Memoria histórica: El anticlericalismo de la 2ª República española (I)

DESDE EL PRIMER MOMENTO LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA MOSTRÓ A LAS CLARAS SU ANTICLERICALISMO.
PRIMER PERIODO: DE ABRIL DE 1931 A OCTUBRE DE 1933

Todas las actividades anticlericales y de persecución más o menos declarada contra la Iglesia se desataron con toda virulencia al llegar la República el 14 de abril de 1931. A pesar de lo que algunos historiadores hoy quieren hacernos creer, presentando la barbarie contra la Iglesia como consecuencia inevitable de la guerra civil, la verdad es que ya desde 1931 el Gobierno se mostró claramente contrario a la Iglesia, dictando leyes abiertamente persecutorias. Y todo comenzó desde el mismo principio del nuevo régimen: la República se instauró sin resistencia alguna por parte de la Iglesia y sin embargo, como veremos más abajo, nada más proclamada la República, fueron quemadas 200 iglesias en Madrid y fuera de Madrid, sin que el Gobierno hiciera nada para impedirlo.

Y también ya desde el primer momento comenzaron las acciones y las leyes del gobierno contrarias a la Iglesia: El 5 de mayo de 1931 fue expulsado de España el obispo de Vitoria, Mateo Múgica; el 15 de junio de 1931 fue expulsado igualmente el cardenal Segura, arzobispo de Toledo, Primado de España. El 28 de junio de 1931 hubo elecciones a Diputados para las Cortes constituyentes, alcanzando la mayoría los de izquierdas, extremistas y masones; poco después, el 14 de octubre de 1931: Aprobación del artículo 26 de la Constitución que sometía al Estado todas las confesiones religiosas y disolvía las Ordenes Religiosas; el 9 de diciembre de 1931: las Cortes aprueban la nueva Constitución de abierto carácter laico y antirreligioso; el 16 de enero de 1932: Orden del Director General de Primera Enseñanza obligando a los Maestros Nacionales a retirar de las Escuelas todo signo religioso, suprimiendo los Crucifijos; el 24 de enero de 1932: Decreto de disolución de la Compañía de Jesús y apropiación de sus bienes; el 17 de mayo de 1933: el Parlamento, casi por unanimidad, aprueba la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. El periodo concluye el 19 de noviembre de 1933, con las elecciones a Cortes ordinarias.

Fijémonos en algunos de los hechos más destacados de este período: Antes de un mes de la instauración de la República, en Madrid, el lunes 11 de mayo de 1931, por la mañana, ardieron el convento de Jesuitas y su iglesia, la iglesia de Santa Teresa, el colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el convento de las Mercedarias de San Fernando, la iglesia parroquial de Bellas Vistas, el colegio de María Auxiliadora. Y por la tarde ardió el Instituto Católico de Artes e Industrias. Todo esto, como se puede imaginar, con la total pasividad del Gobierno. Y no sólo en Madrid. En Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia, Alicante, y en muchos pueblos se incendiaron iglesias y conventos. Particularmente grave fue el caso de Málaga donde ardieron 22 conventos e iglesias. El Gobernador militar tuvo la desfachatez de enviar al Ministerio de la Gobernación un telegrama en el que decía: “Ha comenzado el incendio de iglesias. Mañana continuará” (Cfr. J. ARRARÁS, Historia de la segunda república española, Madrid 1969, I, p. 116).

El artículo 26 de la Constitución, antes artículo 24 del Pro¬yecto, había sido redactado por el socialista Luis Jiménez de Asúa, profesor de derecho penal, en los siguientes términos: “Todas las confesiones serán consideradas como asociaciones sometidas a las leyes generales del país. El Estado no podrá, en ningún caso, sostener, favorecer ni auxiliar económicamente a las Iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. El Estado disolverá todas las Órdenes Religiosas y nacionalizará sus bienes” (J. ARRARÁS, oc., p. 192).

Su discusión comenzó el 8 de octubre de 1931 y se prolongó hasta el 24. La minoría radical propuso un nuevo texto en el que se sacrificaba a los jesuitas para que las demás congregaciones religiosas pudieran continuar su labor en el país. El texto decía: “Serán disueltas las órdenes Religiosas que, además de los tres votos canónicos, hayan emitido voto de obediencia a otra autoridad que no sea la legitima del Estado”. Fue decisivo el discurso de Azaña el cual hizo posible reenviar la eventual disolución de todas las órdenes religiosas a una ley especial. La República que se estaba creando era incompatible con la existencia de las Ordenes Religiosas. Estas eran consideradas un peligro para la existencia misma de la República.

El impacto producido -escribe Cárcel Ortí- ante la opinión católica fue tremendo, porque el citado artículo 26, pese a las modificaciones que logró introducir Azaña, fue un ataque abierto contra la misma Iglesia, que tuvo muy pronto consecuencias graves por el progresivo deterioro de las correctas relaciones hasta entonces existentes entre la Iglesia y el Estado (V. CÁRCEL ORTÍ, Mártires españoles del siglo XX, p. 59). La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, aprobada por las Cortes el 17 de mayo de 1933 fue publicada en la Gaceta el 3 de junio. Esta Ley fue considerada por sus autores como la obra maestra de la República. Escribía El Liberal, propiedad de Indalecio Prieto, socialista: “La ley de Congregaciones Religiosas es la obra maestra de la República, y habrá que ir pronto al cierre de todos los colegios de religiosos”.

