Pablo VI y el régimen de Franco (I)

LOS ANTECEDENTES

En 1996, el diario español “El País” publicaba, con mayor o menor precisión histórica, que cuando Franco se negó a indultar en 1975 a cinco condenados a muerte, el Papa Pablo VI ordenó a sus prelados cortar con “un Gobierno cuyas manos chorrean sangre“, según el diario de Gian Franco Pompei, embajador italiano ante la Santa Sede de 1969 a 1977. Pompei falleció en 1989, pero confió a su amigo Pietro Scoppola la publicación del diario que cubre el periodo de su gestión, unos, años caracterizados por las tensiones entre la Iglesia y el régimen franquista.

Siguiendo la noticia, en su libro “Un embajador en Vaticano“, Pompei narraba las explicaciones que le dio monseñor Giovanni Benelli, adjunto a la secretaría de Estado vaticana, sobre el último intento del Papa para detener las ejecuciones y el disgusto que le ocasionó. El enviado de Pablo VI, monseñor Dante Pasquienelli, fue recibido por el presidente Carlos Arias Navarro el 26 de septiembre, víspera de las ejecuciones. “Con esa intervención“, le dijo Benelli, “el Papa se ponía de rodillas ante Franco para implorar la gracia” en su nombre. Según Pompei, los prelados recibieron la orden de no asistir a una recepción prevista para el 28 de septiembre en la embajada de España.

Se trataba del último desencuentro entre el régimen de Franco y Pablo VI, pero la cosa había empezado años antes, cuando el Pontífice era todavía Cardenal, para continuar a lo largo de los años. De modo rápido lo explica José André Gallego en su libro “La época de Franco”: “La petición de gracia del entonces Cardenal Montini para unos anarquistas condenados a muerte anticipó las difíciles relaciones entre Franco y Montini, después que éste fuera elegido Papa. La negativa de Franco a renunciar al anacrónico derecho de presentación fue sólo parte del conflicto, en cuyo fondo estaba el contraste entre la Iglesia del Segundo Concilio Vaticano, que Pablo VI había llevado a puerto, y el régimen de Franco”. Los anarquistas a los que se refiere el autor son Grinau, ejecutado el 20 de abril de 1963 y Granados y Salgado, ejecutados el 17 de agosto. El entonces Arzobispo de Milán, Montini (que en la segunda ejecución ya era Papa, junto a otras significadas personalidades, pidieron clemencia, que le fue negada por Franco. Es más, de modo más o menos espontáneo, desfilaron derechistas por las calles de Madrid gritando “Franco sí, Montini no”.

En realidad, se ha señalado que las dificultades entre el régimen del general Franco y la Santa Sede habían empezado ya durante la misma guerra civil. En otro artículo hemos señalado como, en un principio, el gobierno de Burgos había sido recibido en Roma con mucha cautela, rayana en la frialdad. Con el tiempo, si bien se fue aclarando la buena voluntad de dicho gobierno para con la Iglesia, no faltaron los desencuentros. Los recuerda Antonio Marquina Barrio en un artículo sobre el Concordato del 1953:

“La guerra civil española había supuesto la cristalización de las posiciones de ambas partes. La tirantez mantenida por la tardanza en el reconocimiento del bando nacional, a pesar de la tremenda persecución religiosa en la zona republicana, los planteamientos expeditivos del bando nacional en algunas cuestiones, como fue forzar el abandono del obispo de Vitoria de su diócesis, o, posteriormente, las dificultades puestas a la vuelta a España del cardenal Vidal y Barraquer, la inhibición de la Santa Sede ante la alianza del Patido Nacionalista Vasco con el Frente Popular que perseguía con enorme saña todo lo religioso católico, los intentos de mediación de la Santa Sede, acogidos en Salamanca y luego en Burgos, como intentos de legitimar y favorecer al Partido Nacionalista Vasco y al bando republicano, los contactos de la Santa Sede con la zona republicana y la negativa de la Secretaría de Estado vaticana al reconocimiento de la pervivencia del concordato de 1851, tal como pretendió la diplomacia del general Franco a partir de la llegada a Roma de Yanguas Messía como encargado de negocios ante la Santa Sede, todo ello supuso la apertura de una gran sima de desconfianza en el bando del general Franco.”

