El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha vuelto sobre sus pasos y ha dictaminado que la presencia de un crucifijo en una clase no supone discriminación alguna para los no católicos. Digo no católicos en vez de no cristianos, porque los protestantes no quieren crucifijos sino cruces. Su iconoclasmo les impide aceptar la presencia de la imagen del Señor crucificado.

Dice el tribunal que “un crucifijo colgado de una pared es un símbolo esencialmente pasivo, cuya influencia sobre los alumnos no puede ser comparada a un discurso didáctico o a la participación en actividades religiosas“. Con esa frase casi matan dos pájaros de un tiro. Primero, porque se acepta la presencia del crucifijo. Segundo, porque advierten que los discursos didácticos sí que ejercen una influencia importante sobre los alumnos. Y eso me lleva a pensar que la asignatura de EpC, tal y como está planteada, puede recibir un palo importante desde Estrasburgo. Porque nadie negará que dicha asignatura busca inculcar una serie de valores en el alumnado que en ocasiones chocan con la cosmovisión cristiana. Es decir, si yo fuera Zapatero, estaría preocupado. Y si estuviera entre los padres que han llevado su derecho a objetar ante dicho tribunal, tendría motivos para ser optimista.

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Los rojos anticlericales están en plena campaña contra la presencia de capillas católicas en las universidades públicas. Han llegado a boicotear el acceso a algunas de esas capillas y hace unos días se produjo una clara profanación cuando unas desvergonazadas se desnudaron ante el altar de la capilla de Somosaguas. Es de suponer que haría algo parecido en caso de que fueran capillas evangélicas u ortodoxas. No está tan claro que su laicismo les llevara a tener la valentía necesaria para montar un numerito en caso de que el centro de oración perteneciera a la comunidad musulmana. Pero dado que en España todavía no exite una comunidad musulmana universitaria importante, parece que no tendremos oportunidad de comprobar la coherencia de esa gente.

El argumento de esos totalitarios suele ser siempre el mismo. España… ah, no, que ese nombre les produce urticaria…, perdón. Dicen que el estado español es laico y por tanto no hay lugar para capillas religiosas en las universidades públicas. Pues bien, ni lo uno ni lo otro.

La Constitución española dice que este país es aconfesional, pero al mismo tiempo asegura que el estado debe tener en cuanta las creencias religiosas de los españoles, colaborar con las confesiones religiosas y, de forma explícita, con la Iglesia Católica. Les podrá gustar más o menos, pero así dice el artículo 16 de nuestra Carta Magna:

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

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No sé quién será el máximo responsable de la campaña de la CEE con motivo de la próxima Jornada por la Vida, pero sea quien sea, quiero felicitarle efusivamente. El vídeo principal es sencillamente emotivo, impactante y muy útil para el fin que se busca.

Y es que, como dice el lema de la campaña, “Siempre hay una razón para vivir”. Y lo que debemos hacer con aquellas personas que no encuentran su razón para vivir es ayudarles a buscarla, no a morir.

La Iglesia, aunque sabe bien que el fin óptimo para todo hombre es alcanzar la vida eterna que nos da por gracia Cristo, se ha convertido en la principal defensora del derecho a la vida terrenal. Es ella la que más hace por defender a la cultura de la vida de los ataques brutales de los que están al frente de la cultura de la muerte, con abortos y eutanasias.

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El cardenal Sistach se ha dado prisa en esta ocasión. Seguramente apremiado por Roma -¿por qué no hizo esto hace tres años?-, ha decidido abrir proceso canónico en el caso del P. Manel Pousa, que ha ratificado en un libro lo que dijo en 2008 al Periódico de Catalunya. A saber, que ha pagado al menos un aborto. Y sí, vuelvo a decir “al menos un aborto” porque lo primero que declaró al periódico era que había pagado ABORTOS. O sea, plural. En todo caso, basta con que haya pagado uno para que recaiga sobre él la pena de excomunión.

El proceso que ahora se abre es sólo por ese delito. En la nota de la archidiócesis de Barcelona no se dice nada de las otras declaraciones del P. Pousa. Su heterodoxia es patente. Por ejemplo, reconoció haber celebrado ceremonias religiosas entre parejas homosexuales. ¿Acaso tal hecho no ha de ser objeto de investigación y posible sanción?

Dice el arzobispado catalán que las diligencias abiertas “no impiden reconocer el trabajo social que desde hace muchos años está realizando este sacerdote al servicio de los grupos más necesitados de nuestra sociedad“. O sea, algo así como “la ley canónica lo mismo nos obliga a excomulgarle pero es un buen chico“.

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Parece evidente que la diócesis mexicana de Saltillo tiene la desgracia de contar como obispo con un dominico que no tiene el menor interés en ser fiel a la doctrina católica sobre la homosexualidad. La noticia que ha dado hoy Aciprensa, y que recogemos nosotros, debería de conllevar la actuación inmediata de la Santa Sede para poner fin a un escándalo que puede afectar, y más de lo que se puedan pensar, a multitud de fieles, que no podríamos entender que se consienta a un obispo hacer de su capa un sayo. Porque no me negarán ustedes que ver a un obispo católico apoyando al lobby gay es un escándalo.

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