Sobre la Iglesia y el Estado

El hecho religioso es una realidad inherente al hombre, lo queramos o no, la naturaleza humana jamás puede ser ajena a la religión. Tanto el que es apático y practica el agnosticismo, como quien es ateo o profesa con fe un Credo, todos se sitúan en una postura muy concreta y diferenciada. La cual parte por igual de un análisis personal al que se ha llegado presumiblemente a través la razón o del Don de la fe.

Si extrapolamos esto a nivel social y político, cuando un gobierno adopta una postura aconfesional o apática frente al hecho religioso, no está tomando una postura propiamente imparcial en la materia –porque es imposible- sino que se significa y posiciona tanto como lo haría cualquier Estado confesional religioso, pero profesando en este caso el agnosticismo oficial.

Hay quien acepta - por pura lógica- la primera afirmación. Pero desde posturas generalmente liberales, creen que solamente concerniría a las personas en su dimensión individual. Cabe recordar entonces la gran Encíclica Immortale Dei del Papa León XIII -que trata precisamente la concepción católica del Estado- cuando nos dice que en el ámbito público “la sociedad no está menos obligada que los particulares a dar gracias a Dios, a quien debe su existencia, su conservación y la ínnumerable abundancia de sus bienes.”

Es indiscutible que la Iglesia tiene potestad en aquello que concierne a lo espiritual, y el Estado en lo humano y administrativo, de allí esa diferenciación clara e indiscutible entre la Iglesia y el Estado. Pero a nadie se le escapa que quienes son parte afectada de ambos poderes son los mismos, las personas que conforman la sociedad. Y que sobre ellos recaen las directrices tanto de uno como de otro. Por lo tanto si desde competencias diferentes se entrase en contradicción, la sociedad generaría un conflicto pernicioso que pudiera llegar a ser destructivo, tanto para la Iglesia como para el Estado.

Aunque a veces seamos nosotros mismos los que nos negamos a aceptarlo, vivimos en una sociedad intrínsecamente cristiana. Le pese a quien le pese, y a quienes llevan mucho tiempo intentando que no sea así, el arraigo profundo del catolicismo permanece vivo en España. Raro es quien no solicita recibir los sacramentos antes de su muerte, excepcional es la familia que no da a sus miembros una cristiana sepultura. Existe toda una cultura y una nación que se ha edificado sobre ello, y en la que subyacen los principios católicos que han forjado nuestro desarrollo en todos los sentidos. ¿Puede obviar esto el Estado?

La posición agnóstica del Estado no reconoce la existencia de Dios. Por lo tanto deja de someterse a cualquier realidad trascendental o simplemente natural que le precede. Su poder no se somete al equilibrio que le aporta el reconocimiento de la revelación de un orden natural, cuyo fin último nos dice la fe que es Dios. Sino que el único sometimiento aceptado es el de la mayoría (cuando conviene), elevando al nivel último el criterio puntual de una masa, con el peligro de manipulación que ello conlleva. Cabe entonces -desde una perspectiva católica- volver a recordar a León XIII en la misma Encíclica anteriormente citada cuando dice: “En la esfera política y civil, las leyes deben ordenarse al bien común, y no son dictadas por el voto y los juicio falaces de la muchedumbre, sino por la verdad y la justicia.”

Confunde la forma contemporánea de concebir el Estado su fin con su origen, y somete a su arbitrio -reduciendo a una realidad asociativa (que quieren cada vez con menor fuerza)- a la Iglesia instituida por el mismo Jesús. Olvida entonces que el fin último para los hombres que conforman su pueblo es la felicidad (en un sentido profundo), la cual no puede ser completa sino se llena el plano espiritual y religioso conociendo a Dios y caminando hacia la salviación.

Quienes dicen que solamente los que elevan al máximo grado el juicio puntual de un pueblo frente al orden natural o la Ley de Dios son demócratas, no hacen más que utilizar reiteradamente una gran falacia. Citando de nuevo Immortale Dei leemos que “no es censurable que el pueblo tenga una mayor o menor participación en el gobierno, participación que, en ciertas ocasiones y dentro de una legislación determinada, puede no sólo ser provechosa, sino incluso obligatoria para los ciudadanos.”

Evidentemente la participación ciudadana, pese a estar por debajo del orden natural, es necesaria y fundamental para el desarrollo de una sociedad, y a través de ella se canalizan las inquietudes y necesidades de un pueblo.

De esta participación ciudadana nace la obligación de los católicos de serlo en una dimensión pública y social, y de implicarse en el bien común como concepto y actitud cristiana que dilucidó Santo Tomás de Aquino. Así podemos concluir citando por última vez esta gran Encíclica Immortale Dei, que debiera inspirar mucho más la Doctrina Social que ponemos en práctica hoy los católicos, recordando que “no querer tomar parte alguna en la vida pública sería tan reprensible como no querer prestar ayuda alguna al bien común. Tanto más cuanto que los católicos, en virtud de la misma doctrina que profesan, están obligados en conciencia a cumplir estas obligaciones con toda fidelidad. De lo contrario, si se abstienen políticamente, los asuntos políticos caerán en manos de personas cuya manera de pensar puede ofrecer escasas esperanzas de salvación para el Estado.”

Javier Tebas
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