Cuando en 1963 Juan Bautista Montini se convirtió en el Papa Pablo VI, no había transcurrido todavía un cuarto de siglo desde la terminación de la Guerra Civil española y sus consecuencias seguían gravitando sobre la vida de la Iglesia, que convivía en buena armonía con el Régimen político instaurado a raíz de la victoria de los «nacionales», sus defensores en horas de durísima prueba. El Estado español surgido de la Guerra Civil era confesionalmente católico y así lo reconoció el Concordato suscrito entre la Santa Sede y España el 27 de agosto de 1953.

El intento del Régimen de Franco en este asunto no era nuevo, se arrastraba desde el fin de la Guerra Civil Española, pero fue solamente el 25 de agosto de 1953 cuando Alberto Martín Artajo, en nombre de Franco, y Domenico Tardini, en el de Pío XII, firmaban un concordato que se había hecho esperar muchos años. Cuando, el 30 de octubre, Franco lo presentaba en las Cortes para su ratificación, dijo que si había tardado tanto no había sido por desavenencias, sino porque él no había querido comprometer a la Iglesia ante “la torpe conjura internacional contra nuestra patria”, aunque en realidad fue el Vaticano, que notaba el peso de sus anteriores Concordatos con Mussolini con los Pactos de Letrán y con Hitler con el Concordato imperial, quien se había mostrado reticente durante años.

Este documento anunciaba en el preámbulo que tenía como objetivo regular las relaciones entre las dos partes contratantes “en conformidad con la ley de Dios y la tradición de la nación española“; y en el artículo 1 declaraba que la Religión católica “seguía siendo la única de la Nación española”. Por otro lado, en el Concordato se completó la restauración de los privilegios del Clero, que habían sido eliminados en una parte en políticas liberales. La Iglesia estaba exenta de toda censura en su literatura, y sus grupos de Acción Católica podrían ejercer en el territorio español libremente. Asimismo, aseguraba la independencia de la Iglesia y garantizaba el aspecto jurídico de la misma. También se confirió el derecho de presentar los Obispos por parte del Jefe del Estado, y la validez del Matrimonio Canónico.

Pero -nos recuerda Marquina Barrio- un nuevo nuncio, monseñor Antoniutti, venido a España en diciembre de 1953, afirma en sus Memorias que el Concordato “reflejaba una mentalidad y un modo de hacer las cosas que iban a ser superadas a corto plazo”. En efecto, el 9 de octubre de 1958 moría Pío XII, sucediéndole como Papa Juan XXIII. El 25 de enero de 1959 el Papa anunciaba su intención de convocar un concilio donde el episcopado español quedó en evidencia por su inadecuación a los tiempos y las corrientes teológicas más encarnadas en la realidad de los profundos cambios sociales que se estaban produciendo en el mundo, y en el que se aprobó la declaración sobre libertad religiosa, tema que tantas amarguras e incompresiones costó al ministro Castiella6 y el decreto sobre el oficio pastoral de los obispos, en donde se solicitaba de los Estados que todavía lo tuviesen, la renuncia al privilegio de presentación de obispos. El Concordato de 1953 había sido tocado de lleno en su línea de flotación.

De ello era consciente el general Franco al responder a la carta de Pablo VI, de 29 de abril de 1968, quien pedía la renuncia al privilegio de presentación “antes de una posible revisión del Concordato”. Franco señaló que el derecho de presentación “fue modificado en su esencia por el convenio de 1941, al transformarse en un verdadero sistema de negociación”. Franco admitía, en principio, una revisión global que, teniendo en cuenta los precedentes, era lo justo. Pero, de hecho, nunca renunció a este privilegio tan duramente conseguido y conservado de facto hasta su muerte.(Continuará)