El obispo de Ciudad Real, monseñor Antonio Algora, ha puesto de los nervios a los socialistas al acusar de indecentes los privilegios económicos de diputados y senadores, que como todo el mundo sabe, y al que no lo sepa se lo explico, basta con que estén siete años en sus respectivos escaños para tener derecho a la pensión máxima que da el Estado. Es decir, mientras que el resto de los ciudadanos de este país tiene que trabajar prácticamente toda la vida para obtener una pensión que en ocasiones es ridícula, nuestros máximos representantes políticos sólo tienen que aguantar dos legislaturas en sus respectivos puestos para poder retirarse con un sueldazo de pensión que ya quisieran para sí la mayor parte de los españoles.

Y claro, ahora que, en medio de la crisis, nos amenazan con retrasar la edad de jubilación o con que el cálcudo el monto total de nuestra pensión se hará con la media de los últimos 25 años de cotización (y no de los 15 actuales), que esa clase política se niegue a discutir siquiera sus privilegios, es una sinvergonzonería digna de ser denunciada. Que lo haga un obispo me parece no sólo fabuloso, sino digno de ser elogiado e imitado por el resto de obispos.

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La noticia es de las que pone los pelos de punta a los que creemos que la mayor lacra en la historia de la humanidad es el aborto:

El pleno del Parlamento Europeo (PE) reclamó ayer que se garantice a las mujeres “un acceso fácil a la anticoncepción y el aborto” con el fin de que tengan “el control sobre sus derechos sexuales y reproductivos". La petición de los eurodiputados está recogida en un informe sobre la igualdad de sexos aprobado hoy con 381 votos a favor, 253 en contra y 31 abstenciones.

Ante un hecho así, la Iglesia puede tomar varias actitudes:

1- Mirar para otro lado y no darse por enterada.

2- Emitir una nota de queja diciendo que así nos va a ir muy mal y que tal, que cual, que si esto y que si aquello.

3- Condenar abiertamente al Parlamento europeo, acusándole de complicidad con el genocidio y de tener una catadura moral no superior a la de los nazis y los dictadores comunistas.

Creo que el primer punto debe ser descartado. En los próximos días habrá algún tipo de comunicación de la Santa Sede en relación con esta proposición aprobada por el parlamento europeo. Una proposición, dicho sea de paso, que no tiene ningún efecto “real", pues no deja de ser una declaración de intenciones. Lo cual no disminuye en nada su gravedad. Si ese parlamento tuviera capacidad real de imponer el aborto libre en los países europeos donde todavía no es legal, nadie dude que lo haría.

Me temo que tampoco asistiremos a lo que describo en el punto 3. A día de hoy todavía no se ha producido un enfrentamiento abierto, duro, frontal y descarnado entre la Iglesia y el sistema político que alienta la ejecución de millones de inocentes en el seno materno. A pesar de las críticas, se mantienen las formas. El problema es cuando la moderación en las formas sirven para aguar el fondo. Si seguimos el ejemplo del Señor, vemos que ante asuntos muy importantes, el “perder las formas” es una manera eficaz de transmitir un mensaje claro e inolvidable. Si el Señor usó el látigo y la voz para desmontar el negocio de los cambistas en el Templo, no veo por qué la Iglesia no puede usar su voz como un látigo que busque derribar el negocio de la cultura de la muerte en las instituciones que representan a los pueblos.

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El gobierno sandinista de Nicaragua está dando una lección al mundo entero al no ceder a las presiones intolerables de la Onu y de grupos pro-abortistas como Amnistía Internacional. La ministra de gobernación, Ana Isabel Morales, ha dado una razón bien simple para seguir manteniendo una legislación que impide todo tipo de abortos: “La mayoría de los ciudadanos nicaragüenses consideran que es importante el derecho a la vida del no nato, que es también un ser humano con goce del derecho a la vida“. Y poco más hay que decir. Quien no ha nacido tiene tanto derecho a nacer como el resto de seres humanos que pueblan el planeta.

Ciertamente, doña Ana Isabel se aparta de la moral católica al decir que la natalidad debe de regularse “a través del uso de los métodos anticonceptivos“, pero supongo que sería pedir demasiado que una ministra sandinista se convierta en portavoz de la moral católica en esta materia.

Como cabía esperar, los pro-abortistas han exhibido toda su panoplia de argumentos favorables a la ejecución de seres humanos en el seno materno. Insisten en presentar la cuestión como un derecho de la mujer, sin responder a lo que la dirigente nicaraguense plantea sobre la dignidad del no nacido. Eso hace que el debate se convierta en un diálogo de sordos. Una de las partes se niega a aceptar un hecho que no admite duda: las embarazadas no tienen dentro un pedazo de carne, sino un ser vivo con adn propio -su propio hijo-, miembro de la especie humana como su madre.

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Ignacio Arsuaga ha anunciado la suspensión de la campaña “Referendum Vida Sí” en una carta abierta dirigida a Juan Manuel de Prada, que ayer mismo se pronunciaba en contra de dicha iniciativa desde su columna en el Abc.

No es necesario entrar de nuevo en los argumentos a favor o en contra del referéndum de marras. Pero hay una cosa clara: la iniciativa estaba dividiendo, y no poco, a los movimientos cívicos y las personas favorables a la vida. En ese sentido, incluso desde el punto de vista de los favorables a esa campaña, lo más sensato era retirarla. Hacerlo no implica asumir los argumentos de los que nos oponíamos a la petición de celebrar un referéndum de ese cariz. A menos que él diga lo contrario, estoy convencido de que Arsuaga sigue pensando que es una buena idea. Y tiene perfecto derecho a ello. Pero por ello mismo, tiene más mérito la suspensión de la campaña. Por encima de las posturas particulares está la unidad de acción ante la lacra de la cultura de la muerte.

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Benedicto XVI ha vuelto a referirse ayer al escándalo de los sacerdotes que han cometido abusos sexuales con niños y adolescentes. Hasta ayer, no recuerdo que ningún obispo o cardenal hubiera hecho referencia a las palabras de Cristo en Mateo 18,6: “Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos, y le hundan en lo profundo del mar“.

Hemos leído lo de la aplicación de la tolerencia cero con los pederastas. Pues bien, sin llegar a la pena de muerte -eso implica hundir a alguien en el mar con una piedra de molino al cuello- yo propondría ir más allá, implementando las siguientes medidas, sobre todo para los casos en los que las víctimas son menores de 14 años (donde no hay consentimiento posible):

1. Excomunión de los pederastas, no revocable a menos que el sujeto esté en peligro de muerte y haya demostrado claramente su arrepentimiento, siguiendo así la disciplina severa de los primeros siglos de la Iglesia.

2. Excomunión de cualquier obispo que tolere, proteja o encubra a un sacerdote pederasta. Lo de las dimisiones, ni siquiera destituciones, suena a coña marinera. El pastor que ha permitido que los lobos se ceben con sus ovejas más pequeñas no sólo no tiene lugar como pastor en la Iglesia. Tampoco debe tenerlo como fiel.

3. Excomunión de cualquier superior de orden religiosa por las mismas razones que el punto 2.

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