El Episcopado español en la Declaración colectiva de los Metropolitanos españoles del 25 de mayo de 1933, expresó claramente el juicio que le merecía la ley. De esta Declaración son los párrafos que siguen: “Inmerecido es el trato durísimo que se da a la Iglesia de España. Se la considera no como persona moral y jurídica, reconocida y respetada debidamente dentro de la legalidad constituida, sino como un peligro, cuya comprensión y desarraigo se intentan con normas y urgencias de orden público. Una nueva lesión a la práctica libre de la religión, garantizada plenamente en los países más civilizados, es de ver en la restricción del ejercicio del culto en el interior de los templos y en la sujeción, en cada caso de las manifestaciones externas del mismo a la especial autorización gubernativa de la cual un criterio hostil no quiso eximir siquiera la administración de auxilios espirituales a los enfermos y la misma conducción y sepelio cultuales de cadáveres, como si no fuera ya bastante opresiva para la libertad del creyente la impuesta y burocráticamente reglamentada declaración explícita de su voluntad de enterramiento religioso” (Documentos colectivos del Episcopado Español 1870-1974, pp. 189-219).

A1 día siguiente de la promulgación de la ley, 3 de junio de 1933, el Papa Pio XI publicaba su Carta Encíclica Dilectissima Nobis dirigida a los Obispos, sacerdotes y pueblo español en la que pueden leerse los siguientes juicios sobre la misma ley: “Nos ha causado profunda extrañeza y vivo pesar el saber que algunos, como para justificar los inicuos procedimientos contra la Iglesia, hayan aducido públicamente como razón la necesidad de defender la nueva República. Tan evidente aparece, por lo dicho, la inconsistencia del motivo aducido, que da derecho a atribuir la persecución movida contra la Iglesia en España, más que a incomprensión de la fe católica y de sus benéficas instituciones, al odio que contra el Señor y contra su Cristo fomentan sectas subversivas de todo orden religioso y social, como por desgracia vemos que sucede en Méjico y en Rusia.
Más manifiesta es aún la contradicción en lo que mira a la propiedad. Pues aún en este punto se ha querido crear una excepción en daño de la Iglesia Católica, despojándola con patente injusticia de todos sus bienes (…) También a las congregaciones Religiosas se las trata con esta ley nefasta de un modo inhumano. Pues se arroja sobre ellas la injuriosa sospecha de que puedan ejercer una actividad política peligrosa para la seguridad del Estado, y con esto se estimulan las pasiones hostiles de la plebe a toda suerte de denuncias y persecuciones; via fácil y expedita para perseguirlas de nuevo con odiosas vejaciones.
… Después de haberlas privado del derecho de enseñar y de ejercitar toda clase de actividad con que puedan honestamente sustentarse, se las somete a las leyes tributarias, en la seguridad de que no podrán soportar el pago de los impuestos; nueva manera solapada de hacerles imposible la existencia. Frente a una ley tan lesiva de los derechos y libertades eclesiásticas, derechos que debemos defender y conservar en toda su integridad, creemos ser deber preciso de Nuestro Apostólico Ministerio reprobarla y condenarla” (AAS 25 (1933), pp. 275-287.)

Resulta claro que tal ley no era una ley para regular la vida de la Iglesia y de las Congregaciones, sino para extinguirlas. Se quería acabar con la Iglesia y las Congregaciones Religiosas por medio de una serie de leyes que hicieran prácticamente imposible su vida. Es verdad que no se intentó directamente la supre¬ión violenta de las mismas.
Se ve por tanto q ue la persecución contr al Iglesia en España, que con el pasar de los años y le permisividad de los diversos gobiernos republicanos se irá haciendo cada vez más violenta, hay que verla y juzgarla no en los ejecutores de la misma, gente ignorante, sino en los que propusieron a la Iglesia como digna de muerte y trataron de darle muerte con leyes. Sobre todo porque estos legisladores, perseguidores a muerte de la Iglesia con leyes, no defendieron los bienes de la Iglesia y las vidas de sus ministros, cuando estaban todavía en el Gobierno. Todos los atentados contra sacerdotes y templos quedaron impunes. Prueba evidente de que tales desmanes no eran ajenos a la voluntad de la clase dirigente.

El 10 de octubre de 1933 fueron disueltas las Cortes Constituyentes. El 19 de noviembre se celebraron elecciones a Cortes Ordinarias. Y el 8 de diciembre, tras la apertura de las Cortes hubo un intento fracasado de revolución anarcosindicalista para implantar el comunismo que comenzó por Aragón y siguió por La Rioja y varias provincias de Andalucía, Galicia y Valencia 13. (Continuará)