personas porque no es lícito cooperar ni a la elaboración, ni a la promulgación, ni a la puesta en práctica…”

El artículo de “YA” merece ser continuado para que podamos asomarnos de verdad al problema moral que nos preocupa. Recuerda primero la conocida falta de responsabilidad jurídica del Rey según la Constitución, su carencia de iniciativa y de libertad para oponerse, su función meramente nominal, su preeminencia simbólica y puramente representativa como encarnación suprapartidista del Estado.

En el último párrafo, que es el que toca la cuestión, hace dos afirmaciones. En la primera reconoce que “la responsabilidad moral no queda agotada en la responsabilidad jurídica ni de las personas ni de las instituciones”. “Puede darse incluso contraposición entre ambas, lo mismo que puede darse entre la legalidad de una norma y su moralidad”. Reconocimiento oportuno, pues el gran problema tras la promulgación de la ley está precisamente en que numerosos practicantes del aborto quedan exentos de responsabilidad jurídica mientras permanece su responsabilidad moral, como autores de lo que la Iglesia califica de “crimen abominable”.

La segunda afirmación es aplicable al caso del Rey. Dice que para “calibrar su verdadera responsabilidad moral” es forzoso tener en cuenta como condicionante: 1º la obligación jurídica de obrar en un sentido determinado, en razón de su cargo; 2º la necesidad de ponderar, en difícil discernimiento, las gravísimas consecuencias de carácter general que pudieran derivarse de sus decisiones.

Y aquí se detiene la exposición de “YA”. Que hay que tener en cuenta ese condicionante es evidente; pero no basta para formar un criterio moral. Nos deja en una hipótesis indeterminada. En primer lugar, ¿consta que el Rey tuviese obligación jurídica de sancionar cuando la ley se opone a las garantías que exige el Tribunal Constitucional? Y dado el condicionante, ¿elimina sin más y en cualquier caso la responsabilidad moral? ¿No se requiere alguna otra condición, al menos como propósito de futuro?

Una respuesta cómoda sería que el Rey, en virtud del sistema constitucional, queda exento de responsabilidad moral sancionando con pasividad permanente y automática todo lo que produzca aquel sistema, aunque ello le convirtiera en símbolo de un Estado que conculque valores inviolables.

En nuestro caso es forzoso no olvidar que, mientas dure la ley del aborto, lo que se produce no es sólo una situación insatisfactoria respecto a opiniones o formas constitucionales. Lo que ocurre es que se está destruyendo de manera monstruosa la vida de niños inocentes. Esto condiciona seriamente la valoración de las consecuencias que pudieran derivarse de evitarlo (¿es claro que sean realmente más graves?). Además, según enseño la Santa Sede, no es aplicable al caso el criterio del pluralismo democrático, porque “la vida de un niño prevalece sobre todas las opiniones; no se puede invocar la libertad de pensamiento para arrebatársela”. No se puede invocar ningún concepto de tratadistas constitucionales. Si una ley ataca esa vida, un Rey constitucional no puede olvidar que la ley existe con su sanción y sin ella no.

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Como era de esperar, la llegada de miles de presbíteros anglicanos casados a la Iglesia Católica, donde serán ordenados para poder ser curas católicos, está provocando reacciones un tanto airadas de aquellos sacerdotes católicos que decidieron quebrantar el celibato para poder casarse, lo cual les llevó a ser apartados del ministerio sacerdotal. Alguno asegura que se produce un agravio comparativo. ¿Por qué los anglocatólicos podrán ser sacerdotes y tener familia mientras que a nosotros no se nos deja ejercer?

No sé cuál será la respuesta que desde Roma se dé a esa pregunta. Yo respondería que hay una razón de peso: los anglicanos se hicieron presbíteros en una tradición eclesial donde no existe el celibato obligatorio, mientras que los sacerdotes católicos de rito latino que se han casado han quebrantado el celibato al que se comprometieron libremente. Por tanto, por mucho que se empeñen, la situación no es la misma. Unos no han roto ningún compromiso, los otros sí.

Es más, yo creo que aunque la Iglesia decidiera suprimir, de ahora en adelante, la obligatoriedad del celibato para poder ser sacerdote católico de rito latino, eso no supone que los que se secularizaron tengan por qué volver a ejercer el sacerdocio. Ellos seguirán siendo aquellos que habiendo aceptado libremente ser célibes rompieron su compromiso con Dios y con la Iglesia. En las iglesias ortodoxas y entre los católicos de rito oriental, todo aquel sacerdote que se compromete a ser célibe, no puede casarse. De hecho, quien entre ellos se ordena presbítero estando soltero, soltero se ha de quedar por vida. Es más, los que se ordenan estando casados, en caso se enviudar no pueden volverse a casar. Espero que ese “mínimo” les sea exigido a los anglocatólicos, que hasta ahora han podido casar a sacerdotes ya “ordenados".

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Sin la menor duda el patio está muy alterado desde que ayer se hizo público que el Papa abre los brazos de la Iglesia Católica a los anglicanos que quiere formar parte de la misma, sin perder por ello todos los rasgos de la tradición religiosa a la que han pertenecido. La alegría de la mayoría de los católicos de bien contrasta con las quejas que ya se están produciendo desde sectores “progre-eclesiales“, que ven con preocupación el hecho de que los anglocatólicos que van a entrar en la Iglesia son ciertamente conservadores en lo moral y en lo litúrgico. No olvidemos, por ejemplo, que la Traditional Anglican Communion se separó de la Comunión Anglicana, entre otras razones, por la aprobación de la ordenación de mujeres como presbíteras en el seno del anglicanismo. No hace falta que expliquemos cómo consideran la cuestión del avance del lobby gay en el anglicanismo esos anglocatólicos que pronto estarán en plena comunión con el resto de católicos. En otras palabras, los futuros católicos procedentes del anglicanismo representan mejor el “ethos” católico que aquellos que estando hoy en el seno de la Iglesia Católica viven apartados de su magisterio.

Existe también una preocupación legítima en algunos católicos que no entienden cómo se puede conjugar bien el hecho de que los anglocatólicos, cuyo rito se puede decir que es latino, van a mantener su tradición de poder ordenar sacerdotes a hombres casados. Eso ya ocurre en los católicos de ritos orientales que están en comunión con el Sucesor de Pedro, pero los anglocatólicos no son orientales sino hijos de una tradición “occidental", por decirlo de alguna manera. Yo creo que lo que se va a producir a partir de ahora es, introducidas las modificaciones necesarias que garanticen la aceptación de todo el corpus doctrinal católico, la asunción del rito anglicano dentro de la Iglesia Católica como “nuevo rito". Debemos esperar a ver cómo soluciona el Papa esa cuestión en la Constitución Apostólica que se nos ha anunciado. Si se me pregunta si creo que este tema va a afectar a la cuestión de la obligatoriedad del celibato para los sacerdotes católicos de rito latino, mi respuesta es que a corto y medio plazo no afectará pero que, en todo caso, y aun siendo yo partidario de que las cosas se queden como están, tampoco supondría ningún drama que afectara.

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La Tarraconense ha publicado una nota en la que se afirma que el documento “Consideraciones sobre el embrión humano” del Insituto Instituto Borja de Bioética no es conforme a la doctrina católica. Pero cualquier fiel mínimamente formado sabe que si un documento se muestra favorable, con matices, a la futura ley del aborto, el mismo no puede pasar el filtro de la doctrina (no fe) de la Iglesia.

El problema es que el Instituto Borja de Bioética sigue siendo dirigido hoy por los mismos que publicaron ese documento, a saber, sacerdotes religiosos que viven en sus diócesis. ¿Piensan ustedes hacer algo respecto a ellos, exigiéndoles alguna retractación pública, reclamando a sus superiores, o denunciándolos a la comisión episcopal de los religiosos o a la de la doctrina de la fe? Como pueden figurarse, esto es lo que esperan de ustedes los fieles católicos escandalizados tan gravemente por el documento del Instituto.

Bien saben ustedes que no basta con señalar la verdad. Hay que erradicar el error, porque de lo contrario, muchos fieles débiles en la fe pensarán que esto es una cuestión de opiniones. Que ustedes opinan que el documento está mal, pero que al fin y al cabo no debe ser algo tan importante opinar lo contrario, ya que sus autores siguen tan felices como sacerdotes y religiosos, y continuan adelante en el IBB, a pesar de que lleven años mostrando que están apartados de la doctrina de la Iglesia en todo lo relacionado con la bioética.

También saben ustedes muy bien que en Roma ha causado impacto lo ocurrido con el “escándalo del IBB". Sospecho que desde la Santa Sede se esperaba algo más que una simple nota para señalar lo obvio. Si esos religiosos no estuvieran celebrando misas en sus diócesis, poco más podrían hacer. Pero no es fácil entender que algunos obispos en el mundo nieguen la comunión a los políticos católicos que se muestran favorables a la legislación pro-abortiva y en cambio otros permitan que esos sacerdotes celebran en sus diócesis la Santa Misa, a pesar de enseñar en abierta oposición al magisterio apostólico.

Creo que hablo en nombre de muchos al decir que esa Nota no nos basta. Que mientras los religiosos del IBB no se retracten en forma pública de las barbaridades que públicamente han afirmado y se comprometan a no volver a publicar nada que contradiga el Magisterio de la Iglesia, el escándalo en modo alguno se habrá superado. Y si ustedes no pueden o no estiman conveniente ir más allá, les rogamos que remitan el caso a la Santa Sede. Pero esto no puede quedar así.

Luis Fernando Pérez